La Corte y los toros archivos

Inalterable. La Feria taurina en Manizales sigue siendo patrimonio cultural de la nación. Trascendental sentencia de la Corte Constitucional.

By Guillermo Rodríguez noviembre 22, 2023

En una fundamentada sentencia , la Corte Constitucional se inhibe de pronunciarse sobre la pretensión de animalistas que buscaban desmontar que la feria taurina es patrimonio cultural de la naciòn .

Exponen los honorables magistrados :

la demanda presentada en esta ocasión no logró acreditar las condiciones de claridad, al indicar
diversos planteamientos sin una secuencia o hilo argumentativo que permitiera comprender con facilidad y nitidez el alcance del (o los) reproches planteados por los demandantes.

Y agrega el texto :

Sobre el particular, la Sala Plena concluyó que la demanda presentada en
esta ocasión no logró acreditar las condiciones de claridad, al indicar
diversos planteamientos sin una secuencia o hilo argumentativo que
permitiera comprender con facilidad y nitidez el alcance del (o los)
reproches planteados por los demandantes; las de especificidad y certeza,
pues la demanda se construyó a partir de afirmaciones genéricas y
abstractas que no lograron demostrar cuál es la vulneración concreta a la
Constitución y se estructuró a partir de una lectura personal, subjetiva y
propia de las disposiciones legales cuestionadas; la de pertinencia, por
cuanto se expresaron múltiples argumentos de naturaleza infra
constitucional entre otras disposiciones que, en su mayoría, tampoco
constituyen una fuente normativa de rango constitucional, en los términos
del artículo 93 superior. En este sentido, por carecer de las condiciones
argumentativas mínimas, tampoco se logró evidenciar el cumplimiento del
requisito de suficiencia. En efecto, a partir de la valoración de los requisitos
argumentativos establecidos por la jurisprudencia constitucional, la
demanda no logró despertar una duda razonable que habilitara a este
tribunal para avanzar en el control de constitucionalidad de las
disposiciones acusadas.

Estimados lectores de tendido7

Este es el texto completo de la sentencia

SENTENCIA C-487/23 (15 DE NOVIEMBRE)
M.P. JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
EXPEDIENTES: D-15.176
LA CORTE DECLARÓ EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “EN PRISIÓN DE DIECISÉIS (16) A CINCUENTA
Y CUATRO (54) MESES” DEL ARTÍCULO 220 (INJURIA), Y, “EN PRISIÓN DE DIECISÉIS (16) A
SETENTA Y DOS (72) MESES” DEL ARTÍCULO 221 (CALUMNIA) DEL CÓDIGO PENAL (LEY 599 DE
2000), POR LOS CARGOS EXAMINADOS

Normas demandadas
“Ley 599 de 2000
(julio 24)

Diario Oficial No. 44.097 del 24
de julio de 2000
Por la cual se expide el Código

Penal.
El Congreso de Colombia,
Decreta
(…)

ARTÍCULO 220. INJURIA. El que
haga a otra persona
imputaciones deshonrosas,
incurrirá en prisión de uno (1) a
tres (3) años (hoy dieciséis (16)

meses a cincuenta y cuatro (54)
meses) y multa de diez (10) a mil
(1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (hoy trece
punto treinta y tres (13.33) a mil
quinientos (1.500)).
(…)

ARTÍCULO 221. CALUMNIA. El que
impute falsamente a otro una
conducta típica, incurrirá en
prisión de uno (1) a cuatro (4
años) (hoy dieciséis (16) meses a
setenta y dos (72) meses) y multa
de diez (10) a mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales
vigentes (hoy trece punto treinta
y tres (13.33) a mil quinientos
(1.500)”.

Decisión
UNICO. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “EN PRISIÓN DE DIECISEIS (16) A
CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES” y “EN PRISIÓN DE DIECISEIS (16) A SETENTA
Y DOS (72) MESES”, contenidas en los artículos 220 y 221, respectivamente,
de la Ley 599 de 2000, por los cargos analizados.
Síntesis de los fundamentos
La Sala Plena de la Corte Costitucional se pronunció sobre una demanda
de inconstitucionalidad presentada en contra de unas expresiones que
hacen parte de la regulación legal de los tipos penales de injuria y
calumnia, previstos en los artículos 220 y 221 de la Ley 599 de 2000. En dicha
demanda se señaló que tales expresiones, relativas a la pena de prisión que
corresponde a tales conductas, serían incompatibles con lo previsto en el
preámbulo y en los artículos 20, 73 y 93 de la Constitución Política de
1991(CP).
La demanda presentó cuatro cargos. En el primero, sostuvo que las normas
citadas van en contra del carácter democrático del Estado (preámbulo) y
afectan de manera grave a la actividad periodística, pues no permiten el
libre flujo de informaciones y opiniones, pues la pena de prisión constituye
una intimidación y lleva a una autocensura. En el segundo, advierte que
dicha pena es incompatible con la prohibición de la censura (Art. 20, CP),
en tanto equivale a un control judicial severo y a un mecanismo de auto
restricción a la hora de dar información o de emitir opinión, las cuales se
afectan de manera significativa por temor a las consecuencias judiciales.
En el tercero, se pone de presente que tal pena viola la protección
reforzada que la Constitución otorga a la actividad periodística (Art. 73, CP),
ya que ella puede usarse por cualquier persona que se vea desfavorecida
por una publicación periodística para generar intimidación y, de esta
manera, obtener una retractación a su favor o causar miedo en quien
realiza la publicación. En el cuarto, se refiere que la susodicha pena
desconoce lo previsto en tratados internacionales sobre derechos humanos
(Art. 93, CP), en particular, lo relativo a los artículos 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y, al mismo tiempo, la interpretación que sobre
ellos han hecho los organismos internacionales autorizados para tal
propósito.
Por último, la demanda destacó que las normas censuradas no satisfacen
el criterio de necesidad, resultan desproporcionadas, por su carácter
intimidatorio, y afectan el desarrollo de la democracia por las
consecuencias que generan en la actividad de los periodistas.
Como cuestión previa, la Sala estudió si se configuraba o no la cosa juzgada
respecto de la Sentencia C-442 de 2011. En esta materia se concluyó que si
bien en dicha sentencia hay un precedente relevante para este caso, dado

que en ella se analizaron los tipos penales de injuria y calumnia, su finalidad,
elementos estructurales, desarrollo jurisprudencial, los derechos
fundamentales al buen nombre, la libertad de expresión y de opinión, el
animus injuriandi, los límites al poder de configuración normativa,
referencias y análisis sobre la jurisprudencia de las altas cortes nacionales y
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad
de expresión, así como el principio de legalidad y no ambigüedad sobre la
tipificación de tales conductas, no se configuraba el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, dado que en este caso lo que se cuestiona es
específicamente la necesidad de la imposición de la pena de prisión y si
ésta resulta o no desproporcionada.
Así, la Sala Plena precisó que desde aquel entonces la Corte ha reconocido
que la libertad de expresión puede ser objeto de limitaciones, posibilidad
que se desprende del propio artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y que tales limitaciones están sujetas a un control
constitucional estricto. También, que la honra y el buen nombre como
derechos fundamentales pueden ser protegidos tanto en sede de tutela
como a través de instancias civiles y penales.
Destacó que, partiendo de la importancia de la intención delictuosa, el
derecho a la integridad moral ha sido definido como el bien jurídico
fundamental a proteger con la consagración de dichos tipos penales, así
como que, la finalidad perseguida al tipificarse la injuria y la calumnia es la
de proteger el derecho fundamental a la honra precisando que, la
posibilidad de su despenalización -que corresponde al legislador en
ejercicio de su potestad de configuración normativa y conforme al principio
de reserva de ley- fue desechada anteriormente debido a la importancia
de los bienes jurídicamente tutelados.
La Corte aclaró que estos delitos en momento alguno buscan la
persecución a periodistas -pues no corresponde a un tipo penal con sujeto
activo calificado-, ni que ello puede considerarse como una norma que
imponga algún tipo de censura, “mordaza” o limitar de manera indebida el
derecho a la libertad de expresión. Tampoco, que tales disposiciones fueron
diseñadas para proteger la honra y el buen nombre de determinados
servidores públicos, sino que, contrario a ello, están dirigidas a preservar los
derechos de cualquier persona residente en Colombia y, en esa medida,
cumplen importantes propósitos dirigidos a preservar la paz social y evitar la
justicia privada.

La Sala precisó que tales normas penales y sus consecuencias sólo se
aplicarían tratándose de vulneraciones especialmente serias de derechos
fundamentales frente a otros mecanismos como el derecho de
rectificación, la multa o la acción de tutela que no resultan igualmente
idóneos o terminan siendo insuficientes para proteger el derecho al buen
nombre y a la honra. Además, que tales disposiciones sólo operan cuando
un funcionario competente (fiscal, juez o magistrado) valora
suficientemente los elementos estructurales del tipo penal y determina que
en efecto la conducta configuró la vulneración del bien jurídico y merece
reproche penal (animus injuriandi) o, por el contrario, si se quedó en el
campo de la “opinión”, la “libertad de información”, o en presencia de un
(animus jocandi o narrandi) que escaparía en todo caso al reproche penal
a términos de la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
De igual forma, la Sala recordó frente a la pena de prisión que se demanda,
en relación con su gravedad y posibilidad real de ejecución, que en los
casos en que se determine la responsabilidad penal de algún procesado
estos delitos, por el monto de aquella (16 meses de prisión establecido como
mínimo) tienen aplicación directa los subrogados penales, que como el
beneficio de la condena de ejecución condicional, implica la no privación
de la libertad y, además, que para llegar a ello, como aclaró la Corte desde
el 2011, deben agotarse etapas o requisitos obligatorios como la querella,
la conciliación, e incluso, la posibilidad de rectificación hasta antes de
emitirse sentencia de primera instancia (artículo 225 de la Ley 599/00) que
opera incluso sin la anuencia del denunciante, siempre que se cumpla con
los requisitos para ello. Con lo que, la sanción penal que se demanda solo
procedería como última ratio, lo que en últimas resalta su adecuado diseño
legislativo y repercute en el juicio de proporcionalidad demandado.
A su turno, la Corte insistió que estas disposiciones buscan proteger a la
comunidad en general sobre la afectación de derechos fundamentales
importantes como el buen nombre y la honra, incluidos, el propio gremio de
periodistas, quienes además, ven dignificado el ejercicio de su profesión al
exigirse cierto nivel de cautela, análisis y cuidado frente a la divulgación de
información que pueda afectar derechos fundamentales y que, como ha
dicho la propia Corte, no corresponde a una carga desproporcionada que
deban soportar y que conduzca a la intimidación o al bloqueo de la libertad
de información y de expresión.

Además, la Corporación recordó la excepción de verdad o exceptio
veritatis contemplada en el procedimiento penal (artículo 224 Ley 599/00)
que exime de responsabilidad a quien resulte denunciado o investigado por
estas conductas o incluso, que conforme a los términos de la denuncia
interpuesta con efecto o interés simplemente “intimidante” o de “bloqueo
a la libertad de expresión” se pueda acudir por el afectado a la falsa
denuncia (artículos 435 y 436 del Código Penal) que, como delito contra la
eficaz y recta impartición de justicia, contempla una pena de prisión, esa sí,
entre sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, esto es,
no excarcelable.
Por último, consideró que resultaría un contrasentido sostener en punto de
la necesidad y proporcionalidad que se demanda que la vía idónea en
estos casos sea el acudir a la acción de tutela de manera directa
(mecanismo subsidiario o supletivo por naturaleza) o simplemente imponer
una sanción de multa (exclusivo contenido económico) que no resulta
acorde con la protección efectiva de un derecho fundamental como la
honra y el buen nombre en un Estado social y democrático de Derecho que
desde el artículo 2 de la Constitución vela por la vigencia de un orden justo.
Ello, conllevaría no solo el desnaturalizar uno de los fines de la pena, en
concreto, el preventivo, sino que reduciría la discusión sobre afectación de

trascendentes derechos fundamentales a una decisión de simple costo-
beneficio, donde resultaría más rentable, por ejemplo, publicar cualquier

tipo de contenido, con afectación al buen nombre y honra como derechos
fundamentales de cualquier ciudadano sin ningún tipo de exigencia de
mínima verificación de la información o ponderación de la misma, pues, en
últimas, de llegarse a una condena, en el hipotético caso de lograrse
aquella una vez agotado el procedimiento y con lo que ello implica a
términos de lo expuesto y sin olvidar, la posibilidad de disponer
directamente del ejercicio de la acción penal mediante la retractación
autónoma -sin exigencia de aceptación incluso por parte del afectado- a
pagar la respectiva multa.
Con fundamento es estos argumentos, la Sala Plena consideró que los
apartes relativos a la pena establecida en las normas demandas, “pena de
prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y dieciséis (16) a
setenta y dos (72) meses” respectivamente, contenidos en los artículos 220
(injuria) y 221 (calumnia) de la Ley 599 de 2000 resultan exequibles conforme
los cargos expuestos en la demanda.

Salvamentos y reservas de voto
Los magistrado/as NATALIA ÁNGEL CABO, JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ,
DIANA FAJARDO RIVERA y JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS salvaron el voto.
Por su parte, los magistrado/as PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA y
ALEJANDRO LINARES CANTILLO se reservaron la posibilidad de aclarar su
voto.
Las magistradas Ángel Cabo y Fajardo Rivera se apartaron de la decisión
adoptada por la mayoría de la Corte en el expediente D-15176, y lo hicieron
a partir de las consideraciones expuestas por la magistrada Ángel Cabo en
la ponencia que originalmente fue presentada para discusión en Sala Plena.
En este sentido, a diferencia de la mayoría de la Sala, las magistradas
disidentes consideran que la pena de prisión para los delitos de injuria y
calumnia constituye una responsabilidad ulterior desproporcionada o, en
otros términos, un desbordamiento o exceso punitivo que supera los límites
del margen de configuración del legislador penal. Ese desbordamiento
punitivo genera el fenómeno conocido como chilling effect o efecto
paralizador, que tiene lugar cuando el medio de comunicación o la persona
“deja de emitir determinada información, por temor a que le sean impuestas
consecuencias civiles o penales de carácter desproporcionado”1.
A juicio de las magistradas Ángel Cabo y Fajardo Rivera, el efecto
paralizador de la pena de prisión para estos delitos puede incluso conducir
a la autocensura en supuestos en que, aunque la información sea cierta y
haya sido adquirida de buena fe, la persona prefiera callar a tener que
asumir las cargas o sanciones derivadas de un eventual proceso judicial.
Este efecto paralizador ha generado, también, la proliferación de las
llamadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por
su sigla en inglés), con especial y creciente -aunque no exclusiva- incidencia
en la actividad periodística. Todo esto, en criterio de las magistradas
disidentes, termina socavando la libertad de expresión, soporte de una
sociedad democrática.
Con ello, las magistradas no desconocen la existencia de límites a la libertad
de expresión, representados por los discursos prohibidos y el ejercicio abusivo
de este derecho a través de conductas como la injuria y la calumnia. No
obstante, las magistradas consideran que, para abordar con solidez el
análisis de las disposiciones demandadas, y tal como se planteó en la
ponencia original, se hacía necesario un estudio detallado de la evolución
del contexto universal, interamericano y local en torno a la protección y los

1 Sentencia T-452 de 2022.

límites de la libertad de expresión y, en particular, de la concepción sobre la
pena de prisión para las conductas de injuria y calumnia.
Para las magistradas disidentes, la evolución de estos contextos desde la
fecha de expedición de la Sentencia C-442 de 2011 hasta hoy apunta, sin
duda, a una dirección opuesta a la que avaló la mayoría de la Sala en este
caso. Dos ejemplos resultan ilustrativos: (i) la Observación General No. 34 del
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas2 dispone que “[l]os
Estados partes deberían considerar la posibilidad de despenalizar la
difamación y, en todo caso, la normativa penal solo debería aplicarse en los
casos más graves, y la pena de prisión no es nunca adecuada”3; y (ii) de
conformidad con el estándar interamericano, resulta contraria al artículo 13
de la Convención toda sanción penal de la injuria o la calumnia en
supuestos en que el ofendido es un funcionario, por asuntos de relevancia
pública.
Finalmente, para las magistradas, tal como se propuso en la ponencia
original, la aplicación de un juicio estricto de proporcionalidad en este caso,
que tomara en consideración la evolución referida, debería haber llevado
a la Corte a concluir que la pena de prisión para los delitos de injuria y
calumnia no satisface los criterios de necesidad y proporcionalidad en
sentido estricto.
Lo primero, en tanto la supresión de la pena de prisión no implica que la
honra y el buen nombre queden desprotegidos ni dentro ni fuera del
derecho penal, no sólo porque subsisten la pena de multa y las penas
accesorias para ambos delitos, sino -y sobre todo- porque siguen vigentes
mecanismos como el derecho de rectificación, los métodos alternativos de
solución de conflictos (como la conciliación y la mediación), la
indemnización por vía de responsabilidad civil extracontractual y la acción
de tutela como mecanismo subsidiario. A diferencia de la mayoría de la
Sala, las magistradas Ángel Cabo y Fajardo Rivera consideran que estos
mecanismos, además de ser menos lesivos para los sujetos pasivos de la
medida, tienen un potencial mucho mayor de reparación del daño para las
víctimas.
En lo que tiene que ver con la proporcionalidad en sentido estricto, para las
magistradas disidentes la pena de prisión en los delitos de injuria y calumnia
constituye una responsabilidad ulterior desproporcionada, porque las
afectaciones de la medida resultan mayores que los beneficios que esta
conlleva en cuanto a la protección de la honra y el buen nombre. Esto no

2 Ver Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (Julio 2011). Observación General No. 34.
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf. 3 Ibidem, párr. 47.

