La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la ponencia sobre el proyecto de Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, que elevará la edad a partir de la que empieza a computarse el plazo de prescripción para los abusos sexuales y otros delitos graves contra la infancia cuando el denunciante cumpla 30 años en lugar de 18, edad que contempla la normativa actual.

La conocida como ‘ley Rhodes’ prohíbe también la contratación de personas con antecedentes relacionados con estos delitos en administraciones o empresas y entidades privadas dedicadas a la atención, formación o cuidado de niños (colegios, guarderías, centros deportivos y de ocio, campamentos, academias…).

El texto final, al que  incorporan 70 enmiendas  a partir de las 576 presentadas por los distintos grupos parlamentarios, muchas propuestas por distintas organizaciones de infancia, cuenta con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Más País y Ciudadanos, entre otros.

No prohibirá finalmente ni el acceso de menores de edad a espectáculos taurinos ni los desahucios de familias con un menor de edad a cargo sin ofrecer soluciones habitacionales alternativas, tal y como pedían ERC, EH Bildu, Unidas Podemos y varios diputados del Grupo Mixto.