La Corte Constitucional resolvió varias demandas contra la Ley 2385 de 2024, conocida por establecer la prohibición de diferentes prácticas taurinas en Colombia. La decisión quedó contenida en la Sentencia C-312 de 2026, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade.
La Sala Plena examinó cinco cargos relacionados con el trámite de la ley, el impacto fiscal de las medidas de reconversión, la protección de la diversidad y el patrimonio cultural, la competencia de las comisiones constitucionales que participaron en el primer debate y la presunta afectación de la libertad para escoger profesión u oficio y del derecho al trabajo.
El alto tribunal determinó que la Ley 2385 de 2024 puede mantenerse en el ordenamiento jurídico frente a los cargos estudiados. En algunos de ellos, la Corte se remitió a lo decidido previamente en la Sentencia C-374 de 2025, que ya había falldo sobre el asunto, mientras que en otros realizó un nuevo análisis de fondo.
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