sólo por el efecto paralizador y de autocensura que produce la mera
posibilidad de estar vinculado a un proceso penal que podría culminar con
la imposición de dicha sanción, sino también, en los supuestos en que la
pena de prisión sea efectivamente impuesta, por la intervención intensa de
la medida sobre uno de los derechos fundamentales más preciados, como
lo es el de la libertad personal.
En consecuencia, para las magistradas Ángel Cabo y Fajardo Rivera, la
Corte Constitucional debió declarar la inexequibilidad de la pena de prisión
para el delito de injuria. En cuanto al delito de calumnia, la Corte debió
considerar la inconstitucionalidad de la pena de prisión o, cuando menos,
una exequibilidad condicionada que satisficiera los elementos del referido
estándar interamericano.
Por su parte, el magistrado Reyes Cuartas salvó el voto en la presente
decisión por considerar que la Sala Plena debió, en este caso, armonizar el
análisis de las penas privativas de la libertad previstas para los delitos de
calumnia e injuria a la luz de los cargos se propusieron en la demanda, con
los contenidos de los instrumentos internacionales y particularmente
interamericanos -parámetro de control-, a efectos de poder comprender
que dichas penas, al menos cuando se trata periodistas en ejercicio del
derecho a la información, no deberían tener como consecuencia la
imposición de una pena privativa de la libertad, si dicha información se
refiere a contenidos de interés público, dado el mayor grado de escrutinio

que deben soportar quienes ostentan ese tipo de responsabilidades-
En efecto, en esos eventos, la protección del bien jurídico de la integridad

moral, ha de ceder en un juicio de proporcionalidad estricto, a la protección
del derecho a la libertad de expresión sobre temas de interés público, pues,
ello en sí mismo comporta una trascendental significación para el
mantenimiento de una sociedad democrática.
Por ello, la Corte debió, como mínimo, explorar la posibilidad de declarar la
inexequibilidad de la pena privativa de la libertad para estos delitos, en las
condiciones indicadas antes y con ello limitar el efecto disuasorio y
silenciador que trae la pena privativa de la libertad sobre la libertad de
expresión e información en el ejercicio periodístico.
Finalmente, el magistrado Cortés González salvó su voto frente a la decisión
de declarar exequibles los artículos 220 y 221 de la Ley 599 de 2000. En su
criterio, era imperativo tomar en consideración la necesidad actual de
garantizar la protección de los derechos a la honra y el buen nombre, a
través de mecanismos diferentes a la restricción de la libertad.
Particularmente, señaló la procedencia de declarar la inexequibilidad de la
pena de prisión para el delito de injuria. Además, indicó que resultaba

necesario evaluar las consecuencias adversas que tiene la pena de prisión
para la actividad periodística, particularmente, con miras a prevenir
fenómenos como el chilling effect (efecto paralizador) y las llamadas
Demandas Estratégicas contra la Participación Pública.
Aunado a ello, el Magistrado consideró que la Sala debió efectuar un
ejercicio de integración normativa que extendiera la revisión a los artículos
223 y 226 del Código Penal. El primero, en la medida que establece una
sanción más grave para la injuria y la calumnia, si se utilizan medios de
comunicación social o divulgación colectiva, lo que se relaciona
directamente con el cuestionamiento de los demandantes, relativo a que el
derecho punitivo puede convertirse en instrumento de acoso contra los
periodistas. El segundo, en cuanto se refiere al delito de injuria por vía de
hecho, cuya pena depende directamente del delito de injuria, de manera
que, al evaluar la sanción que corresponde a este último, resultaba
inevitable analizar el alcance del primero, en orden a determinar si en su
caso era razonable conservar la prisión como medida punitiva.
En efecto, la Corte pudo evaluar las consecuencias de suprimir la pena de
prisión en el delito de injuria por vía de hecho, distinguiendo los casos por
afectación a la honra mediante agresiones físicas, en aras de evitar que
estos sean beneficiados de plano con la posibilidad de no recibir una pena
de prisión por ejecutar conductas constitutivas de acoso. En el mismo
sentido, se hubiese advertido que en el caso de quienes divulgan
información a través de medios de comunicación se ven sometidos, no a la
pena general de quienes incurren en estos delitos, sino a una más grave, por
esa sola circunstancia.
Para el Magistrado disidente, la actividad de periodista merece una
protección reforzada en la medida que enriquece la opinión pública,
fortalece la democracia y facilita el control del poder, luego no resulta
justificado que se agrave la pena frente al ejercicio de esa actividad
profesional.
Debió, a su juicio, considerarse una alternativa que optara por (i) declarar
inexequible la pena de prisión que consagra el artículo 220 de la Ley 599 de
2000 para el delito de injuria, entendiendo, en todo caso, que no se suprime
la sanción de que trata el artículo 226, esto es, que se conservará la pena
de prisión para el delito de injuria por vía de hecho. (ii) Declarar inexequible
el artículo 223 del Código Penal por constituir un factor de censura, en lo
atinente a la expresión “se cometiere utilizando cualquier medio de
comunicación social o divulgación colectiva” y, finalmente, (iii) esta solución
implicaría que la calumnia, a pesar de ser exequible, ya no resultaría
agravada por el artículo 223, que sería expulsado parcialmente del

ordenamiento, por reflejar una medida restrictiva de la labor periodística en
cuanto a la agravación referida.
SENTENCIA C- 490/23 (16 DE NOVIEMBRE DE 2023).
M.P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO
EXPEDIENTE D-15098
CORTE SE INHIBE DE EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO RESPECTO DE EXPRESIONES
DEMANDADAS EN UNA SERIE DE ARTÍCULOS (1o, 2o Y 3o) DE LA LEY 1025 DE 2006, EN LOS QUE
SE DECLARA, PRINCIPALMENTE, COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN A LA FERIA
TAURINA DE MANIZALES

Normas demandadas
“LEY 1025 DE 2006
(mayo 24)

Por medio de la cual se declara
como patrimonio cultural de la
Nación a la Feria de Manizales y
a la Feria Taurina de Manizales,
en el departamento de Caldas y
se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1o. Declárese como
patrimonio cultural de la Nación a
la Feria de Manizales y a la Feria
Taurina de Manizales,
departamento de Caldas que se
celebra en la mencionada
ciudad y se les reconoce la
especificidad de cultura
tradicional popular, a la vez que
se le brinda protección a sus
diversas expresiones de tradición
y cultura.

Artículo 2o. Declárese al
municipio de Manizales y a sus
habitantes como origen y
gestores de la tradición taurina en
Colombia y en América y
reconozcáseles en todas sus
expresiones culturales y artísticas
como parte integral de la
identidad y de la cultura de
Caldas.
Artículo 3o. El Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Cultura
contribuirá al fomento nacional
e internacional, promoción,
sostenimiento, conservación,
divulgación y desarrollo de la
Feria de Manizales, evento que se
celebrará en el municipio de
Manizales, como también
apoyará el fortalecimiento del
Programa Semillero Taurino, en la
ciudad de Manizales,
departamento de Caldas”.

Decisión
Declararse INHIBIDA de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los
artículos 1 (parcial), 2 y 3 (parcial) de la Ley 1025 de 2006 “[p]or medio de la
cual se declara como patrimonio cultural de la Nación a la Feria de
Manizales y a la Feria Taurina de Manizales, en el departamento de Caldas
y se dictan otras disposiciones”, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Síntesis de la decisión

Correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional estudiar una
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° (parcial), artículo 2 y
artículo 3 (parcial) de la Ley 1025 de 2006. Según la demanda, las normas
demandadas son contrarias al Preámbulo y a los artículos 1, 2, 4, 8, 9, 16, 18,
79, 85, 93 y 95 de la Constitución Política, a los artículos 1 y 18 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, a los artículos 12 y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los principios 1, 2 y 19
de la Declaración de Estocolmo, al numeral 1 de la Carta Mundial de la
Naturaleza, los numerales 1 y 2 del artículo 11 del Protocolo de San Salvador,
a los principios 1, 3, 4, 7, 11, 15 y 25 de la Declaración de Río, al numeral 6 de
la Sección I y a los numerales 24 y 25 de la Sección V de la Declaración del
Milenio – Resolución (A/55/L.2) de la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas.
Sobre el particular, la Sala Plena concluyó que la demanda presentada en
esta ocasión no logró acreditar las condiciones de claridad, al indicar
diversos planteamientos sin una secuencia o hilo argumentativo que
permitiera comprender con facilidad y nitidez el alcance del (o los)
reproches planteados por los demandantes; las de especificidad y certeza,
pues la demanda se construyó a partir de afirmaciones genéricas y
abstractas que no lograron demostrar cuál es la vulneración concreta a la
Constitución y se estructuró a partir de una lectura personal, subjetiva y
propia de las disposiciones legales cuestionadas; la de pertinencia, por
cuanto se expresaron múltiples argumentos de naturaleza infra
constitucional entre otras disposiciones que, en su mayoría, tampoco
constituyen una fuente normativa de rango constitucional, en los términos
del artículo 93 superior. En este sentido, por carecer de las condiciones
argumentativas mínimas, tampoco se logró evidenciar el cumplimiento del
requisito de suficiencia. En efecto, a partir de la valoración de los requisitos
argumentativos establecidos por la jurisprudencia constitucional, la
demanda no logró despertar una duda razonable que habilitara a este
tribunal para avanzar en el control de constitucionalidad de las
disposiciones acusadas.

Salvamento de voto
La magistrada DIANA FAJARDO RIVERA salvó su votó. Consideró que
resultaba posible identificar dos cuestionamientos concretos contra la Ley
1025 de 2006, la violación al principio y derecho a la autonomía de las

personas de Manizales, al declararlas gestores de una actividad que
comporta maltrato animal como lo ha reconcido la Corte Constitucional; y,
segundo, el desconocimiento de los artículos 8 y 79 de la Constitución
Política, que establecen el derecho al ambiente sano y ordenan su
protección, dado que estos constituyen uno de los pilares de la prohibición
de maltrato animal, según jurisprudencia constante de este Tribunal.
Estos cargos debieron prosperar en un análisis material de
constitucionalidad, pues las normas demandadas sí desconocen el
mandato de protección a los animales, al igual que el deber de evitar el
sufrimiento de los animales en las corridas y otros eventos similares. En criterio

de la Magistada disidente, si bien esta es una ley previa al precedente C-
666 de 2010, que contiene el equilibrio constitucional actual acerca de la

protección animal, la prohibición de maltrato y sus excepciones, razón por
la cual es comprensible que el Legislador no tuviera en ese momento
presentes los avances en la materia, lo cierto es que sí le corresponde a la
Corte aplicar un estudio con los estándares actuales sobre la cuestión
animal en la Constitución Política, y, en especial, desde los mínimos
establecidos en la Sentencia C-666 de 2010.
Ese precedente, planteó la Magistrada, consiste en considerar que las
corridas de toros son aún tolerables donde exista una práctica o tradición
demostada. Pero también aclara que el Congreso de la República puede
prohibirlas y, en especial, que debe darse un tránsito en el que se elimine
progresivamente el maltrato que ocurre en este y otros eventos similares,
como las corralejas o las riñas de gallos. Por lo tanto, la declaracíon de una
feria taurina como patrimonio cultural, la calificación de “origen y gestores”
de la práctica que pesa por causa de esta Ley sobre los ciudadanos de
Manizales, imponiéndole a todos una condición que muchos rechazan en
una democracia pluralista, y en un municipio de más de 400 mil habitantes,
así como el mandato dirigido al Ministerio de Cultura para que participe en
la promoción de un semillero taurino son decisiones legislativas que se
oponen de manera evidente a la Constitución y al mandato de bienestar
animal desarrollado en la Sentencia C-666 de 2010 y en un conjunto amplio
de precedentes desde entonces.

SENTENCIA C-491/23 (16 DE NOVIEMBRE)
M.P. NATALIA ÁNGEL CABO
EXPEDIENTE D-15258
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ LA EXEQUIBILIDAD DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 301 DE LA
LEY 906 DE 2004, POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL,
PORQUE ENCONTRÓ QUE LA NORMA ACUSADA NO DESCONOCE EL DERECHO A LA IGUALDAD DE
LAS PERSONAS QUE SON CAPTURADAS EN FLAGRANCIA Y SE ALLANAN A LOS CARGOS

Norma demandada
“LEY 906 DE 2004
(AGOSTO 31)

POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL.

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

[…]
Artículo 301. Flagrancia. Se entiende
que hay flagrancia cuando:

La persona es sorprendida y
aprehendida durante la comisión del
delito.
La persona es sorprendida o
individualizada durante la comisión
del delito y aprehendida
inmediatamente después por
persecución o cuando fuere
señalado por la víctima u otra
persona como autor o cómplice del
delito inmediatamente después de su
perpetración.
La persona es sorprendida y
capturada con objetos, instrumentos
o huellas, de los cuales aparezca
fundadamente que acaba de
cometer un delito o de haber
participado en él.
La persona es sorprendida o
individualizada en la comisión de un

delito en un sitio abierto al público a
través de la grabación de un
dispositivo de video y aprehendida
inmediatamente después.
La misma regla operará si la
grabación del dispositivo de video se
realiza en un lugar privado con
consentimiento de la persona o
personas que residan en el mismo.

La persona se encuentre en un
vehículo utilizado momentos antes
para huir del lugar de la comisión de
un delito, salvo que aparezca
fundadamente que el sujeto no
tenga conocimiento de la conducta
punible.
PARÁGRAFO. La persona que incurra
en las causales anteriores sólo tendrá
1⁄4 del beneficio de que trata el
artículo 351 de la Ley 906 de 2004”.
Decisión
Declarar la EXEQUIBILIDAD del parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de
2004, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, por
el cargo resuelto en esta providencia.
Síntesis de los fundamentos
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió la acción pública de
inconstitucionalidad que presentó un ciudadano contra el parágrafo del
artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, por desconocer el derecho
a la igualdad, contenido en el artículo 13 de la Constitución. El ciudadano
planteó en su demanda que dicho parágrafo prevé un trato diferente entre
las personas que son capturadas en flagrancia y aceptan los cargos y las
personas que no son aprehendidas en el momento de la comisión del hecho
delictivo y también reconocen los cargos, porque a quienes son

aprehendidos en flagrancia sólo se les ofrece 1⁄4 del beneficio de reducción
de la pena por reconocer los cargos.
La Corte concluyó que el parágrafo demandado no vulnera el derecho a
la igualdad en los términos propuestos por el actor. Para llegar a esta
conclusión, la Sala Plena explicó el contexto normativo por medio del cual
el legislador incluyó el parágrafo al artículo 301 del Código de
Procedimiento Penal. Posteriormente, analizó la figura de la flagrancia,
como una de las modalidades de captura que no requiere de una orden
judicial para llevarla a cabo. Igualmente, la Corte Constitucional estudió el
allanamiento a los cargos como una medida de terminación temprana del
proceso a la cual le aplican los mecanismos de justicia premial que el
legislador implementó en el sistema penal acusatorio.
Luego, la Sala analizó la constitucionalidad de la norma, para lo cual aplicó
un juicio estricto de igualdad. Este Tribunal decidió aplicar el escrutinio
estricto del juicio, porque consideró que con la medida se podría llegar a
afectar un derecho fundamental, como lo es el derecho a la libertad
personal. Por ello, el Tribunal analizó si la medida acusada persigue una
finalidad constitucionalmente imperiosa, si la medida es efectivamente
conducente para lograr ese fin y si genera una desproporción en sentido
estricto.
Al realizar el juicio de igualdad , la Corporación determinó que el parágrafo
del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal sí persigue una finalidad
constitucionalmente imperiosa. Primero, la Corte concluyó que la medida
busca ponderar los beneficios que se le pueden reconocer a un procesado
que se allana a los cargos dependiendo de la carga investigativa que deba
desplegar el Estado para probar su responsabilidad penal. Posteriormente,
este Tribunal encontró que dicha finalidad es constitucionalmente imperiosa
a la luz de los artículos 150 y 229 de la Constitución, así como de la
jurisprudencia constitucional.
Por otro lado, concluyó que la medida de reducir el beneficio punitivo a
quienes fueron capturados en flagrancia y reconocen cargos es
efectivamente conducente para lograr la finalidad descrita. A través de la
reducción contemplada en el parágrafo demandado, el legislador logra
equilibrar los beneficios punitivos que se ofrecen a los procesados penales
de acuerdo al desgaste que conlleva investigar su responsabilidad y en la
administración de justicia.
Por último, este Tribunal consideró que el parágrafo del artículo 301 del
Código de Procedimiento Penal no genera una desproporción en sentido
estricto en el balance de los bienes constitucionales en juego. Esto, debido
a la Corte encontró que a todos los procesados penales se les ofrece un

beneficio, que la medida acusada hace parte de la justicia premial que el
sistema penal acusatorio implementó, que la medida del parágrafo
acusado no es el único estándar para reducir los beneficios punitivos y que
esa medida hace parte de la amplia potestad del legislador de crear
beneficios procesales y de establecer la política criminal del Estado.
Por ello, la Corte declaró la exequibilidad del parágrafo del artículo 301 del
Código de Procedimiento Penal.
SENTENCIA C-492/23
M.P. DIANA FAJARDO RIVERA
EXPEDIENTE: RE-351
CORTE DECLARA INEXEQUIBLE EL DECRETO 1269 DE 2023, POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS
EN EL SECTOR EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y
ECOLÓGICA DECLARADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PERO DA EFECTOS DIFERIDOS A
LA DECISIÓN, POR UN AÑO, CONTADO DESDE LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD DEL
DECRETO 1085 DE 2023

Norma objeto de revisión
“Decreto 1269 de 2023
31 de julio

Por el cual se adoptan
medidas en el Sector
Educación, en el marco del
Estado de Emergencia
Económica, Social y
Ecológica declarado en el
departamento de La Guajira
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA

(…)
Artículo 1. Medida
relacionada con el
Programa de Alimentación
Escolar PAE. Con ocasión al
estado de Emergencia
Económica, Social y
Ecológica en el

departamento de La Guajira
declarado mediante el
Decreto 1085 del 2 de julio
de 2023, se adopta como
medida en relación con la
ejecución del Programa de
Alimentación Escolar -PAE,
que las Entidades Territoriales
Certificadas en Educación
encargadas de la
prestación del Programa de

Alimentación Escolar -PAE-
en el departamento de La

Guajira, mediante acto
administrativo expedido por
su representante legal,
podrán incorporar hasta el
31 de diciembre de 2023 a
sus respectivos presupuestos
los recursos asignados desde
el Presupuesto General de la
Nación (PGN) para la
operación y prestación del
servicio.

Artículo 2. Vigencia. El
presente decreto rige a
partir de la fecha de su
publicación.”

