Comunicado de UNDETOC

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Desde la expedición de la Ley 2385 de 2024, el sector taurino colombiano ha
participado contrario a su voluntad, pero de buena fe en los espacios de diálogo
convocados por el Gobierno Nacional, con la convicción de que una decisión de tan
profundo impacto sobre miles de trabajadores debía estar acompañada de medidas
serias, responsables y efectivas para proteger a quienes históricamente hemos
encontrado en esta actividad nuestro sustento y el de nuestras familias.

El artículo 4 de la Ley estableció con absoluta claridad que el Gobierno Nacional
debía garantizar programas efectivos de reconversión económica y laboral para las
personas dedicadas a la actividad taurina. Esa fue la promesa que se presentó al
país y la garantía ofrecida a quienes resultarían directamente afectados por la
prohibición.

Hoy, cuando ha transcurrido buena parte del término previsto por la propia Ley,
debemos manifestar con profunda preocupación que esa promesa continúa sin
materializarse.

Como representantes del sector taurino asistimos a las mesas de la Comisión
Interinstitucional y a las diferentes submesas con disposición para construir
soluciones. Presentamos propuestas, formulamos observaciones, solicitamos
información, promovimos el diálogo y participamos convencidos de que estos
escenarios permitirían diseñar una verdadera política de transición para quienes
perderán su fuente de ingresos.

La realidad, sin embargo, ha sido distinta.

Las reuniones no han producido programas concretos de reconversión laboral;
persisten interrogantes sobre la caracterización de la población afectada; continúan
pendientes compromisos adquiridos por las entidades e instituciones del Gobierno
Actual; la información solicitada por el sector no siempre ha sido entregada de
manera oportuna y las decisiones continúan avanzando sin ofrecer respuestas
claras sobre el futuro de miles de familias colombianas.

A esta preocupación se suma la expedición del Decreto 0703 del 7 de julio de 2026,
mediante el cual se reglamentan diversos aspectos relacionados con los eventos
taurinos, imponiendo nuevas condiciones para su desarrollo y regulando actividades
propias y que agudiza todavía más la situación del sector taurino.

Para quienes durante décadas hemos ejercido esta actividad dentro del marco legal
colombiano, la expedición de nuevas regulaciones sin ser socializadas, concertadas
y sin que previamente existan alternativas reales de reconversión económica y
laboral profundiza la incertidumbre y aumenta la preocupación de quienes aún
desconocen cómo reemplazarán sus ingresos con los que han sostenido a sus
hogares durante toda una vida.

De la realización de los espectáculos taurinos dependen: ganaderos, toreros
profesionales, novilleros, rejoneadores, toreros cómicos y acróbatas, banderilleros,
picadores, mozos de espadas, transportadores, veterinarios, artesanos,
trabajadores de plaza, comerciantes y cientos de familias cuyo proyecto de vida
depende directa o indirectamente de esta actividad.

La reconversión laboral no puede ser en un simple requisito formal para justificar la
implementación de una Ley. Debe traducirse en oportunidades ciertas, programas
financiados, rutas claras de transición y acompañamiento efectivo para quienes hoy
enfrentamos el impacto económico y social de una decisión arbitraria promovida y
adoptada por el actual Gobierno.

Insistimos en la necesidad de fortalecer las garantías de participación. Un proceso
de esta magnitud no puede construirse escuchando únicamente a un número
limitado de representantes cuando son miles las personas afectadas en todo el
territorio nacional. La experiencia, el conocimiento y las propuestas de todos los
actores que integran la actividad taurina deben ser parte fundamental de cualquier
estrategia de reconversión.
Como sector taurino colombiano hemos presentado propuestas para contribuir a la
construcción de soluciones. Esperando que estas sean estudiadas con seriedad y
que el diálogo institucional deje de ser un ejercicio meramente formal para
convertirse en un verdadero mecanismo de construcción conjunta.
No se busca confrontar. Se busca recordar que detrás de cada decisión
administrativa existen personas, familias y proyectos de vida que merecen el mismo
respeto, la misma protección y la misma dignidad que constitucionalmente tenemos
como trabajadores y miembros de un Estado Social de Derecho.

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Seguiremos defendiendo nuestros derechos; a ser libres, a que se derogue una Ley
arbitraria como lo es la 2385 de 2024 y que se nos devuelva nuestra actividad
profesional atreves de los mecanismos constitucionales y legales, actuando siempre
dentro de la institucionalidad. Seguiremos exigiendo que las garantías planteadas
por la Ley 2385 de 2024 se conviertan en hechos concretos y que la reconversión
económica y laboral deje de ser una promesa para convertirse en una realidad para
todos los afectados.

Porque la verdadera justicia social no se mide por los discursos, sino por la forma
en que el Estado protege a quienes resultan afectados por las decisiones del
Gobierno de turno.

Wilson Leandro Segura Ricardo Sarmiento
Presidente UNDETOC Matadores Presidente UNDETOC Subalternos

Nicolas Nossa Mario Villamil
Fundación Sol y Sombra UNCOLMES