La Corte Constitucional del Ecuador, realizó este jueves una audiencia sobre la prohibición de las corridas de toros en Quito, informó el Diario El Comercio.

En la diligencia, que duró cinco horas, se evidenciaron criterios contrapuestos entre abogados de la Procuraduría General del Estado y del Municipio.

La acción es impulsada por la Asociación de Toreros Profesionales del Ecuador, al considerar que la consulta popular de 2011 no tuvo un control constitucional adecuado y restringe los derechos fundamentales de las minorías.

Alí Lozada, uno de los jueces que acompañó a la ponente de esta causa, Carmen Corral, se declaró “perplejo” frente a la postura que tuvieron Camila Trellez y Karola Samaniego, delegadas de la Procuraduría General.

Advertisement Ellas solicitaron que la Corte “realice un control de fondo” sobre dicha prohibición.

Para eso, invocaron a los derechos a la cultura y participación, la seguridad jurídica, el debido proceso y que “se considere a la interculturalidad como parte fundamental del Estado ecuatoriano”.

“Lo que pedimos a la Corte Constitucional del Ecuador, como un ejercicio de tutela oficial efectiva, es que nos de los motivos, las razones si cabe o no la limitación de un derecho y que este fallo nos permita entender cómo se realiza la limitación de los derechos y si son o no válidas las limitaciones inclusive de manifestaciones culturales”, insistió Samaniego.

En cambio, Eduardo Regalado, abogado del Municipio de Quito, demandó a la Corte que desestime y archive las acciones de inconstitucionalidad, que también abarcan a modificaciones en las ordenanzas municipales sobre los espectáculos taurinos.

“Como pretensión, el Municipio de Quito solicita que la Corte declare que en este caso carece de competencia para ejercer el control de constitucionalidad abstracto, material, respecto de los resultados del plebiscito y que las ordenanzas 127 y 11 son constitucionales porque no vulneran ni contravienen ningún derecho”, sostuvo.

Además de activistas y abogados de la Fundación de Protección Animal (PAE) y Diabluma, se presentaron 35 personas.

Con criterios a favor y en contra de la actividad taurina.

Uno de ellos, Felipe Ogaz, emplazó a la jueza Corral a que se excuse de continuar con esta causa.

Pues dijo que tiene familiares dedicados a esta actividad.

La Presidencia de la República, por su lado, defendió las atribuciones que tiene un primer mandatario para convocar a consulta popular.

Después de esta diligencia la jueza Corral dio un plazo de 72 horas a las partes para legitimar sus intervenciones. A las afueras de la Corte se dio una manifestación de aficionados a esta actividad.