Decisión
Primero. Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 1269 de 2023, en virtud de la
inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023, que declaró el estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La
Guajira.
Segundo. Dar efectos diferidos a esta decisión, por el término de un año
contado a partir de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1085 de
2023.
Síntesis de los fundamentos
La Sala Plena de la Corte Constitucional adelantó la revisión de
constitucionalidad del Decreto Legislativo 1269 de 2023, “por el cual se
adoptan medidas en el sector educación, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento
de La Guajira”, el cual contiene una medida que consiste en poner en
cabeza de las entidades territoriales encargadas de la prestación del
Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de La Guajira,
la facultad de incorporar mediante acto administrativo los recursos
asignados desde el Presupuesto General de la Nación para la operación y
prestación del servicio, con el fin de ampliar su cobertura y el acceso,
incluso durante el período de receso escolar.
De manera preliminar, al realizar el examen de conexidad y estricta
necesidad, la Sala Plena concluyó que el Decreto 1269 de 2023 hace parte
de las materias que deben quedar cobijadas por los efectos diferidos de la
inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023, adoptados por este Tribunal en la
Sentencia C-383 de 2023. La insuficiencia de agua impacta directa y
gravemente en la necesidad básica de alimentación; el agua potable es
un componente esencial de cualquier dieta humana, como también es un
medio irreemplazable para el cultivo de alimentos, la limpieza de los mismos
y su preparación. En últimas, el agua es condición de posibilidad para la
alimentación adecuada y para combatir la desnutrición infantil, objetivos a
los que responde el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los términos
del Decreto 1269 de 2023.

Luego, a partir de los antecedentes que derivaron en la promulgación del
Decreto Legislativo 1269 de 2023, la Corte concluyó que el mismo cumple
con los requisitos formales previstos en las disposiciones constitucionales y
estatutarias para este tipo de normas. En síntesis, la medida se encuentra
directa y específicamente encaminada a enfrentar una consecuencia de
la crisis humanitaria derivada de la escasez de agua y, en especial,
pretende impedir la extensión y agravación de sus efectos. Aclaro que,
aunque la distribución de los kits de alimentación escolar constituye un
remedio apenas provisional, lo cierto es que en un contexto como el que
caracteriza la situación humanitaria de La Guajira debe considerarse que

el cumplimiento y extensión -inclusive durante el tiempo de receso escolar-
del programa de alimentación escolar, PAE, responde a la finalidad de

preservar sus derechos. La medida no es arbitraria, pues no implica excesos
en las facultades reconocidas al Presidente en la Constitución Política, la
Ley estatutaria de estados de excepción y los tratados internacionales de
derechos humanos. La medida no suspende derechos y libertades, y, por el
contrario pretende la protección transitoria de los derechos prevalentes de
niños y niñas. Es razonable que la provisión de alimentos asociados a la
educación oficial incluso durante el período vacacional sea una
herramienta para enfrentar las consecuencias que la crisis por escasez del
recurso hídrico proyecta sobre la seguridad alimentaria, en especial,
cuando según algunas investigación de campo, el PAE es en algunas
ocasiones el único alimento diario.
La medida constituye un camino expedito para este fin y no supone una
afectación desproporcionada de los principios que rigen las normas de
presupuesto, mientras que el paso de los días, en el contexto del
Departamento sí se convierte en una amenaza grave e inminente para los
derechos fundamentales de niños y niñas que reciben los alimentos. La
medida no se inspira en un móvil discriminatorio. Sin embargo, la Sala
expresó que en la medida en que no toda la población está escolarizada,
el Gobierno nacional deberá adoptar otras estrategias adicionales de
provisión de alimentos que no dependan de manera exclusiva de la
escolarización, sin que ello implique que la decisión de extender el PAE sea
en sí misma discriminatoria, pues debe entenderse que parte de la premisa
normativa según la cual la educación debe ser garantizada universalmente
hasta los quince años, sin perjuicio de una realidad que tercamente persiste
en la afectación de derechos de los más vulnerables.
En suma, la Corporación consideró que dada la afectación que la escasez
del agua puede ocasionar en niños y niñas y, tomando en cuenta el origen
de los recursos del programa de alimentación escolar, la población
destinataria y la inexistencia de una lesión a otros principios constitucionales,
resultaba necesario (i) declararla inexequible como consecuencia de la
decisión adoptada sobre el Decreto 1085 de 2023; y (ii) extender los efectos

de esta providencia durante un año, contado desde la inexequibilidad del
decreto declaratorio, decidida por Sentencia C-383 de 2023.

DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
Corte Constitucional de Colombia

La Corte y los toros

Texto del pronunciamiento de la Corte que declara improcedente el pedido de explicación de la alcaldesa de Bogotá a una providencia. implica que se debe abrir el proceso de licitación de La Santamaría. Sin más dilaciones

By Guillermo Rodríguez marzo 18, 2023

Sé que es largo el texto pero no tiene desperdicio el pronunciamiento de la Corte Constitucional que rechaza el pedido de aclaración de la alcaldesa de Bogotá que interpone todo tipo de argucias sin fundamento para no abrir la licitación de operación de la plaza de toros de Santamaría.

Dice la Corte : En consecuencia, la Solicitud de aclaración del Auto 1928 de 2022
presentada por el IDRD será rechazada ya que incumple el requisito de carga
argumentativa y no se enmarca dentro del propósito de aquella. No existe una
razón objetiva de duda que le impida el entendimiento de lo dispuesto en la
parte resolutiva ni tampoco que influya en el cumplimiento de lo decidido en el
Auto 1928.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional
de la República de Colombia,
RESUELVE
Primero. – RECHAZAR la solicitud de aclaración del Auto 1928 de 2022,
presentada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

EL TEXTO

CORTE CONSTITUCIONAL
-Sala Quinta de RevisiónAUTO 306 de 2023
Ref.: Expediente T-3.758.508
Solicitud de aclaración del auto 1928 de
2022.
Magistrado ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera, Antonio José Lizarazo Ocampo¸
y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de
aclaración formulada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte
(“IDRD”) frente al auto 1928 de 2022, proferido el 15 de diciembre de 2022
por la entonces Sala Tercera de Revisión.
I. ANTECEDENTES
A. ACTUACIONES Y PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE T-3.758.5081

Mediante la sentencia T-296 de 2013 (“Sentencia T-296” o “Sentencia T296 de 2013”), la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional
determinó que en el caso analizado se había generado una vulneración a los
derechos fundamentales del accionante – la Corporación Taurina de Bogotá
(“CTB”) – por parte de las entidades accionadas – Alcaldía Mayor de Bogotá e
IDRD –. En consecuencia, concedió el amparo solicitado, decidiendo:
“Primero.- REVOCAR por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia
del 16 de octubre de 2012 del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, que
confirmó la Sentencia del 8 de agosto de 2012 del Juzgado Cincuenta y Siete Civil
Municipal de Bogotá, que negó el amparo solicitado, y en su lugar TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la libre expresión
artística, invocados por la Corporación Taurina de Bogotá, dejando sin efectos la
Resolución 280 de 2012, “por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411 de

1 El auto 1928 de 2022 contiene un resumen detallado de estas actuaciones y providencias, (párr. 1-9).
Expediente T-3.758.508
2
1999”; y el Oficio 20121010062061 del 26 de abril de 2012, por medio del cual se
suspendió la venta de abonos y las novilladas en el marco del Festival de Verano.
Segundo.- DECLARAR la existencia de un daño consumado en relación con la
realización de la temporada taurina correspondiente al año 2013.
Tercero.- ORDENAR a la entidades accionadas: (i) restituir de manera inmediata
la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la
realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin
perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren
su destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario
taurino de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004; (ii) rehabilitar
en su integridad las instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos
taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la
diversidad cultural y el pluralismo social, en garantía de la salubridad, la seguridad
y la tranquilidad de las personas que utilicen dichos escenarios para realizar su
expresión artística o para disfrutarla; (iii) abstenerse de adelantar cualquier tipo de
actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento como
recinto del espectáculo taurino en Bogotá D.C.
Cuarto.- ORDENAR a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario
para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa María de
Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos
que garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su
difusión, teniendo en cuenta: (i) la reapertura de la Plaza como escenario taurino en
condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los
proponentes y la realización de los fines de transparencia en la administración
pública aplicables al proceso; (ii) el restablecimiento de los espectáculos taurinos en
las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la temporada
regular en los primeros meses del año como el Festival de Verano en el mes de
agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas
tradicionales, con las características habituales de la calidad y contenido de tal
expresión artística.
Quinto.- El IDRD dispondrá de seis (6) meses, a partir de la notificación de la
presente providencia, para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo anterior
-cuarto-, a través de los procedimientos contractuales u otros administrativos del
caso conducentes a la reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y
periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004”.

Luego de proferida la Sentencia T-296, las entidades accionadas
presentaron dos solicitudes de nulidad de la providencia ante la Corte
Constitucional, alegando principalmente que: (i) la Sala de Revisión había
desconocido el precedente constitucional consignado en las sentencias C-367
de 2006, C-666 de 2010 y C-889 de 2012; (ii) la Sala de Revisión había
desconocido la cosa juzgada del fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 12 de julio de 2012; y (iii) existía una falta de congruencia
de la sentencia. Verificada la concurrencia de los requisitos para la procedencia
formal de las solicitudes de nulidad contra las providencias de este tribunal y
evaluados los cargos formulados, la Corte concluyó que con la expedición de la
Sentencia T-296 no se produjo una violación al derecho al debido proceso,
resolviendo negar la solicitud mediante el auto 025 de 2015.
Asimismo, las entidades accionadas presentaron solicitudes de
aclaración, por medio de las cuales pidieron a la Sala de Revisión que
esclareciera algunas de las órdenes dictadas en la Sentencia T-296. Habiendo
verificado el cumplimiento de los requisitos para este tipo de solicitudes frente
a providencias proferidas por esta corporación, la Sala resolvió por medio del
auto 060 de 2015 (en adelante “Auto 060”) aclarar la providencia y,
Expediente T-3.758.508
3
particularmente, asumir la competencia para verificar el cumplimiento de
la Sentencia T-296.
Ese mismo año la Alcaldía y el IDRD presentaron una solicitud de
modificación del cronograma fijado por la Corte Constitucional para la
rehabilitación y operación de la Plaza de Toros de Santa María. Además, la
CTB solicitó que se declarara el incumplimiento de las órdenes contenidas en
la Sentencia T-296, por el inicio por parte de las autoridades distritales de un
procedimiento encaminado a la realización de una consulta popular local
dirigida a determinar si los ciudadanos estarían de acuerdo “con que se realicen
corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital”
2
. A través del auto
459 de 2015 la Sala de Revisión decidió dichas solicitudes, resolviendo: (i)
continuar con el trámite de verificación de cumplimiento de la Sentencia T-296;
(ii) abstenerse de declarar un incumplimiento por parte de las entidades
distritales; y (iii) abstenerse de realizar un pronunciamiento frente a la solicitud
de la CTB.
Posteriormente, la CTB solicitó a la Corte Constitucional, en dos escritos
separados: (i) la apertura del trámite incidental de desacato de la sentencia T296 de 2013 y de cumplimiento de dicha providencia3
; y (ii) el trámite de
cumplimiento de la sentencia T-296 de 20134
.
Por medio del auto 1928 del 15 de diciembre de 2022 (“Auto 1928” o
“Auto 1928 de 2022”), la Corte Constitucional resolvió las solicitudes de
apertura de incidente de desacato y de trámite de cumplimiento de la sentencia
T-296 de 2013 presentadas por la CTB, decidiendo:
“Primero.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de apertura de
incidente de desacato de la sentencia T-296 de 2013, presentada por la Corporación
Taurina de Bogotá y, en su lugar, REMITIR a través de la Secretaría General de
esta corporación dicha Solicitud al Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de
Bogotá D.C., para que para que proceda según sus competencias en la materia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Segundo.- RECHAZAR por improcedente la solicitud de cumplimiento formulada
por la Corporación Taurina de Bogotá en contra del Concejo de Bogotá, por la
expedición del Acuerdo 767 de 2020, conforme a las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero.- ABSTENERSE de declarar el incumplimiento por parte de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, frente a la sentencia T-296 de 2013, por la expedición del Acuerdo
767 de 2020, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Cuarto.- CONTINUAR el trámite de verificación del cumplimiento de la sentencia
T-296 de 2013, en los términos de la presente providencia.
Quinto.- DECLARAR que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte
INCUMPLIÓ la sentencia T-296 de 2013, con el proceso de selección abreviada de
menor cuantía No. IDRD-STP-CAMEP-092- 2021, conforme a las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Sexto.-. ORDENAR al Instituto Distrital de Recreación y Deporte que, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia: (i)

2 Corte Constitucional, auto 459 de 2015.
3 Memorial del 27 de agosto de 2020. Ver, auto 1928 de 2022 párr. 10-19.
4 Memorial del 18 de mayo de 2022. Ver, auto 1928 de 2022 párr. 22-30.
Expediente T-3.758.508
4
GARANTICE el pleno cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013; (ii) ADOPTE
las actuaciones correspondientes para cumplir con el remedio constitucional
requerido (ver numeral 136(ii) supra); y (iii) se ABSTENGA de realizar actuaciones
que impidan el adecuado y cabal cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013.
Séptimo.-. Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional,
NOTIFICAR por Estado la presente decisión, y COMUNICAR lo aquí decidido a
las partes que integran el proceso de tutela de la referencia.
Octavo.- Contra esta decisión no procede recurso alguno”.
B. SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL AUTO 1928 DE 2022

El 16 de enero de 2023 el IDRD radicó ante la Corte Constitucional una
solicitud de aclaración del resolutivo sexto del Auto 19285
(“Solicitud”),
puntualmente respecto al numeral (ii) del mismo. Dicho numeral le ordenó a la
entidad adoptar las actuaciones correspondientes para cumplir con el remedio
constitucional requerido. El referido remedio constitucional se encuentra
detallado en el fundamento jurídico 136(ii) del Auto 1928, que dispone:
“136. En consecuencia, verificado el incumplimiento de la Sentencia T-296 de 2013
por parte del IDRD, es deber de esta Sala adoptar los mecanismos necesarios para
evitar la perpetuación de dicha situación, decretando los remedios judiciales que
permitan superar el incumplimiento, velando así por la salvaguarda de los derechos
fundamentales del solicitante. En consecuencia, la Corte: […]
(ii) Ordenará al IDRD que, para garantizar el pleno cumplimiento de la sentencia
T-296 de 2013 deberá, a partir de la siguiente temporada taurina, en el marco de
sus competencias y utilizando los instrumentos jurídicos a su alcance (ej. excepción
de inconstitucionalidad), desplegar las actuaciones administrativas y contractuales
requeridas para garantizar la continuidad de la expresión artística de la
tauromaquia en la ciudad de Bogotá (Plaza de Toros de Santa María), bajo: a) las
claras y precisas condiciones para el desarrollo del espectáculo taurino tradicional,
conforme a lo consagrado en la Ley 916 de 2004; y b) el estricto cumplimiento a los
principios de la función pública y la contratación estatal, lo cual incluye la
estructuración y apertura de procesos de selección contractual bajo plazos y en
términos razonables que permitan a los interesados evaluar y preparar sus
propuestas, así como disponer del tiempo necesario para organizar adecuadamente
el evento. Las anteriores condiciones a) y b) deben entenderse conforme a la limitada
competencia de esta Sala de Revisión en la verificación del cumplimiento, sin que
puedan extenderse a que la Sala verifique o se pronuncie sobre cualquier
controversia que, en un futuro, se presente en relación con la realización del
espectáculo taurino en la ciudad de Bogotá, o que implique la asunción de una
competencia de seguimiento”6
.
Primera solicitud – Aplicación de la excepción de inconstitucionalidad:
Señaló el IDRD que el Auto 1928 de 2022 obvió indicar cuál norma debe ser
inaplicada por el IDRD para dar cumplimiento a las órdenes de la Sentencia T296 de 2013 y que, particularmente “no indica si es respecto de alguno de los
actos administrativos que ha expedido esta entidad durante el trámite para
cumplir el Acuerdo Distrital 767 de 2020 (por medio del cual se desincentivan
las prácticas taurinas en el Distrito Capital), o si la excepción debe aplicarse

5 Sexto.-. ORDENAR al Instituto Distrital de Recreación y Deporte que, de conformidad con lo señalado en la
parte motiva de esta providencia: (i) GARANTICE el pleno cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013; (ii)
ADOPTE las actuaciones correspondientes para cumplir con el remedio constitucional requerido (ver numeral
136(ii) supra); y (iii) se ABSTENGA de realizar actuaciones que impidan el adecuado y cabal cumplimiento
de la sentencia T-296 de 2013”.
6
(Énfasis añadido)
Expediente T-3.758.508
5
respecto de este Acuerdo”7
. En consecuencia, le solicitó a esta Sala aclarar y
explicitar si es el Acuerdo Distrital 767 de 2020 aquel que debe ser inaplicado
por inconstitucional.

Adicionalmente, la entidad distrital manifestó que dicho Acuerdo goza
de la presunción de legalidad y que la Alcaldía no ha sido notificada de la
suspensión provisional o anulación del mismo, por lo que resultaba
“indispensable” conocer si se solicitaba la inaplicación de dicha norma,
añadiendo que el Acuerdo 767 de 2020 fue expedido acatando “la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la aplicación del
principio de rigor subsidiario en materia ambiental, para proteger los
animales8”, punto sobre el cual ofreció una extensa aplicación9
. Así, concluyó
el IDRD que:
“[P]ara la administración distrital resulta de especial importancia que la Corte
Constitucional aclare si la solicitud de excepción de inconstitucionalidad que ordenó
en el Auto No. 1928 de 15-12-2022 recae o no sobre el Acuerdo Distrital 767 de
2020, dado que, que, como se explicó, este goza de presunción de legalidad, en tanto
que no ha sido anulado o suspendido por la jurisdicción contenciosa administrativa
y, adicionalmente, fue expedido en desarrollo de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el deber de protección animal”
10
.
Segunda solicitud – Alcance de la expresión “a partir de la siguiente
temporada taurina”: De acuerdo con lo manifestado por el IDRD, existe una
confusión entre la Sentencia T-296 de 2013 y el Auto 1928 de 2022, puesto que:
(i) La Sentencia T-296 dispuso en su resolutivo cuarto que el
restablecimiento de los espectáculos taurinos en Bogotá comprendía los
realizados “en las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá”11
,
lo cual incluye (a) la temporada taurina regular de los primeros meses del
año; y (b) el festival de verano del mes de agosto. Asimismo, el resolutivo
quinto dispuso un término de 6 meses desde la notificación de la
sentencia para el cumplimiento de la orden contenida en el resolutivo
cuarto.
(ii) El Auto 1928 en el fundamento jurídico 136(ii) -ver núm. 7 supradeterminó que las “actuaciones de cumplimiento [de la Sentencia T-296
de 2013] se deberán adelantar «(…) a partir de la siguiente temporada
taurina (…),»”12, señalando además que el ‘Proceso de Selección’13
implementado por el IDRD no permitía el cumplimiento de las órdenes
de la Sentencia T-296.
Por ende, la entidad indicó que era necesario aclarar si:
“el concepto de «(…) a partir de la siguiente temporada taurina (…)», según la orden
impartida originalmente en el artículo CUARTO de la Sentencia T-296 de 2013, en
concordancia con el artículo QUINTO, comprende:

7 Solicitud del IDRD, página 7.
8 Solicitud del IDRD, página 8.
9 Solicitud del IDRD, páginas 8-10.
10 Solicitud del IDRD, página 10.
11 Solicitud del IDRD, página 10.
12 Solicitud del IDRD, página 11.
13 Término definido en el auto 1928 de 2022 haciendo referencia al proceso de selección abreviada de menor
cuantía No. IDRD-STP-CAMEP-092- 2021 (ver. Auto 1928 párr. 24).
Expediente T-3.758.508
6
a) El «restablecimiento de los espectáculos taurinos» para «(…) el Festival de Verano
(…)» en el mes de agosto de 2023, toda vez que en plena observancia a lo señalado
en el numeral 117 del acápite motivo del Auto No. 1928 del 15 de diciembre de 2022,
la temporada regular «en los primeros meses del año», no es factible realizarla, pues
carecería de un cronograma que permitiera al adjudicatario la realización de dicha
temporada taurina.
b) El «restablecimiento de los espectáculos taurinos» como «(…) temporada regular
en los primeros meses del año como el Festival de Verano en el mes de agosto (…)»del
año 2024.
c) El cumplimiento pleno de la orden emitida «(…) a partir de la siguiente temporada
taurina (…)», teniendo en cuenta, una vez efectuada la aclaración a las inquietudes
que se mencionan en los literales a) y b), el término establecido para ello, en el
artículo QUINTO de la parte resolutiva de la Sentencia T-293 de 2013, proferida por
la Sala Segunda de Revisión de la H. Corte Constitucional”14
.

Frente a este punto, añadió el IDRD que la aclaración resultaba un
elemento esencial para poder dar cumplimiento a la Sentencia T-296 de 2013
en los términos del Auto 1928, pues para la adecuada planeación del proceso de
selección era indispensable “conocer el contenido y alcance de la orden que
comprende la acepción «(…) a partir de la siguiente temporada taurina(…)»”
15
,
así como el término para el cumplimiento de dicha orden.
Tercera solicitud – Alcance de la expresión “bajo plazos y en términos
razonables”: El IDRD pidió a la Corte que precisara el alcance de la expresión
“bajo plazos y en términos razonables” relacionada con el Proceso de
Selección, siendo necesario que el tribunal precise las condiciones para que un
plazo sea razonable, para dar un cabal y adecuado cumplimiento a la Sentencia
T-296, frente a lo cual además anotó que:
“la parte accionante [CTB] estimó en su solicitud de desacato que no se podía
pretender que: «el promotor del evento vendiera más de 10 mil boletas en tan solo 4
semanas y atravesando la época de festividades”16
.
Considerando lo anterior, el IDRD solicitó:
“1- Se sirva emitir providencia donde se efectúe ACLARACIÓN de lo dispuesto en
de lo dispuesto en el numeral SEXTO de la parte resolutiva del Auto No. 1928 del 15
de diciembre de 2022 y aquellos numerales del acápite motivo que influyen en dicha
decisión y señalados en el presente documento, proferido por la Sala Tercera de
Revisión de la H. Corte Constitucional, notificado en estado del 11-01-2023,
conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente documento.
2- Una vez proferida la correspondiente providencia aclaratoria, sírvase proceder a
su COMUNICACION, para proceder a su inmediato y efectivo cumplimiento,
conforme lo ordenado por la H. Corte Constitucional”17
.
C. ACTUACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL E
INFORMES DE LOS INTERESADOS
Luego de evaluar la Solicitud, la Corte resolvió mediante auto del 19 de
enero de 2023 correr traslado de la misma a las partes18 (v.gr. CTB y Alcaldía

14 Solicitud del IDRD, páginas 11-12. (Énfasis añadido)
15 Solicitud del IDRD, página 12.
16 Solicitud del IDRD, página 12.
17 Solicitud del IDRD, página 13.
18 Comunicado el 24 de enero de 2023 mediante oficio B-038/2023.
Expediente T-3.758.508
7
Mayor de Bogotá) para que se pronunciaran frente a la misma de considerarlo
procedente.

En atención a las órdenes anteriores, el despacho recibió respuesta de la
CTB el 26 de enero de 202219, la cual manifestó que20:
(i) La solicitud de aclaración constituye un acto adicional de dilación y mala
fe en el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia T-296 de 2013. La
Solicitud no obedece a un desconocimiento o a dudas del IDRD sobre la
decisión, sino es una maniobra para impedir la materialización de lo
ordenado en dicha sentencia.
(ii) Las solicitudes de aclaración no deben ser usadas para modificar una
orden impartida por la Corte constitucional, pues no son un instrumento
para impedir la materialización de lo ordenado en la sentencia T-296 de
2013.
(iii) En repetidas ocasiones, las autoridades distritales y el IDRD han dado a
conocer la posición de rechazo respecto de la realización de actividades
taurinas en la Plaza de Toros La Santamaria de Bogotá. Por ello, la
solicitud de aclaración se fundamenta en el rechazo a la decisión y no en
‘motivos de duda’.
(iv) La orden sexta del Auto 1928 no contiene ambigüedades, conteniendo 3
‘sub-órdenes’, dos de carácter positivo: (a) garantizar el pleno
cumplimiento de la Sentencia T-296 de 2013; (b) adoptar las actuaciones
correspondientes para cumplir con el remedio constitucional requerido;
así como una orden de carácter negativo (c) abstenerse de realizar
actuaciones que impidan el adecuado y cabal cumplimiento de la
Sentencia T-296.
(v) Debido a la claridad del Auto 1928 de 2022, no hay lugar a considerar
que este contenga expresiones que den lugar a duda y por ende a una
aclaración. El recurso planteado reprocha la Sentencia T-296 de 2013 y
no el Auto 1928 de 2022, toda vez que busca dejar sin efecto la orden
cuarta de la referida sentencia.
(vi) El IDRD busca que la Corte (a) supla sus funciones administrativas y le
cree un calendario para reanudar los espectáculos taurinos, con lo cual
busca modificar o dilatar el cumplimiento del auto de la Corte; y (b) actúe
como “su consejero jurídico [y] que le señale paso a paso cómo debe
ejercer la función administrativa, y cuáles son sus deberes
constitucionales […] pretende el IDRD que la Corte Constitucional
también le aconseje cómo y cuándo debe aplicar una excepción de

19 Informe de la Secretaría General de la Corte Constitucional, 30 de enero de 2023: “Vencido el término
probatorio, me permito informar al despacho del magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO, que el auto
de fecha 19 de enero de 2023, fue comunicado mediante el oficio B-038 y 039 de fecha 23 de enero de 2023
del cual se anexa copia con la constancia de envío; y durante el término allí indicado se recibió la siguiente
comunicación: • Correo electrónico remitido por VICTOR FRANZ DUEÑAS MONROY, Corporación Taurina
de Bogotá, por medio del cual allega oficio de fecha 25 de enero de 2023, en respuesta al oficio B-038/23. La
referida comunicación fue recibida en esta secretaria el 26 de enero de 2023. Contiene un (1) archivo en formato
PDF con 12 folios y un video”.
20 Los argumentos consignados son una síntesis de la respuesta de la CTB, luego de haber sido revisada en su
totalidad por la Sala.
Expediente T-3.758.508
8
inconstitucionalidad”
21, siendo claro que debe inaplicar el Acuerdo 767
de 2020 pues es la aplicación de este que motivó la solicitud de
incumplimiento de la Sentencia T-296.
(vii) Adicionalmente, al no aplicar la excepción de inconstitucionalidad e
impedir la aplicación de la misma está “ejerciendo actuaciones para
impedir el adecuado y cabal cumplimiento de la Sentencia T-296 de
2013, así como de las sentencias C-889 de 2012 y C- 666 de 2010, que,
paradójicamente, dice defender”

Por otro lado, el Acuerdo 767 de
2020 es ilegal, toda vez que “resulta contrario a la Ley 916 de 2004 que
regula de manera íntegra y detallada el espectáculo taurino, así como a
la jurisprudencia constitucional que ha declarado exequible tal
regulación”
23
.
Con fundamento en lo anterior, la CTB concluyó y solicitó que:
“En conclusión, solicitamos de la manera más respetuosa a la Corte Constitucional,
NEGAR la solicitud de aclaración elevada por el IDRD. Esta solicitud se basa en
lecturas amañadas y parcializadas de la jurisprudencia constitucional”
24
.
II. CONSIDERACIONES
A. COMPETENCIA
Conforme a lo previsto por el artículo 107 del Acuerdo 02 de 2015
“Reglamento Interno de la Corte Constitucional”, esta Sala de Revisión es
competente para conocer y decidir sobre la solicitud de aclaración presentada
por el IDRD. Por consiguiente, a continuación se estudiará si es posible acceder
a la solicitud de aclaración presentada por dicha entidad.
B. EL CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LAS SOLICITUDES DE
ACLARACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS EMITIDAS POR
LA CORTE CONSTITUCIONAL. Reiteración de
jurisprudencia25
Este tribunal ha definido que, por regla general, sus providencias no son
susceptibles de aclaración ni adición o complementación. Esto porque el
artículo 241 de la Constitución dispone que la función de guarda de la integridad
y supremacía del Texto Superior que se le confía a la Corte Constitucional debe
ejercerse “en los estrictos y precisos términos” de esta norma, dentro de los que
no se encuentra la facultad de aclarar o adicionar el sentido de las providencias.
Particularmente, ha señalado que, una vez concluida la etapa de revisión de los
fallos de tutela, la Corte pierde competencia para seguir conociendo de estos
asuntos y, por consiguiente, no estaría facultada para reformar, ampliar, corregir
o aclarar sus providencias26
.

21 Respuesta de la CTB, página 7.
22 Respuesta de la CTB, página 10.
23 Respuesta de la CTB, página 9.
24 Respuesta de la CTB, página 12.
25 Este acápite incorpora en general las consideraciones expuestas por esta la Sala Plena de la Corte
Constitucional en el auto 1303 de 2022 y, en lo correspondiente, lo considerado por esta Sala de Revisión en el
auto 1864 de 2022.
26 Corte Constitucional, auto 004 de 2021.
Expediente T-3.758.508
9

Sin embargo, de manera excepcional y frente a situaciones específicas,
la Corte ha admitido la posibilidad de aclarar y adicionar el sentido de sus
fallos, bien sea de oficio o a petición de parte. Esto, a pesar de que el Decreto
2591 de 1991 no establece estas medidas, bajo una interpretación de las
disposiciones pertinentes del procedimiento civil que sea compatible con la
naturaleza de la acción de tutela. Al respecto, el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto
1069 de 201527 prevé que para la interpretación de las disposiciones sobre el
trámite de la acción de tutela “[…] se aplicarán los principios generales del
Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
decreto [2591 de 1991]”.
De acuerdo con el artículo 285 del Código General del Proceso, la
aclaración de una providencia procede cuando “contenga conceptos o frases
que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la
parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”. Este tribunal ha indicado
que esta regla es aplicable al trámite de la acción de tutela por su relación con
el derecho de acceso a la administración de justicia (arts. 2° y 229 de la
Constitución Política), en razón a su relación con la garantía de cumplimiento
efectivo de los fallos y compatibilidad con los principios del Decreto 2591 de
199128
.
En este orden de ideas, “[…] se aclara lo que ofrece duda, lo que es
ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y,
solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en
la parte motiva influye en aquella”29. De manera que mientras no esté
establecida una duda evidente que se desprenda o influya en la parte resolutiva
del fallo, a este tribunal le está vedado “revocarla o reformarla, aún a pretexto
de aclararla”30. Esto por cuanto la aclaración no implica cuestionar, limitar,
restringir o ampliar el sentido y alcance de la decisión, ni modificar las razones
en las que se sustentó, pues admitir lo contrario conllevaría desconocer los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica31
.
En relación con la aclaración, la sentencia C-113 de 1993 reiteró que su
trámite no es pretexto para emitir un nuevo fallo, pues tal conducta desconocería
las competencias de esta Corte y vulneraría la cosa juzgada de la providencia.
Así, se indicó en esa oportunidad:
“Si, por el contrario, so pretexto de aclarar la sentencia se restringen o se amplían
los alcances de la decisión, o se cambian los motivos en que se basa, se estará en
realidad no ante una aclaración de un fallo, sino ante uno nuevo. Hipótesis esta
última que pugna con el principio de la cosa juzgada, y atenta, por lo mismo, contra
la seguridad jurídica”.
Ahora bien, la solicitud de aclaración debe cumplir con los siguientes
requisitos para su procedencia: (i) legitimación por activa, por lo que debe ser
presentada por alguno de los sujetos debidamente reconocidos en el marco del
proceso; (ii) oportunidad, ya que debe interponerse dentro del término de
ejecutoria de la providencia, esto es, dentro de los tres días siguientes a su
notificación. Adicionalmente (iii) el solicitante debe demostrar que la decisión
genera una duda razonable y objetiva que se desprenda de la parte resolutiva de

27 Norma que compiló el artículo 4 del Decreto 306 de 1992.
28 Corte Constitucional, auto 004 de 2021.
29 Corte Constitucional, auto 004 de 2000.
30 Corte Constitucional, auto 344 de 2014.
31 Corte Constitucional, autos 285 de 2010, 179 de 2014 y 290 de 2015, entre otros.
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10
la providencia o de la motiva, siempre y cuando influya de forma directa en la
decisión, y por lo tanto se justifica la aclaración32
-carga argumentativa33
-.

Con el fin de esclarecer cuándo puede considerarse que una expresión
ofrece motivo cierto de duda, el auto 193 de 2018 señaló que ello ocurre cuando
un enunciado consignado en la parte resolutiva del fallo impida comprender el
sentido de la medida. A su vez, explicó que la solicitud de aclaración no es un
mecanismo para “cuestionar aspectos que involucren el fondo del asunto, ni
para pretender que se adicionen nuevos argumentos jurídicos” al debate que,
en todo caso, finalizó con la emisión de la providencia. Frente a esto, el auto
1065 de 2021 precisó que:
“En atención a la solicitud que concierne en esta oportunidad, es preciso recordar
que la Corte admitió la procedencia excepcional de la aclaración de sus
providencias, siempre y cuando mediante dichas solicitudes no se promueva una
alteración sustancial de la decisión y estén circunscritas a “frases o conceptos que
se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos en la
parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido
en el fallo en cuestión”, de manera que se posibilite la ejecución de sus decisiones y
se asegure la protección de los derechos fundamentales. Al respecto, indicó que “‘lo
que ofrece duda, [es] lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar
perplejidad en su intelección’. En contraste, la Corte ha manifestado que la solicitud
de aclaración no sirve para “cuestionar la decisión judicial adoptada, antes que
dilucidar o aclarar puntos que ofrezcan realmente duda” (…)”. […]
Como lo ha sostenido esta Corporación, lo que ofrece duda, es aquello susceptible
de ocasionar perplejidad en su intelección, por lo que la solicitud de aclaración no
sirve para cuestionar la decisión judicial adoptada, antes que dilucidar o aclarar
puntos que ofrezcan realmente duda”.
En consecuencia, la solicitud de aclaración tampoco puede ser usada para
resolver dudas o interrogantes sobre el alcance y el sentido de las decisiones
adoptadas, en tanto la Corte Constitucional no es un órgano consultivo34. Menos
aún puede ser utilizada para proseguir el debate de fondo en el asunto, cuando
ha sido resuelto por el juez de forma definitiva.
C. CASO CONCRETO. LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN
SERÁ RECHAZADA POR SER IMPROCEDENTE
Realizadas las anteriores precisiones, pasará la Sala Quinta de Revisión
a decidir si resulta o no procedente la Solicitud del IDRD. En el caso de ser
procedente, pasará la Sala a estudiar si debe aclarar el Auto 1928 de 2022.
En relación con la legitimación por activa, la Solicitud cumple con dicho
requisito, ya que fue presentada por el IDRD, entidad accionada en la acción de
tutela bajo expediente T-3.758.508, bajo el cual se han proferido, entre otras, la
Sentencia T-296 de 2013 y el Auto 1928 de 2022, los cuales además contienen
órdenes dirigidas expresamente a dicha entidad distrital.
Frente a la oportunidad, la Sala evidencia que también se cumple con
este requisito. El auto fue notificado mediante estados del 11 de enero de 2023,

32 Corte Constitucional, auto 140 de 2020.
33 Corte Constitucional, auto 585 de 2021.
34 Corte Constitucional, autos 026 de 2003 y 276 de 2011; sentencia C-113 de 1993, reiterados en el auto 187
de 2018.
Expediente T-3.758.508
11
con lo cual el término de ejecutoria transcurrió entre el 12 y el 16 de enero de
2023, siendo presentada la Solicitud en dicho último día.

Sin embargo, la Solicitud incumple el requisito de carga argumentativa.
Al respecto, la Solicitud no se ajusta al propósito que el Código General del
Proceso estableció para la aclaración de providencias. Revisados los supuestos
fácticos y jurídicos que dieron origen a la petición, se concluye que la misma
debe rechazarse pues el contenido del Auto 1928 de 2022 no ofrece duda ni da
lugar a interpretaciones irrazonables.
Por lo tanto, sin que sea del caso adentrarse en la resolución de la
Solicitud planteada, para la Corte no existe duda que las órdenes contenidas en
el resolutivo sexto del Auto 1928 de 2022 son lo suficientemente claras para
que puedan ser comprendidas y acatadas por la entidad distrital. A continuación
se señalan las consideraciones que llevan a la Sala a esta conclusión.
En relación con la Primera solicitud, la petición de aclaración que se
revisa está fundamentada en argumentos que parecieran una extensión de la
discusión que dio lugar a la Sentencia T-296 de 2013 y, posteriormente, al Auto
1928 de 2022, sin que busque aclarar algún aparte con efectos en la parte
resolutiva de la providencia que genere una duda razonable. Así, antes que una
verdadera solicitud de aclaración de sentencia en los términos del Código
General del Proceso, se trata de un requerimiento de un concepto. Esta Sala de
Revisión no tiene competencia consultiva para resolver las dudas que se
formulen35
.
La Sala resalta que el IDRD está llamado al cumplimiento inmediato36
de las órdenes contenidas en la Sentencia T-296 de 2013 y, claro está, de lo
ordenado en el Auto 1928 que declaró un incumplimiento de la entidad frente a
la Sentencia T-296. En el mencionado Auto 1928 de 2022, esta Sala de Revisión
constató que la entidad distrital había incumplido la sentencia de tutela y, por
consiguiente, le ordenó que cumpliera con la misma – a partir de la siguiente
temporada taurina, pues no sería posible una orden retroactiva en ese sentido –
, para lo cual además la Sala le señaló que debía garantizar la continuidad de la
expresión artística de la tauromaquia en la ciudad de Bogotá (Plaza de Toros de
Santa María), tal como le había sido ordenado en la Sentencia T-296 de 2013.
Finalmente, la conminó a no realizar actuaciones que impidan el cumplimiento
de la sentencia (obligación de abstención). En ese sentido, sería incorrecto que
el IDRD entienda que el Auto 1928 de 2022 está imponiendo obligaciones
adicionales a las ya ordenadas vía sentencia en el año 2013.
Así pues, se evidencia que lo dispuesto en el Auto 1928 no resuelve algo
diferente que conminar al IDRD al cumplimiento de un fallo previo (Sentencia
T-296). Por ende, la referencia a la excepción de inconstitucionalidad en el Auto
1928 no corresponde una nueva orden de la Corte frente a una norma jurídica
concreta – como argumenta incorrectamente la entidad –; sino que, es un
llamado a la entidad adecuar su conducta al mandato previsto en el artículo 4
de la Constitución Política para que, en el caso que una norma inferior sea
contraria a la Carta Política, esta proceda a su inaplicación, máxime en tanto
media una orden judicial de amparo de derechos fundamentales.

35 Corte Constitucional, autos 585 de 2021, 187 de 2018. Ver, núm. 26 supra.
36 Constitución Política, artículo 86. Decreto 2591 de 1991, artículos 27 y 31.
Expediente T-3.758.508
12

Por ello, concluye la Sala que no es del caso estudiar la Primera solicitud
del IDRD, en tanto la entidad no identifica una duda evidente que influya en la
parte resolutiva de la providencia. Por el contrario, la entidad, mediante la
defensa de constitucionalidad y legalidad del Acuerdo 767 de 2020, busca
cuestionar aspectos que involucran el fondo del asunto y la decisión adoptada,
pues la argumentación constituye una forma de manifestar su desacuerdo con la
decisión, ampliar el alcance de la providencia, y controvertir aspectos que ya
fueron estudiados y resueltos por esta Sala de Revisión.
En este punto la Sala reitera su jurisprudencia en virtud de la cual la
solicitud de aclaración no puede ser empleada, como en el presente caso, para
reabrir el debate que fue zanjado en la providencia o adicionar nuevos
argumentos jurídicos a esta. Es claro que este órgano no tiene competencia para
seguir fallando acerca de los asuntos objeto de procesos culminados y respecto
de los cuales ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional37
.
En relación con la Segunda solicitud, la expresión “a partir de la
siguiente temporada taurina” no genera confusión o duda alguna sobre el
sentido o el alcance de la decisión y tampoco configura una indeterminación
insuperable que obstaculice el cumplimiento de la Sentencia T-296 de 2013.
El IDRD señaló que la confusión se fundaba en que: (i) no es factible
realizar la temporada taurina en el presente año pues no se podría adelantar un
proceso contractual que culmine con la adjudicación de un contrato para la
realización de pues “carecería de un cronograma que permitiera al
adjudicatario la realización de dicha temporada taurina”38; y (ii) la Sentencia
T-296 de 2013 había otorgado un plazo de seis meses para el cumplimiento de
la orden de restablecimiento de los espectáculos taurinos en Bogotá.
Contrario a lo manifestado por el IDRD, la forma en que dicha entidad
debe cumplir con las órdenes de la Sentencia T-296 de 2013 es clara39, así como
igualmente el alcance del concepto “a partir de la siguiente temporada
taurina” dispuesto en el Auto 1928 de 2022.
(i) El artículo 86 de la Constitución Política es diáfano en que los fallos de
tutela son de inmediato cumplimiento. El artículo 27 del Decreto 2591 de
1991 reitera que el cumplimiento de las órdenes de tutela deben ser
“cumplidas sin demora”.
(ii) El artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 determina que el fallo de tutela
debe contener “el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto
[…]”.
(iii) Mediante la Sentencia T-296 de 2013 la Corte: (a) tuteló los derechos
fundamentales de la CTB los cuales habían sido vulnerados por la
Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD; (b) fijó que el IDRD contaba con
un plazo de seis meses40 (leído conforme a lo dispuesto en el Auto 06041)

37 Corte Constitucional, auto 1265 de 2022.
38 Solicitud del IDRD, página 12.
39 Ver núm. 33.
40 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013, resolutivo quinto.
41 Corte Constitucional, auto 060 de 2015, resolutivo quinto: “DISPONER que el término de seis (6) meses
consagrado en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la Sentencia T-296 de 2013 para la realización del
proceso administrativo/contractual de operación de la Plaza de Toros, comenzará a correr a partir del 17 de
marzo de 2016, correspondiendo a la autoridad distrital competente adelantarlo de conformidad con el
Expediente T-3.758.508
13
para cumplir la orden cuarta de la providencia42, para lo cual requería
adelantar los procedimientos contractuales y/o administrativos
conducentes para la reanudación de los espectáculos taurinos.
(iv) El plazo de seis meses fijado en la Sentencia T-296 de 2013 era para el
cumplimiento inicial de dicho fallo, v.gr. con la realización de una
temporada taurina43. Por ende, no es acertado pretender que dicho plazo
sea extensible a la orden sexta dictada en el Auto 1928 de 2022.
(v) Lo anterior fue señalado en el Auto 1928 de 2022, con lo cual no es
posible justificar la teórica disyuntiva:
“94. La Corte dispuso en el ordinal quinto de la providencia que el IDRD contaba
con un plazo de 6 meses “para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo
anterior -cuarto-, a través de los procedimientos contractuales u otros
administrativos del caso conducentes a la reanudación de los espectáculos taurinos
tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004” . Esta orden fue
igualmente objeto de aclaración en el Auto 060, en el cual precisó que:
“el término de seis (6) meses consagrado en el ordinal quinto de la parte
resolutiva de la Sentencia T-296 de 2013 para la realización del proceso
administrativo/contractual de operación de la Plaza de Toros, comenzará a
correr a partir del 17 de marzo de 2016, correspondiendo a la autoridad
distrital competente adelantarlo de conformidad con el resolutivo cuarto de
la sentencia, “en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la
selección objetiva de los proponentes y la realización de los fines de
transparencia en la administración pública”, conducente a la reanudación
de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de la
Ley 916 de 2004”.

El cronograma fijado en el Auto 060 para el cumplimiento de la Sentencia T296 se relaciona con la rehabilitación estructural de la plaza, actividad que era
necesaria para el cumplimiento general de dicha providencia: la continua
realización de espectáculos taurinos en Bogotá mientras las condiciones legales así
lo permitan. En consecuencia, las órdenes de la sentencia T-296 de 2013 no se
agotaron en la restitución de la plaza como escenario físico para la realización del
espectáculo taurino, para una sola temporada taurina”
44
.
En vista de lo anterior, la Corte encuentra que incluso el Auto 1928 de
2022 ya zanjó la teórica confusión que el IDRD señala en este particular.

resolutivo cuarto de la sentencia, “en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva
de los proponentes y la realización de los fines de transparencia en la administración pública”, conducente a la
reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004”.
42 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013: “Cuarto.- ORDENAR a las autoridades distritales
competentes disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa
María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la
continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta: (i) la reapertura de la
Plaza como escenario taurino en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de
los proponentes y la realización de los fines de transparencia en la administración pública aplicables al proceso;
(ii) el restablecimiento de los espectáculos taurinos en las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá,
incluyendo tanto la temporada regular en los primeros meses del año como el Festival de Verano en el mes de
agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas tradicionales, con las
características habituales de la calidad y contenido de tal expresión artística”.
43 Corte Constitucional, auto 1928 de 2022: “88. Como se mencionó, las órdenes que la CTB alega como
incumplidas por el IDRD son órdenes de naturaleza compleja, es decir, aquellas que no implican un
cumplimiento de un solo acto, sino que “suponen “un marco metodológico compuesto de múltiples fases y
actuaciones” dirigidas a su ejecución” . Así, el cumplimiento de la Sentencia T-296 no se limitaba a una única
actuación por parte de las entidades accionadas, sino el despliegue de diferentes actuaciones de dichas entidades
en ejercicio de la función administrativa. […] 97. Esto implica que las temporadas se puedan adelantar de
forma continua, habitual y usual. Así, el mandato de la Sentencia T-296 no debe ser entendido como
exclusivamente referido a un solo momento, por una sola corrida o temporada”.
44 Corte Constitucional, auto 1928 de 2022. (Énfasis añadido)
Expediente T-3.758.508
14
Adicionalmente, el Auto 1928 no requiere de un término para su cumplimiento,
toda vez que lo concluido en este es que el IDRD se encuentra en
incumplimiento de lo ordenado en la Sentencia T-296 de 2013 y se le requiere
al cumplimiento de la misma en los términos señalados en dicho Auto.

Asimismo, en aras de brindar una verdadera protección de los derechos
fundamentales de la CTB, es evidente que la administración siempre deberá
privilegiar aquella decisión que permita el inmediato restablecimiento de los
derechos vulnerados y nunca aquella que perpetúe la vulneración de los
mismos. Por consiguiente y sin que sea procedente que este tribunal fije los
detalles del procedimiento contractual, esta Sala reitera que el IDRD está
obligado a cumplir “sin demora” con las órdenes Sentencia T-296 de 2013.
Respecto a la Tercera solicitud, para la Sala son aplicables las mismas
conclusiones a las que arribó frente a la Segunda solicitud. No es necesario dar
mayor claridad a la expresión “bajo plazos y en términos razonables”, pues esta
no genera un verdadero motivo de duda en relación con las órdenes impartidas
que impidan su cumplimiento. Este particular, además de coincidir con lo
analizado frente a la Segunda solicitud, fue estudiado en detalle en el Auto 1928
de 2022 (en este sentido, ver fundamentos jurídicos. 113-119).
Así las cosas, la Sala reitera que el IDRD debe cumplir sin demora con
las órdenes de la Sentencia T-296 de 2013 y siempre privilegiar aquellas
decisiones administrativas que, en atención a los demás principios
constitucionales y legales aplicables a la función pública y contratación estatal,
privilegien el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados sin
dilaciones.
Finalmente, de cara a lo manifestado tanto por el IDRD como la CTB
sobre la constitucionalidad y legalidad del Acuerdo Distrital 767 de 2020, la
Sala reiterará lo señalado en el Auto 1928 de 2022 conforme al cual el análisis
de validez de dicho acuerdo corresponde “al juez natural investido
constitucional y legalmente para conocer de la legalidad del acto (jurisdicción
de lo contencioso administrativo)”
45
.
En consecuencia, la Solicitud de aclaración del Auto 1928 de 2022
presentada por el IDRD será rechazada ya que incumple el requisito de carga
argumentativa y no se enmarca dentro del propósito de aquella. No existe una
razón objetiva de duda que le impida el entendimiento de lo dispuesto en la
parte resolutiva ni tampoco que influya en el cumplimiento de lo decidido en el
Auto 1928.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional
de la República de Colombia,
RESUELVE
Primero. – RECHAZAR la solicitud de aclaración del Auto 1928 de 2022,
presentada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

La Corte y los toros

Pretenden «borrar» la declaratoria de patrimonio cultural de la nación a las corridas en Manizales

By Guillermo Rodríguez marzo 16, 2023

Ante la Corte un grupo anti taurino presentó demanda de nulidad de la declaratoria de patrimonio cultural de la nación de las corridas de toros.

La Corte fallará en su momento.

De momento ha comenzado el largo trámite jurídico para decidir si son o no en Manizales las corridas patrimonio cultural pues en el curso de los debates intervendrán desde representantes de los gremios , la sociedad civil, la Cruz Roja en Manizales a expertos de las universidades y de las facultades de derecho que harán sus aportes académicos

LA CORTE

ADMITIR la demanda de inconstitucionalidad identificada con el
radicado D-15098, formulada por los ciudadanos Sergio Manzano Macías, John
Hemayr Yepes Cardona, Jessica Silvana Quiroz Hernández, Eduardo Peña
Garzón, Deyanira Mateus Cifuentes, contra el artículo 1o (parcial), artículo 2
(total) y artículo 3 (parcial) de la Ley 1025 de 2006 “Por medio de la cual se
declara como patrimonio cultural de la Nación a la Feria de Manizales y a la
Feria Taurina de Manizales, en el departamento de Caldas y se dictan otras
disposiciones”.
Segundo.- OFICIAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte, a
los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes para que, en el término de 10 días hábiles contados a partir de
la comunicación del presente auto, se sirvan remitir a esta corporación los
siguientes documentos relacionados con el trámite de aprobación de la Ley 1025
de 2006 “Por medio de la cual se declara como patrimonio cultural de la
Nación a la Feria de Manizales y a la Feria Taurina de Manizales, en el
departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones”, a saber:
(i) Copia de la Gaceta del Congreso en donde se publicó oficialmente la
iniciativa que dio lugar a la expedición de la Ley de la referencia, con
indicación exacta de la(s) página(s) en la(s) que consta dicha actuación.
(ii) Copia de la Gaceta del Congreso en donde se publicó la ponencia para
primer debate, con indicación exacta de la(s) página(s) en la(s) que consta
dicha actuación. En caso de haberse radicado varias ponencias, sírvanse
también suministrar esta misma información frente a cada una de ellas.
(iii) Copia de las Gacetas del Congreso en donde se publicaron las actas en las
que se debatió y aprobó en primer debate la iniciativa legislativa de la

Expediente D-15098

4
referencia, con indicación exacta de la(s) página(s) en la(s) que consta
dicha actuación.
(iv) Copia de la Gaceta del Congreso en donde se publicó la ponencia para
segundo debate, con indicación exacta de la(s) página(s) en la(s) que
consta dicha actuación. En caso de haberse radicado varias ponencias,
sírvanse también suministrar esta misma información frente a cada una de
ellas.
(v) Copia de las Gacetas del Congreso en donde se publicaron las actas en las
que se debatió y aprobó en segundo debate la iniciativa legislativa de la
referencia, con indicación exacta de la(s) página(s) en la(s) que consta
dicha actuación.
(vi) Copia de la Gaceta del Congreso en donde se publicó el informe de
conciliación, de haber existido, con indicación exacta de la(s) página(s) en
la(s) que consta dicha actuación.
(vii) Copia de las Gacetas del Congreso en donde se publicaron las actas en las
que se debatió y aprobó el informe de conciliación de la iniciativa de la
referencia, de haber existido, con indicación exacta de la(s) página(s) en
la(s) que consta dicha actuación.
Los Secretarios Generales deberán remitir a la Corte, preferiblemente en medio
magnético, las Gacetas del Congreso en donde hayan sido publicadas las actas
y ponencias referidas a las actuaciones indicadas en los numerales anteriores.
En el evento en que alguna de las Gacetas aún no hubiere sido publicada,
deberán informar a la Corte expresamente sobre ese particular, señalando el
motivo por el cual ese trámite aún no ha sido llevado a cabo. En todo caso, la
Gaceta correspondiente deberá remitirse a la Corte inmediatamente luego de
haber sido publicada.
Para satisfacer esta orden, la copia de las Gacetas puede enviarse al correo
electrónico: secretaria2@corteconstitucional.gov.co, cumpliendo con los
deberes de descripción en el texto remisorio.
Tercero.- OFICIAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte, al
Ministerio de Cultura, a la Alcaldía de Manizales, a la Gobernación de Caldas,
para que directamente o a través de su apoderada, en el término de 10 días
hábiles contados a partir de la comunicación del presente auto, certifique e
informe a este despacho directamente o a través de sus dependencias
competentes:
(i) Los elementos de carácter histórico, cultural y/o antropológico que reúne
la Feria Taurina de Manizales, y que en su opinión identifican y crean la
identidad de la comunidad o le permite enmarcar las actividades celebradas
durante las fechas de la dicha feria en el patrimonio cultural de la Nación,
incluyendo pero sin limitarse al recuento del contenido de las actividades
que se realizan durante las ferias, señalando además desde qué fecha se
tiene registro histórico de la realización de dichas actividades.
(ii) De existir, cuáles son las actividades que se desarrollan para preservar la
celebración de la Feria Taurina de Manizales, y qué medidas de

Expediente D-15098

5
salvaguarda, revitalización, promoción emplean, con el fin de evitar la
extinción o el deterioro de dicha celebración. Es posible, independizar las
actividades que se desarrollan en la Feria de Manizales, respecto de las que
se celebran como parte de la Feria Taurina de la misma ciudad.
(iii) Si existe algún acuerdo, o cualquier tipo de documento que evidencie con
claridad las fuentes de financiación de las actividades que se llevan a cabo
durante la Feria Taurina de Manizales.
(iv) El impacto durante las fechas en las que se celebra la Feria Taurina de
Manizales, en la actividad turística del Municipio (v.gr. ocupación
hotelera, registro de visitantes, etc.), así como participación y asistentes a
los eventos relacionados con la celebración de dicha feria.
(v) Señalar las actividades que se realizan con los habitantes del municipio de
Manizales, con el fin de tenerlos como gestores de la tradición taurina en
Colombia y en América.
(vi) Indicar las actividades respecto de las cuáles dichas entidades contribuyen
al fomento nacional e internacional, promoción, sostenimiento,
conservación, divulgación y desarrollo del Programa Semillero Taurino,
en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas.
(vii) Copia los acuerdos y ordenanzas, y cualquier otra normatividad relevante
proferida por las autoridades locales en esta materia.
Cuarto.- Una vez recibidas y evaluadas por el despacho ponente las pruebas
decretadas en el numeral anterior, se procederá por intermedio de la Secretaría
General de esta corporación a CORRER traslado del expediente a la Procuradora
General de la Nación para que, dentro del término de treinta (30) días, emita el
concepto correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del
Decreto 2067 de 1991.
Quinto.- Simultáneamente, con el traslado a la procuradora general de la Nación,
FIJAR EN LISTA el presente proceso en la Secretaría General de la Corte por
el término de diez (10) días, para efectos de permitir la intervención ciudadana,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991.
Sexto.- ORDENAR que, por Secretaría General, de conformidad con lo señalado
en el artículo 244 de la Constitución y en el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991,
se comunique la iniciación de este proceso al Presidente del Congreso, para que,
si lo considera conveniente, intervenga directamente o por intermedio de
apoderado escogido para el efecto, mediante escrito que deberá presentarse
dentro de los diez (10) días siguientes al de recibo de la comunicación
correspondiente, indicando las razones que, a su juicio, justifican la declaración
de constitucionalidad o de inconstitucionalidad de las normas demandadas.
Séptimo.- ORDENAR que, por Secretaría General, de conformidad con lo
señalado en el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, se comunique la iniciación
de este proceso al Presidente de la República, al Ministerio del Interior, al
Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (este último en virtud del Decreto 1069
de 2015), para que, si se considera conveniente, cada uno de ellos intervenga

Expediente D-15098

6
directamente o por intermedio de apoderado escogido para el efecto, mediante
escrito que deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes al de recibo
de la comunicación correspondiente, indicando las razones que, a su juicio,
justifican la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad de la
norma demandada.
Octavo.- Por medio de la Secretaría General de esta Corte, INVITAR a
participar en este proceso a la Asamblea Departamental de Caldas, al Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural de Caldas, Concejo de Manizales, de
modo que, si lo estiman conveniente, presenten escrito que deberá presentarse
dentro de los diez (10) días siguientes al del recibo de la comunicación
respectiva.
Noveno.- Por medio de la Secretaría General de esta Corte, INVITAR a
participar en este proceso a la Corporación Cívica de Caldas, Fenalco Caldas,
Cámara de Comercio de Caldas, Cruz Roja de Caldas, Fedegán, Unión de
Toreros, Unión de Sibalternos, Asociación Hotelera y Turística de Colombia –
Cotelco seccional Caldas, Cormanizales, Instituto de Cultura y Turismo de
Manizales, a la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, a la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a la Facultad de
Derecho de la Universidad Externado, a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Pontificia Universidad Javeriana, al director de Especialización en Derecho
Urbanístico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, a la Facultad de
Derecho de la Universidad de la Sabana, a la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre – Sede Bogotá-, a la Facultad de Derecho de la Universidad
de Los Andes, y a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional –Sede
Bogotá-, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, a la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales, de modo que, si lo estiman
conveniente, presenten escrito que deberá presentarse dentro de los diez (10)
días siguientes al del recibo de la comunicación respectiva. Los invitados
deberán, al presentar su respectivo concepto, manifestar si se encuentran en
conflicto de intereses.
Notifíquese y cúmplase,

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

La Corte y los toros

La Corte Constitucional, en cualquier momento , responde al IDRD las aclaraciones que solicitó sobre la providencia que reabre La Santamaría

By Guillermo Rodríguez enero 25, 2023

La Sala Tercera de la Corte Constitucional responderá en cualquier momento desde este jueves el requerimiento de aclaración que le pidió el IDRD que maneja el bien cultural plaza de toros de Santamaría para aplicar la clarísima providencia que reabre la plaza y se realice el procedimiento de apertura de la licitación para este 2023 que en el lenguaje burocrático llaman de » aprovechamiento económico».

No hay lugar a equívocos ni a dilaciones por parte del Instituto de Recreación y Deportes del Distrito, IDRD

Tendido7 revela el Documento de la Corte

Bogotá D.C, veintitrés (23) de enero dos mil veintitrés (2023)
Oficio B-038/2023
Señores
Corporación Taurina de Bogotá
corporaciontaurinabogota@gmail.com
corptaurinalegal@gmail.com
Alcaldía Mayor de Bogotá
notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co
Referencia: Traslado de la Solicitud de Aclaración al Auto 1928/22 Solicitudes
de cumplimiento y solicitud de apertura de incidente de desacato de la sentencia
T-296 de 2013. Expedientes: T-3.758.508 Accionante Corporación Taurina de
Bogotá contra Alcaldía Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de Recreación y
Deporte
Respetados señores:
De manera formal, pongo en su conocimiento para lo de su competencia,
copia del Auto proferido por la Sala Tercera de Revisión, integrada por la
magistrada PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA y los magistrados
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO y ALEJANDRO LINARES
CANTILLO, quien la preside, del diecinueve (19) de enero de dos mil
veintitrés (2023), en la cual resolvió:
“Primero. – REMITIR a la Corporación Taurina de Bogotá y la Alcaldía
Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, copia de la solicitud de aclaración (y sus anexos)
presentada el 16 de enero de 2023 por el Instituto Distrital de Recreación
y Deporte.
Segundo. – DISPONER que, en caso de considerarlo pertinente, la
Corporación Taurina de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá pueden
hacer llegar sus pronunciamientos a esta Corte dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes a la comunicación del presente auto.
Tercero. – ENTERAR de la presente decisión al Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, a través de la Secretaría General de la Corte
Constitucional.
Cuarto. – Para dar cumplimiento al numeral primero del resolutivo de la
presente providencia, los documentos deberán ser remitidos a esta Corte
al buzón: secretaria2@corteconstitucional.gov.co .”
Cordialmente,
MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Anexo: – Copia del mencionado auto, en 3 folios y copia de la solicitud
de aclaración (y sus anexos) presentada el 16 de enero de 2023 por el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
Elaboró: Olga María Rodríguez
Revisó: Duglas Alberto Ballesteros Quintero

La Corte y los toros

Tendido7 revela la sentencia de la Corte Constitucional que ordena al IDRD no aplicar Acuerdo del Concejo de Bogotá que mutiló la corrida

By Guillermo Rodríguez enero 10, 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Tercera de Revisión-
AUTO 1928 de 2022

Expediente: T-3.758.508
Referencia: Solicitudes de cumplimiento y
solicitud de apertura de incidente de
desacato de la sentencia T-296 de 2013.
Magistrado ponente:
Alejandro Linares Cantillo
Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera, Antonio José Lizarazo Ocampo,
y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido el siguiente:
AUTO

I. ANTECEDENTES
A. SENTENCIA T-296 DE 2013

Mediante la sentencia T-296 de 2013 (en adelante “Sentencia T-296” o la
“Sentencia T-296 de 2013”), proferida por la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, este tribunal efectuó la revisión de las sentencias de tutela
del 16 de octubre de 2012 proferida por el Juzgado Veinticinco Civil del
Circuito de Bogotá, y la Sentencia del 8 de agosto de 2012 del Juzgado
Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, dictadas en el marco del proceso
de tutela iniciado por la Corporación Taurina de Bogotá (en adelante “CTB”)
contra la Alcaldía Mayor de Bogotá (en adelante “Alcaldía”) y el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte (en adelante “IDRD”).
En la acción de tutela, la CTB consideró que se habían vulnerado sus
derechos al debido proceso y a la libertad de expresión artística, por la decisión
de dichas autoridades públicas de terminar anticipadamente el contrato que
permitía a la CTB el uso de la Plaza de Toros de Santa María para realizar
espectáculos taurinos, y la decisión administrativa de suspender la venta de

Expediente T-3.758.508

2
abonos para la temporada 2013 y la cancelación de novilladas adelantadas en el
marco del Festival de Verano.

La Sala Segunda de Revisión resolvió el caso concreto, revocando las
providencias de instancia proferidas en el trámite de la acción de tutela y
concedió el amparo solicitado, decidiendo:
“Primero.- REVOCAR por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia del
16 de octubre de 2012 del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, que
confirmó la Sentencia del 8 de agosto de 2012 del Juzgado Cincuenta y Siete Civil
Municipal de Bogotá, que negó el amparo solicitado, y en su lugar TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la libre expresión artística,
invocados por la Corporación Taurina de Bogotá, dejando sin efectos la Resolución 280
de 2012, “por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411 de 1999”; y el Oficio
20121010062061 del 26 de abril de 2012, por medio del cual se suspendió la venta de
abonos y las novilladas en el marco del Festival de Verano.
Segundo.- DECLARAR la existencia de un daño consumado en relación con la
realización de la temporada taurina correspondiente al año 2013.
Tercero.- ORDENAR a la entidades accionadas: (i) restituir de manera inmediata la
Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de
espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras
destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su destinación
principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de primera
categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004; (ii) rehabilitar en su integridad las
instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones
habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo
social, en garantía de la salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que
utilicen dichos escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla; (iii)
abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida
o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo taurino en Bogotá D.C.
Cuarto.- ORDENAR a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario
para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa María de
Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que
garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión,
teniendo en cuenta: (i) la reapertura de la Plaza como escenario taurino en condiciones
de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la
realización de los fines de transparencia en la administración pública aplicables al
proceso; (ii) el restablecimiento de los espectáculos taurinos en las fechas u ocasiones
usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la temporada regular en los primeros
meses del año como el Festival de Verano en el mes de agosto; (iii) la sucesiva, periódica
y regular realización de las actividades taurinas tradicionales, con las características
habituales de la calidad y contenido de tal expresión artística.
Quinto.- El IDRD dispondrá de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente
providencia, para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo anterior -cuarto-, a
través de los procedimientos contractuales u otros administrativos del caso conducentes
a la reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos
de la Ley 916 de 2004.”
B. AUTOS 025, 060 Y 459 DE 2015
Luego de proferida la Sentencia T-296, las entidades accionadas
presentaron sendas solicitudes de nulidad de la providencia ante la Corte
Constitucional, alegando principalmente que: (i) la Sala de Revisión había
desconocido el precedente constitucional consignado en las sentencias C-367
de 2006, C-666 de 2010 y C-889 de 2012; (ii) la Sala de Revisión había

Expediente T-3.758.508

3
desconocido la cosa juzgada del fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 12 de julio de 2012; y (iii) existía una falta de congruencia
de la sentencia. Establecida la concurrencia de los requisitos para la procedencia
formal de las solicitudes de nulidad contra las providencias de este tribunal y
evaluados los cargos formulados, la Corte concluyó que con la expedición de la
Sentencia T-296 no se produjo una violación al derecho al debido proceso,
resolviendo mediante el auto 025 de 2015 (en adelante “Auto 025”):
“NEGAR la solicitud de nulidad de la Sentencia T-296 de 2013, proferida por la Sala
Segunda de Revisión.”

Asimismo, las entidades accionadas presentaron solicitudes de aclaración,
por medio de las cuales pidieron a la Sala de Revisión que esclareciera algunas
de las órdenes dictadas en la Sentencia T-296. Habiendo verificado el
cumplimiento de los requisitos para este tipo de solicitudes frente a
providencias proferidas por esta corporación, la Sala resolvió por medio del
auto 060 de 2015 (en adelante “Auto 060”) aclarar la providencia y,
particularmente, asumir la competencia para verificar el cumplimiento de
la Sentencia T-296, en los siguientes términos:
“Primero.- ACLARAR que la orden de restitución contenida en el resolutivo tercero de
la Sentencia T-296 de 2013 (i. “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa
María como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la
preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o
recreativas siempre que éstas no alteren su destinación principal y tradicional,
legalmente reconocida, como escenario taurino de primera categoría de conformidad
con la Ley 916 de 2004”), alude a la ratificación de la destinación jurídica de la Plaza
de Toros de Santa María de Bogotá, como plaza de toros permanente de primera
categoría, de acuerdo con lo establecido en la Ley 916 de 2004.
Segundo.- ACLARAR que la rehabilitación dispuesta en el ordinal tercero de la parte
resolutiva de la Sentencia T-296 de 2013 (ii. Rehabilitar en su integridad las
instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones
habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo
social, en garantía de la salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que
utilicen dichos escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla”),
comprende la obra de reforzamiento estructural de la Plaza de Toros de Santa María
decidida por la autoridad distrital.
Tercero.- ASUMIR la competencia para verificar cumplimiento de la sentencia T-296
de 2013.
Cuarto.- DISPONER que la ejecución de las obras de reforzamiento estructural de
Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, parte integral del mandato de rehabilitación
antes aludido, habrá de adelantarse de acuerdo con el cronograma propuesto por la
autoridad distrital, así: (i) la legalización del contrato para el reforzamiento estructural
deberá realizarse a más tardar el 17 de marzo de 2015; (ii) el término máximo de
ejecución del contrato de rehabilitación estructural de la Plaza de toros de Santa María
será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la legalización del respectivo
contrato.
Quinto.- DISPONER que el término de seis (6) meses consagrado en el ordinal quinto
de la parte resolutiva de la Sentencia T-296 de 2013 para la realización del proceso
administrativo/contractual de operación de la Plaza de Toros, comenzará a correr a
partir del 17 de marzo de 2016, correspondiendo a la autoridad distrital competente
adelantarlo de conformidad con el resolutivo cuarto de la sentencia, “en condiciones de
neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la
realización de los fines de transparencia en la administración pública”, conducente a la

Expediente T-3.758.508

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reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de
la Ley 916 de 2004.
Sexto.- INFORMAR a los interesados que contra las decisiones atinentes a la
aclaración de la Sentencia T-296 de 2013 no procede recurso alguno”.

Conforme fue precisado en el Auto 060, dicha competencia para verificar
el cumplimiento de la providencia obedecía a las siguientes tres razones:
“(i) la verificación del cumplimiento se refiere a una sentencia dictada por la Corte
Constitucional, en la que se concede la pretensión; (ii) la intervención de la Corte es
necesaria para la preservación del orden constitucional pues se encamina a asegurar la
efectividad de las órdenes dispuestas en la sentencia T-296/13; y (iii) se comprueba la
necesidad de que la Corte Constitucional intervenga para hacer efectiva la protección
de los derechos fundamentales vulnerados, al haber sido puesto en consideración de la
Sala, como situación sobreviniente, la necesidad de emprender labores de reforzamiento
estructural de la Plaza, para asegurar la seguridad, la salubridad y la tranquilidad de
los asistentes y participantes del espectáculo taurino”.
Posteriormente, la Alcaldía y el IDRD presentaron una solicitud de
modificación del cronograma fijado por la Corte Constitucional para la
rehabilitación y operación de la Plaza de Toros de Santa María, toda vez que el
proceso licitatorio había sido declarado desierto por la Directora del Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural y resultaba necesario “dar un tiempo
prudencial para que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a través del Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, reinicie un nuevo proceso de
selección de contratista que permita llevar a cabo el reforzamiento estructural
de la Plaza Santamaría”1
.
Además, la CTB solicitó que se declarara el incumplimiento de las órdenes
contenidas en la Sentencia T-296, por el inicio por parte de las autoridades
distritales de un procedimiento encaminado a la realización de una consulta
popular local dirigida a determinar si los ciudadanos estarían de acuerdo “con
que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital”
2
.
Para la CTB, el referido procedimiento implicaba el incumplimiento de la
providencia, toda vez que, entre otros, constituían actuaciones administrativas
que impiden, obstruyen y dilatan el cumplimiento de la Sentencia T-296 de
2013, siendo contrario a lo ordenado por este tribunal.
A través del auto 459 de 2015 (en adelante “Auto 459”) la Sala de Revisión
decidió dichas solicitudes, resolviendo:

“Primero.- CONTINUAR el trámite de verificación del cumplimiento de la sentencia T-
296 de 2013.

Segundo.- ABSTENERSE DE DECLARAR el incumplimiento por parte de la Alcaldía
Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, frente a la realización
de labores de rehabilitación de la Plaza de Toros de Santa María dispuestas en el ordinal

1 Corte Constitucional, auto 459 de 2015, núm. I.1.2.
2 Corte Constitucional, auto 459 de 2015.

Expediente T-3.758.508

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tercero de la sentencia T-296 de 2013 y los ordinales segundo y cuarto del Auto A-060
de 2015.
Tercero-. ABSTENERSE de hacer un pronunciamiento sobre la solicitud de la
Corporación Taurina de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia”.
C. SOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO Y APERTURA DE
INCIDENTE DE DESACATO DE LA SENTENCIA T-296 DE
2013

PRIMERA SOLICITUD: Cumplimiento de la Sentencia T-296 de 2013 y/o
apertura de incidente de desacato

El 27 de agosto de 2020 la Corporación Taurina de Bogotá por intermedio
de su representante legal, presentó ante la Corte Constitucional un escrito
solicitando la apertura del trámite incidental de desacato de la sentencia T-296
de 2013 (en adelante “Primera Solicitud”), frente al presunto incumplimiento
de lo resuelto en esta por parte de sus destinatarios “la Doctora CLAUDIA
NAYIBE LÓPEZ HERNANDEZ en calidad de Alcaldesa Mayor de Bogotá y el
Doctor CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN, en condición de presidente
del Concejo de Bogotá”.
En particular, la CTB argumentó que con la expedición del Acuerdo
Distrital 767 de 2020 (el “Acuerdo 767”) “[p]or el cual se desincentivan las
prácticas taurinas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” el
Concejo de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. estaban en desacato del
literal (iii) del ordinal cuarto de la sentencia T-296 de 2013 (la “Orden Cuarta-
(iii)”), que dispone:
“[…] Cuarto.- ORDENAR a las autoridades distritales competentes disponer lo
necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa
María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros
administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la
tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta: (i) la reapertura de la Plaza como
escenario taurino en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección
objetiva de los proponentes y la realización de los fines de transparencia en la
administración pública aplicables al proceso; (ii) el restablecimiento de los espectáculos
taurinos en las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la
temporada regular en los primeros meses del año como el Festival de Verano en el mes
de agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas
tradicionales, con las características habituales de la calidad y contenido de tal
expresión artística. […]”
3
. (Énfasis añadido)
En síntesis, la CTB consideró que por medio del Acuerdo 767
(puntualmente los artículos 1, 3 y 4) se desobedece la obligación de las
entidades distritales de garantizar la continuidad de la expresión artística de la
tauromaquia, incumpliendo así con la Orden Cuarta(iii) de la sentencia T-296
de 2013. Adicionalmente, el solicitante afirmó que, conforme a lo resuelto en
el numeral tercero del auto 060 de 2015 de la Corte Constitucional4

, es esta
corporación la autoridad competente para conocer del cumplimiento de la
sentencia T-296 de 2013 y, en consecuencia, para adelantar el trámite de
3 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013.
4 Corte Constitucional, auto 060 de 2015: “RESUELVE: […] Tercero.- ASUMIR la competencia para verificar
cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013.”

Expediente T-3.758.508

6
cumplimiento de dicha providencia y los incidentes de desacato. La CTB
fundamentó su solicitud en que:

Primero, los destinatarios de la Orden Cuarta(iii) son las autoridades
distritales, concepto que comprende tanto a la Alcaldía Mayor de Bogotá como
al Concejo de Bogotá, “quienes emitieron el ACUERDO 767 DEL 2 DE JULIO
DEL 2020”5

, acuerdo distrital que tiene por finalidad desincentivar las prácticas
taurinas autorizadas en Bogotá D.C., contribuir a subsanar el déficit normativo
de protección ambiental – por lo cual se exige la eliminación de instrumentos
que en forma alguna lesionen a los animales o les den muerte –, y a fortalecer
la cultura de los derechos de los animales – con lo cual se ordena la promoción
de ejercicios de autorregulación y acciones colectivas que rechacen
pacíficamente la tauromaquia.

Segundo, la sentencia T-296 de 2013 encuentra un extenso soporte legal y
jurisprudencial, poniendo de presente:
(i) Que la ley 916 de 2004, fijó la estructura general del espectáculo taurino,
de la cual su artículo 12 se refiere a este como un proceso integrado por
etapas sucesivas o tercios, estos últimos definidos como “[c]ada una de
las tres etapas -vara, banderillas, muerte- en que se divide la corrida.”6
,
por lo cual el último tercio (muerte) “es el acto con el que finaliza el
espectáculo taurino, definición adoptada por el Legislador, con base en
la práctica tradicional y generalizada de las corridas de toros.”7
.
Señaló además que dicha norma ha sido objeto de estudio por parte de
la Corte Constitucional en diversas ocasiones, encontrándola ajustada a
la Constitución y determinando que:
“el competente para modificar dicho contenido es el legislador; es decir el
Congreso de la República y no a la administración, tal y como lo pretende el
Concejo de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá respectivamente con la
emisión y sanción del acuerdo 767 del 02 de julio del 2020, desatendiendo así
tanto lo dispuesto por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, a
través de sentencia T-296 de 2013 y las normas de rango legal que existen sobre
la materia”8
.

(ii) Que la Ley 84 de 1989 (estatuto de protección animal) exceptuó en su
artículo 7 a la tauromaquia, junto con otras actividades, de la definición
de aquellas prácticas que se adelantan causando daño o infringiendo
crueldad para los animales, susceptibles de ser sancionadas. Argumentó
que dicho artículo también había sido objeto de examen de
constitucionalidad por esta corporación la cual la declaró exequible
condicionalmente9

, encontrándose por fuera de la competencia de las

5 Primera Solicitud de la CTB, folio 3.
6 Artículo 12, Ley 916 de 2004.
7 Primera Solicitud de la CTB, folio 4.
8 Primera Solicitud de la CTB, folio 4.
9 Primera Solicitud de la CTB, folios 4-5: “esta norma también fue objeto de análisis por parte de la Corte
Constitucional, declarándolo exequible condicionalmente y señalando inequívocamente en la Sentencia C-666
de 2010 que el Estado puede permitirlas cuando estas se consideren una manifestación cultural de la población
de un determinado municipio o distrito y aunque condicionó dicha disposición, en el entendido de que ‘…En
particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas
culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las
conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales v
deberes de protección a la fauna…’ […]”.

Expediente T-3.758.508

7
autoridades distritales limitar, modificar o reformar el espectáculo
taurino, como lo pretendieron hacer mediante el Acuerdo 767, toda vez
que dicha competencia es materia de reserva del legislador, máxime en
tanto “de aplicar las limitaciones establecidas por el Concejo de
Bogotá, conduciría de manera indefectible a terminar con esta
expresión artística”10
.

(iii) Que a través de la sentencia C-1192 de 2005 la Corte Constitucional
reconoció que los espectáculos taurinos, puntualmente la tauromaquia,
son una expresión artística del ser humano, siendo esto ratificado en las
sentencias C-115 de 2006 y C-367 de 2006.
(iv) Que por medio de la sentencia C-666 de 2010 la Corte Constitucional
consideró exequible (condicionalmente) el artículo 7 del Estatuto
Nacional de Protección de los animales, conforme a lo reseñado en el
literal (i) supra del presente numeral11
.

(v) Que mediante la sentencia C-889 de 2012 la Corte Constitucional
determinó que la competencia para regular el espectáculo taurino se
encuentra reservada para el legislador, cumpliendo las autoridades
locales o distritales exclusivamente una función de policía, no teniendo
permitido limitar o prohibir la tauromaquia.
(vi) Que en la sentencia T-296 de 2013 (cuyo cumplimiento solicita la CTB),
la Corte Constitucional profirió la Orden Cuarta(iii)12

, la cual se
fundamentaba en que: a) la estructura del espectáculo taurino (tercios)
es materia de determinación legal conforme el artículo 12 de la Ley 916
de 2004, siendo el tercio de muerte parte integral de la tauromaquia; b)
el espectáculo taurino es una modalidad de manifestación artística del
ser humano; c) la ley exime a los espectáculos taurinos de la prohibición
de ciertas modalidades de maltrato animal, conforme los
condicionamientos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia
C-666 de 2010; y d) ni el marco legal de dicha actividad, ni los
condicionamientos de las sentencias de la Corte Constitucional facultan
a la administración distrital para alterar la estructura del espectáculo
taurino eliminando la muerte del toro, ni para impedir la realización de

10 Primera Solicitud de la CTB, folio 5.
11 Añadió la CTB en su Primera Solicitud que dicho condicionamiento se refiere a que: “[…] la excepción del
artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento
con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles
contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2)
Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las, mismas sean
manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a
cierta periodicidad; 3) que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han
realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4) que sean estas las únicas
actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los
animales; y 5) que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades.” (Solicitud de la CTB, folio
7).
12 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013: “Cuarto.- ORDENAR a las autoridades distritales
competentes disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa
María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen
la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta: … la
sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas tradicionales, con las características
habituales de la calidad y contenido de tal expresión artística. […]”.

Expediente T-3.758.508

8
festejos taurinos que cumplan con los requisitos legales y, de hacerlo, la
administración sustraería la competencia del legislador.

Tercero, considerando lo anterior, la decisión de las autoridades distritales
(Acuerdo 767) es un flagrante incumplimiento de las órdenes de la Sentencia
T-296, particularmente de la Orden Cuarta(iii), por cuanto se está buscando
desincentivar la práctica taurina, finalidad que invalida la orden de la Corte
Constitucional, ya que:
“[contrario] a garantizar la continuidad de la práctica taurina, dicho objeto pretende
disuadir para que se pierda el interés en su práctica, al imponer unas limitaciones
respecto a las actividades propias e inherentes de la estructura del espectáculo taurino,
la cual se encuentra legalmente reglada y NO puede ser modificada sino por el mismo
legislador”
13
.
Adicionalmente, el solicitante argumenta que las autoridades distritales le
otorgan a la acción de desincentivar un alcance diferente al que le corresponde,
pues este no implica modificaciones, limitaciones o reformas, lo cual ocurre
con el Acuerdo 767, en el cual se está reformando la estructura del espectáculo
taurino. Lo anterior, toda vez que el Acuerdo 767 suprime todos los
instrumentos esenciales para la práctica de la tauromaquia14, en particular su
secuencia unitaria que conlleva finalmente a la muerte del toro. En ese sentido,
señaló la CTB que, puntualmente, el artículo 3 del Acuerdo 767 no garantiza la
continuidad de la tauromaquia, sino busca su desincentivación mediante una
modificación trascendental a su estructura que la conduciría a perder su esencia
e invadir la órbita de competencias del Legislador por parte de la administración
distrital.
Por otra parte, señaló que lo ordenado en el artículo 4 del Acuerdo 767
confirma el desconocimiento de las autoridades distritales de garantizar la
continuidad del espectáculo taurino, pues dispone que la administración distrital
deberá velar por promover el rechazo pacífico a la práctica taurina, lo cual no
tiene finalidad diferente que desestimar la expresión artística.
Por último, concluyó entonces la Primera Solicitud que, con fundamento
en las consideraciones presentadas, era claro que las disposiciones de los
numerales 1, 3 y 4 del Acuerdo 767 desobedecen “la orden de garantizar la
continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y por el contrario ésta

13 Primera Solicitud de la CTB, folio 11. (Énfasis original)
14 Primera Solicitud de la CTB, folio 12: “[El Acuerdo 767 suprime] todos los instrumentos que laceren, corten,
mutilen, hieran, quemen o lastimen en cualquier forma a los animales, o les den muerte, bajo el prurito de
desincentivar, pues lo que realmente están realizando es modificar de manera radical la estructura propia que
conforma el espectáculo taurino, teniendo en consideración que eliminan la secuencia unitaria de la
tauromaquia, la cual conlleva a herir, lesionar y matar al toro; características habituales que desaparecerían
o harían nugatoria la expresión artística de la tauromaquia, al aplicar las restricciones impuestas en el
acuerdo 767 del 02 de julio del 2020”.

Expediente T-3.758.508

9
constituye un evidente desacato a lo dispuesto en sentencia T 296 de 2013, de
manera concreta el numeral cuarto inciso iii)”
15
.

En atención al presunto incumplimiento endilgado a dichas entidades
distritales y con fundamento en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991,
la CTB solicitó:
“PRIMERO: ABRIR incidente de desacato en contra de la Doctora CLAUDIA
NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ, en calidad de Alcaldesa Mayor de Bogotá quien
sancionó el acuerdo 767 del 023 de julio del 2020 Y el Doctor CARLOS FERNANDO
GALÁN PACHÓN, en condición de presidente del Concejo de Bogotá, quienes
aprobaron el referido acuerdo, por el incumplimiento a la orden establecida en el
numeral cuarto, literal iii de la sentencia T 296 de 2013.
SEGUNDO: ORDENAR a la Doctora CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ, en
calidad de Alcaldesa Mayor de Bogotá y el Doctor CARLOS FERNANDO GALÁN
PACHÓN, en condición de presidente del Concejo de Bogotá, que en cumplimiento de
la referida orden se ABSTENGAN de adelantar cualquier tipo de actuación
administrativa que obstruya, limite, modifique o reforme la estructura de la actividad
taurina, teniendo en cuenta que la misma se encuentra consagrada en normas de rango
legal y fue objeto de análisis de constitucionalidad por parte de la Honorable Corte
Constitucional.
TERCERO: SANCIONAR por desacato a la Doctora CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ
HERNÁNDEZ, en calidad de Alcaldesa Mayor de Bogotá y el Doctor CARLOS
FERNANDO GALÁN PACHÓN, en condición de presidente del Concejo de Bogotá, en
el evento de persistir el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral cuarto, literal iii
de la sentencia T 296 de 2013”
16
.

Actuaciones de la Corte Constitucional e informes de los interesados frente a
la Primera Solicitud

Habiendo recibido la Primera Solicitud de la CTB y luego de evaluar el
sustento jurídico y fáctico de esta, se estimó necesario obtener una perspectiva
más completa de la situación de hecho planteada. En consecuencia, el suscrito
magistrado sustanciador resolvió:
“PRIMERO.- REMITIR, por medio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, copia de la solicitud de apertura de incidente de desacato con sus anexos,
presentada por la Corporación Taurina de Bogotá y a la que se refiere el presente Auto,

15 Primera Solicitud de la CTB, folio 14.
16 Primera Solicitud de la CTB, folios 14-15. (Énfasis original)

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10
a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Doctora Claudia Nayibe López Hernández, y al
Concejo de Bogotá, en cabeza de su Presidente, Doctor Carlos Fernando Galán Pachón.
SEGUNDO.- DISPONER que, en caso de considerarlo pertinente, la Alcaldía Mayor
de Bogotá y el Concejo de Bogotá pueden hacer llegar sus pronunciamientos a esta Corte
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto.
TERCERO.- ENTERAR de la presente decisión a la Corporación Taurina de Bogotá,
a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional”17
.

En atención a las órdenes primera y segunda anteriores, este despacho
recibió respuesta de: (i) el concejal Carlos Galán; (ii) el Concejo de Bogotá; y
(iii) la Alcaldía Mayor de Bogotá, quienes manifestaron lo siguiente:
Persona / Entidad Respuesta18
Carlos Fernando Galán
Pachón

En primer lugar, manifestó que su pronunciamiento lo hacía en su calidad de
concejal y no como presidente del Concejo, en tanto el periodo para dicho cargo
era de un año y desde el 1 de enero de 2021 fue elegida una nueva mesa directiva.
En segundo lugar, señaló los lineamientos jurisprudenciales relacionados con la
competencia del Concejo de Bogotá para expedir normas como el Acuerdo 767 de
2020 que subsanen el déficit normativo de protección animal reconocido por la
Corte Constitucional (citando la sentencia C-666 de 2010). Por último, hizo
referencia al principio de rigor subsidiario, conforme al cual las autoridades
territoriales tendrían facultades para hacer más exigentes las medidas de protección
ambiental que las del nivel nacional. En ese sentido, solicitó a la Corte
Constitucional “negar la solicitud de apertura de incidente de desacato”19
.

Secretaría Jurídica
Distrital

Actuando “en nombre de la Dra. Claudia Nayibe López Hernández, Alcaldesa
Mayor de Bogotá D.C.”, la Directora Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría
Jurídica Distrital manifestó frente a la Solicitud de la CTB que: (i) el Acuerdo 767
de 2020 no pretende la supresión de las prácticas taurinas sino su preservación,
implementando modificaciones normativas que sean compatibles con los cambios
culturales que rechazan las manifestaciones violentas incluso tratándose de la
tauromaquia y subsana el déficit normativo en materia de protección ambiental,
“con lo cual se descarta plenamente la configuración del elemento objetivo
necesario para desacato”20; (ii) el Acuerdo 767 tiene su fuente de formación en el
Concejo de Bogotá y no en la Alcaldía, limitándose la alcaldesa a sancionar el
acuerdo dentro de sus facultades constitucionales y legales, no siendo tampoco
posible predicar un incumplimiento por no haber objetado el Acuerdo 767 en lugar
de sancionarlo, toda vez que no adolecía de inconveniencia, inconstitucionalidad
o ilegalidad, con lo cual no se configuró el elemento subjetivo del desacato; (iii)
no existe una conducta tendiente al incumplimiento de las órdenes de la sentencia
T-296 de 2013 sino que, por el contrario, “el Distrito Capital adelantó varias
acciones con ocasión del cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013, entre ellas,
de acuerdo con la certificación aportada por el Instituto de Recreación y Deporte:
el reforzamiento estructural de la Plaza de Toros la Santamaría y la ejecución del
contrato de concesión que permitió el desarrollo de veintiún (21) certámenes
taurinos”21; (iv) el Acuerdo 767 es una manifestación del cumplimiento del deber
constitucional de protección del medio ambiente, considerando el déficit
normativo de deber de protección ambiental reconocido por la Corte
Constitucional, siendo una concreción del principio de autonomía de las entidades
territoriales, pues permite las corridas de toros y novilladas de la tradicional
temporada taurina de febrero de Bogotá y el Festival de Verano; y (v) el Acuerdo
767 de 2020 fue expedido en ejercicio del principio de rigor subsidiario,
cumpliendo con la tarea de suplir el déficit normativo en materia de protección de
los animales, por lo cual las restricciones de dicho Acuerdo 767 son concordantes
con el ordenamiento jurídico vigente. Por lo anterior, solicitó que se declarara
cumplida la orden de la sentencia T-296 de 2013 en lo relacionado con la conducta
de la alcaldesa mayor de Bogotá D.C.

17 Auto del 18 de diciembre de 2020, remitido el 13 de enero de 2021 a los antes referidos a través de oficios
OPTB-007/21 a OPTB-009/21.
18 Los argumentos consignados son una síntesis de las respuestas de los interesados, luego de haber sido
revisados en su totalidad por la Sala.
19 Respuesta de Carlos Fernando Galán a la Primera Solicitud, folio 4.
20 Respuesta de la Secretaría Jurídica Distrital a la Primera Solicitud, folio 8.
21 Respuesta de la Secretaría Jurídica Distrital a la Primera Solicitud, folio 12.

Expediente T-3.758.508

Persona / Entidad Respuesta18
Maria Fernanda Rojas
Mantilla – Presidente
Concejo Bogotá D.C.

Rechazó la solicitud de apertura de incidente de desacato, oponiéndose a los
argumentos de la Corporación Taurina de Bogotá y, en particular, argumentando
que: (i) el Acuerdo 767 de 2020 no tiene como finalidad prohibir las prácticas
taurinas, sino imponer medidas tendientes a elevar las exigencias para desarrollar
dichas prácticas y “a generar conciencia sobre el maltrato animal que conllevan
para que sea la sociedad misma quien, progresivamente, las rechace”22; (ii) de
acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, las
autoridades distritales con competencias normativas pueden concurrir con el
Congreso de la República para subsanar el déficit normativo de protección
ambiental, no siendo posible para dichas entidades prohibir las prácticas, más sí su
“adecuación” y “armonización” con el mandato constitucional de protección
ambiental, límites dentro de los cuales se encuentra el Acuerdo 767; (iii) las
alcaldías solamente cuentan con la función de policía y no el poder subsidiario o
residual de policía con el que sí cuentan los concejos; (iv) los artículos 1-9 del
Acuerdo 767 atienden las diferentes decisiones de la Corte Constitucional y se
enmarcan dentro de las facultades propias del Concejo de Bogotá; (v) han sido
iniciados 4 diferentes procesos de nulidad simple contra el Acuerdo 767; (vi) el
Concejo de Bogotá no está legitimado por pasiva para ser parte del cumplimiento
y/o desacato de la sentencia T-296 de 2013. Por lo anterior, solicitó exceptuar al
Concejo de Bogotá del trámite incidental y, además, rechazar las pretensiones del
solicitante.

SEGUNDA SOLICITUD: Cumplimiento de la Sentencia T-296 de 2013

El 18 de mayo de 2022 el representante legal de la CTB radicó ante la Sala
de Revisión un memorial solicitando que “se adelante el TRAMITE DE
CUMPLIMIENTO de lo dispuesto en la Sentencia T-296 de 2013 proferida por
esta sala de revisión, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 2591 de
1991”, en el cual ponía de presente el alegado incumplimiento de la Sentencia
T-296 por parte del IDRD y la Alcaldía (en adelante “Segunda Solicitud”, en
conjunto con la Primera Solicitud las “Solicitudes”).
En la Segunda Solicitud la CTB argumentó que dichas entidades – en
especial el IDRD – habrían incumplido las órdenes tercera (i), tercera (iii) y
cuarta de la sentencia T-296 de 201323, con la apertura “de la Convocatoria

22 Respuesta de Maria Fernanda Rojas Mantilla a la Primera Solicitud, folio 2.
23 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2013: “En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política, || RESUELVE: […] Tercero.- ORDENAR a la entidades accionadas: (i) restituir de manera inmediata
la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos
y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas siempre
que éstas no alteren su destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de
primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004; … abstenerse de adelantar cualquier tipo de
actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo
taurino en Bogotá D.C. || Cuarto.- ORDENAR a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario
para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, mediante la
adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad de la expresión
artística de la tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta: (i) la reapertura de la Plaza como escenario
taurino en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la
realización de los fines de transparencia en la administración pública aplicables al proceso; (ii) el
restablecimiento de los espectáculos taurinos en las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá,
incluyendo tanto la temporada regular en los primeros meses del año como el Festival de Verano en el mes de
agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas tradicionales, con las
características habituales de la calidad y contenido de tal expresión artística”.

Expediente T-3.758.508

12
pública que se adelanta mediante el trámite del proceso de selección abreviada
de menor cuantía No. IDRD-STP-CAMEP-092- 2021[24]”
25
.

Para la CTB el proceso de selección abreviada de menor cuantía No.
IDRD-STP-CAMEP-092- 2021 (en adelante “Proceso de Selección”
26) cuya
finalidad era la realización de la temporada taurina 2022 en la Plaza de Toros
de Santa María de Bogotá no cumplió con los requisitos legales y tampoco con
lo ordenado en la Sentencia T-296. Para la CTB, el Proceso de Selección “tenía
por propósito dar la apariencia de cumplimiento de la Sentencia T-296 de 2013
[…]”, pues en realidad:
“[E]l IDRD deja sin ningún contenido la orden de la Corte Constitucional, y le hace
fraude a la mencionada providencia judicial, en la medida en que: (i) utiliza una
actuación administrativa para obstruir, impedir y dilatar el restablecimiento de la Plaza
de Toros de Santamaría como recinto del espectáculo taurino en Bogotá D. C; y (ii)
aplica una norma administrativa por encima de lo previsto en la ley y en las órdenes de
la Corte Constitucional, cuando era su obligación utilizar la excepción de
constitucionalidad”
27
.
En el parecer de la CTB las condiciones establecidas en el Proceso de
Selección son tendientes a dilatar, obstruir e impedir la realización de
espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Santa María, “impidiendo que se
presente cualquier interesado en celebrar corridas de toros en Bogotá,
estableciendo condiciones que son completamente inconstitucionales, y
además, imposibles de cumplir”
28
. Señaló la Corporación Taurina de Bogotá

que:

Primero, el IDRD dio apertura al Proceso de Selección el 30 de diciembre
de 2021, con lo cual incluso contrarió los principios de planeación, economía y
transparencia de contratación pública y la función administrativa, al pretender
que el promotor del evento vendiera más de 10 mil boletas en tan solo 4 semanas
y atravesando la época de festividades. Para la CTB los plazos previstos por el
IDRD hacían imposible para cualquier empresario presentarse al proceso de
selección abreviada – lo cual lo confirma el hecho de que se declarara desierto
el proceso contractual al no recibir ofertas –, demostrando que el IDRD:
“(i) de manera decidida, premeditada y dolosa, quiso apartarse de los mandatos que
derivan de la Sentencia T-296 de 2013, al generar una barrera u obstáculo
administrativo para que pudiera desarrollarse la temporada taurina en la ciudad de
Bogotá y, además, (ii) indujo a los potenciales contratistas a un incumplimiento total y
pleno del contrato de aprovechamiento económico que se proponía celebrar, en abierto

24 Añadió la CTB en su Segunda Solicitud: “cuyo objeto era «Conceder el uso, goce y disfrute, de La Plaza de
Toros de Santa María, ubicada en la Carrera 6 # 26B – 50 de Bogotá D.C., la cual es susceptible de ser
entregada temporalmente en aprovechamiento económico para desarrollar por su cuenta y riesgo la operación,
organización, producción, administración y ejecución de la temporada taurina 2022 de Bogotá D.C. conforme
a lo autorizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte» ( en adelante el «Proceso de Selección»)”
25 Segunda Solicitud de la CTB, numeral II.1.
26 El 14 de enero de 2022 el IDRD informó a la Corte Constitucional que mediante la Resolución No. 023 del

13 de enero de 2022, el IDRD declaró desierto el proceso de selección abreviada menor cuantía No IDRD-STP-
CAMEP-092-2021, remitiendo la comunicación sobre el particular y el acto administrativo mencionado.

27 Segunda Solicitud de la CTB, página 2.
28 Segunda Solicitud de la CTB, página 4.

Expediente T-3.758.508

13
desconocimiento de los principios de planeación y economía que rigen la gestión
contractual de las entidades estatales”29
.

Adicionalmente, los costos del Proceso de Selección hacían inviable la
realización del evento. Esto, toda vez que el operador del evento debería pagar
un 20% de participación al IDRD sobre cualquier ingreso bruto percibido por
la ejecución del contrato estatal, aunado a: (i) los “impuestos ilegalmente
establecidos en el Acuerdo 767 de 2020”; (ii) que el IDRD no autorizaba la
conexión a los servicios públicos por parte del operador; y (iii) las restricciones
de publicidad establecidas por primera vez desde que el IDRD administra la
Plaza de Toros de Santa María, fundamentadas en el artículo 5 del Acuerdo 767.
Para la CTB dichas restricciones son:
“completamente inconstitucionales en la medida en que no le corresponde al Concejo
Distrital, ni mucho menos al IDRD, establecer la regulación de las actividades·
culturales con animales cuando dicha reglamentación ya fue expedida por el Congreso
de la República”30
.
Segundo, la CTB alegó que en el anexo técnico del Proceso de Selección
el IDRD aplicó una norma de rango administrativo (Acuerdo 767) que contraría
lo previsto en la ley y las órdenes de este tribunal, de acuerdo con la CTB:
“El Acuerdo Distrital 767 del 2 de julio de 2020, que el IDRD aplicó en el Proceso de
Selección, establece que «en concordancia con dicha normatividad» deberá exigirse «la
eliminación de todos los instrumentos que laceren, corten, mutilen, hieran, quemen o
lastimen en cualquier forma a los animales, o les den muerte», contraviene lo establecido
en la Ley 916 de 2004, en especial los artículos 47 a 54 y 61 a 70”
31
.
Teniendo en cuenta lo anterior y luego de presentar las razones por las
cuales consideró que el acuerdo 767 de 2020 se fundamenta en una
interpretación tergiversada del principio de rigor subsidiario consagrado en el
artículo 63 de la ley 99 de 1993, la CTB señaló que el IDRD debió ejercer la
excepción de inconstitucionalidad, ya que:
(i) No había lugar a utilizar el principio de rigor subsidiario, pues los toros
de lidia: a) no son recursos naturales renovables sino seres sintientes; b)
no son necesarios para la preservación del medio ambiente natural; ni c)
son criados en Bogotá ni se relacionan con circunstancias ambientales
locales.
(ii) El Congreso de la República ha regulado la realización de espectáculos
taurinos al permitirlos, pues, además de lo consagrado en el artículo 7 de
la ley 84 de 1989, la ley 916 de 2004, “el Congreso ejerció el mandato
de morigeración que la Corte Constitucional le entregó en la Sentencia
C- 666 de 2010, expidiendo la Ley 1774 de 2016, elevando el nivel de
protección animal, morigerando y eliminando conductas especialmente
crueles […]”

32, introduciendo en el parágrafo 2 del artículo 339B del
Código Pena la excepción frente a los delitos de contra los animales la

29 Segunda Solicitud de la CTB, página 4.
30 Segunda Solicitud de la CTB, página 5.
31 Segunda Solicitud de la CTB, página 6.
32 Segunda Solicitud de la CTB, página 7.

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realización los espectáculos taurinos, regulando una vez más por vía de
la permisión.
(iii) Los artículos 2 y 3 del Acuerdo 767 son manifiestamente
inconstitucionales, pues contravienen lo previsto “en el artículo 10 y 14

de la Ley 916 de 2004, también en las sentencias C-666 de 2010 y C-
889 de 2012, pero además es un fraude a las órdenes de la Sentencia T-
296 de 2013 y SU-056 de 2018 pues obstaculiza el restablecimiento de

la Plaza de Toros de Santa María para celebrar espectáculos
taurinos”33
.

(iv) El artículo 6 es evidentemente inconstitucional, pues contraviene la
orden de la sentencia C-666 de 2010 conforme a la cual los espectáculos
taurinos se realizarán solamente en “aquellas ocasiones en las que
usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en
que estén autorizadas”, y la orden cuarta numerales (ii) y (iii) de la
Sentencia T-296 pues la “Secretaría de Cultura no tiene la función, la
competencia ni tampoco las capacidades para determinar cuándo, cómo
y dónde se pueden adelantar corridas de toros en Bogotá”34
.

(v) Los artículos 7 y 8 del Acuerdo 767 establecen obstáculos para la
realización de los espectáculos taurinos, más cuando las condiciones
exigidas por el Distrito hacen imposible la rentabilidad de la actividad,
siendo entonces la aplicación de dichas normas contraria a la Sentencia
T-296 de 2013.
(vi) La Corte Constitucional ha protegido el espectáculo taurino como
expresión cultural del ser humano, reiterando en diferentes
oportunidades que las entidades territoriales no tienen competencia para
prohibirlas ni regularlas en términos diferentes a la ley 916 de 2004 y las
normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.
(vii) El IDRD tiene pleno conocimiento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional pues, además de ser parte en los trámites que dieron lugar
a las sentencias T-296 de 2013 y SU-056 de 2018, en los documentos
del Proceso de Selección hacen referencia y se acogen a dicho marco
normativo.

Finalmente, la CTB puso de presente que en virtud del artículo 10 de la
ley 1437 de 2011 las autoridades administrativas tienen el deber de aplicación
uniforme de las normas y jurisprudencia, prohibiendo además el artículo 9.12
de dicha ley a las autoridades administrativas “[d]ilatar o entrabar el
cumplimiento de las decisiones en firme o de las providencias judiciales”. Por
todo lo anterior, la CTB solicitó a la Sala de Revisión:
“1. Que reasuma la competencia para conocer sobre el cumplimiento de las órdenes
fijadas en la Sentencia T-296 de 2013;
Que conmine a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al IDRD al cumplimiento pleno, cabal
y sin obstáculos o barreras administrativas, de las órdenes emitidas por la Corte
Constitucional en su Sentencia T-296 de 2013, en especial, a la relativa a «disponer lo
33 Segunda Solicitud de la CTB, página 8.
34 Segunda Solicitud de la CTB, página 8.

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necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa
María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros
administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la
tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta: (i) la reapertura de la Plaza como
escenario taurino en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección
objetiva de los proponentes y la realización de los fines de transparencia en la
administración pública aplicables al proceso; (ii) el restablecimiento de los espectáculos
taurinos en las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la
temporada regular en los primeros meses del año como el Festival de Verano en el mes
de agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas
tradicionales, con las características habituales de la calidad y contenido de tal
expresión artística. «(punto resolutivo cuarto de la Sentencia T-296 de 2013)”
35
.
Actuaciones de la Corte Constitucional e informes de los interesados frente a
la Segunda Solicitud

Recibida la Segunda Solicitud de la CTB y con la finalidad de
salvaguardar el derecho al debido proceso garantizando la contradicción por
parte de los interesados en el asunto, mediante auto del 26 de mayo de 2022 el
suscrito magistrado sustanciador resolvió:
“PRIMERO.–REMITIR, por medio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, copia de la solicitud de cumplimiento (y sus anexos) presentada el 18 de
mayo de 2022 por la Corporación Taurina de Bogotá y a la que se refiere el presente
auto, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
SEGUNDO.-DISPONER que, en caso de considerarlo pertinente, la Alcaldía mayor de
Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte pueden hacer llegar sus
pronunciamientos a esta Corte dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
comunicación del presente auto.
TERCERO.-REQUERIR al Instituto Distrital de Recreación y Deporte para que en el
término de cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la presente providencia, remita
los documentos y la información relacionada con el proceso de selección abreviada de
menor cuantía No. IDRD-STP-CAMEP-092-2021.
CUARTO.-ENTERAR de la presente decisión a la Corporación Taurina de Bogotá12,
a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional”
36
.
El 6 de junio de 2022 el IDRD radicó ante la Corte Constitucional tanto la
información documental requerida mediante la orden tercera anterior, como su
pronunciamiento de conformidad con las órdenes primera y segunda anteriores.
En este último, la entidad puso de presente que37:
(i) El IDRD publicó el aviso de convocatoria pública en la plataforma
SECOP II para el Proceso de Selección desde el 16 de diciembre 2021.
(ii) Contrario a lo señalado por la CTB, el IDRD no ha buscado eludir el
cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013, cumpliendo plenamente y
sin obstáculos las órdenes de dicha providencia, que lo obligan a “surtir
un proceso de selección para escoger bajo los principios de la selección
objetiva de la Contratación Estatal, un operador que asuma por su
cuenta y riesgo la producción, organización, administración, operación
y ejecución de las temporadas taurinas a realizarse en la Plaza de Toros
la Santamaría de la ciudad de Bogotá D.C.”38

. Asimismo, la actuación

35 Segunda Solicitud de la CTB, página 12.
36 Auto del 26 de mayo de 2022, remitido el 31 del mismo mes mediante oficio B-199/2022.
37 Los argumentos consignados son una síntesis de las respuesta del IDRD, luego de haber sido revisados en su
totalidad por la Sala.
38 Respuesta del IDRD a la Segunda Solicitud, página 4.

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del IDRD frente al Proceso de Selección se fundamentó en los principios
de la contratación estatal y, particularmente, de conformidad con “los
lineamientos de que trata el Decreto Distrital 552 de 2018 ibidem,
proferido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.; la Sentencia T-296 de
2013 y el Auto 060 de 2015 proferidos por la H. Corte Constitucional”39
.
(iii) La CTB no puede afirmar que en el Proceso de Selección el IDRD aplicó
normas manifiestamente ilegales y desconoció órdenes de la Corte
Constitucional en lugar de aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
pues esta solo procede ante una contradicción manifiesta entre una
norma legal y otra constitucional en casos particulares o concretos, todo
lo cual no fue especificado por la CTB en su solicitud.
(iv) La CTB presenta un extracto descontextualizado del resolutivo de la
Sentencia T-296 para sustentar su solicitud, sin hacer mención, por
ejemplo, al Auto 060 que precisa los elementos para el cumplimiento de
dicha sentencia. Así, el IDRD adelantó el Proceso de Selección
observando: a) la ley 916 de 2004; b) la sentencia C-666 de 2010; c) la
sentencia C-889 de 2012; d) el comunicado No. 33 de 22 de agosto de
2018 de la Corte Constitucional; e) el Acuerdo Distrital 767 de 2020; y
f) la Ley 1774 de 2016.
(v) EL IDRD no ha adelantado actuación administrativa que busque obstruir
el restablecimiento de la Plaza de Toros de Santa María, como se
evidencia en la convocatoria pública realizada para el Proceso de
Selección regido por el estatuto general de contratación pública, siendo
este último el “instrumento idóneo mediante el cual la administración
cumple los cometidos estatales y satisface las necesidades públicas,
acatando así la orden impartida por el despacho constitucional en el
sentido de asegurar: “(…) en condiciones de neutralidad e igualdad,
garantizando la selección objetiva de los proponentes y la realización
de los fines de transparencia en la administración pública”40
.

(vi) El Acuerdo 767 no “representa una contradicción manifiesta a las
disposiciones de la H. Corte Constitucional en cuanto no obstaculiza el
restablecimiento de la Plaza de Toros de Santa María para celebrar
espectáculos taurinos, toda vez que sus disposiciones se dirigen a la
protección animal, a desincentivar las prácticas taurinas y contribuir a
subsanar el déficit normativo de protección animal y fortalecer la
cultura de los derechos de los animales”, con lo cual no son admisibles
las manifestaciones de la CTB, pues desconocen que el IDRD carece de
competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad o legalidad
de un Acuerdo Distrital, estando obligado a acatar dichas normas de
conformidad con el principio de legalidad.
(vii) La CTB debió presentar sus cuestionamientos al Acuerdo 767 ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para que sea el juez natural

39 Respuesta del IDRD a la Segunda Solicitud, página 5.
40 Respuesta del IDRD a la Segunda Solicitud, página 9.

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de la legalidad de actos administrativos quien resuelva la discusión
planteada.
(viii) Por lo anterior, solicitó el IDRD que se nieguen las pretensiones de la
CTB en tanto no median elementos de mérito para que sea necesario
adelantar actuación alguna contra dicha entidad en virtud del artículo 23
del Decreto 2591 de 1991.
II. CONSIDERACIONES
A. EL INCIDENTE DE DESACATO Y SUS DIFERENCIAS CON
EL TRÁMITE DE CUMPLIMIENTO. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA

El Decreto 2591 de 199141 prevé dos tipos de mecanismos para garantizar
el cumplimiento de las órdenes emitidas en las sentencias de tutela, que son: (i)
el trámite cumplimiento del fallo; y (ii) la imposición de sanciones a la autoridad
renuente, mediante el trámite del incidente de desacato. Estos mecanismos
están instituidos para que se respete el debido proceso (artículo 29 de la
Constitución Política) y el derecho de acceder a la administración de justicia
(artículo 229 ibidem), en cuanto se refiere a la fase definitoria de los litigios, y
de esa manera las decisiones de los jueces no se conviertan “en meras
proclamaciones sin contenido vinculante”42
.
En relación con el cumplimiento, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991
establece que mediante este trámite el juez podrá requerir a la autoridad
responsable o a su superior jerárquico para que haga inmediatamente efectivas
las órdenes emitidas en el fallo de tutela43
.
Por su parte, el incidente de desacato, previsto en el artículo 52 del Decreto
2591 de 199144, es un mecanismo procesal que puede conducir a la imposición
de una sanción a la persona que, en efecto, incumple la orden de amparo
constitucional. En la sentencia C-367 de 2014 esta corporación consideró lo
siguiente:
“… el fundamento normativo del desacato se halla en los artículos 52 y 27 del
Decreto 2591 de 1991; (ii) el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra un trámite
incidental especial, el cual concluye con un auto que no es susceptible del recurso de
apelación pero que debe ser objeto del grado de jurisdicción de consulta en efecto
41 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela”.
42 Corte Constitucional, sentencia T-096 de 2008.
43
“Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del
agravio deberá cumplirlo sin demora. || Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez
se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra
el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para
el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que
cumplan su sentencia. || Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. || En
todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia
hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.”
44
“Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente
Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos
mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio
de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite
incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe
revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo.” Al respecto, ver, entre otros, Corte
Constitucional, auto 004 de 2020.

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18
suspensivo si dicho auto es sancionatorio. Todo lo cual obedece a que la acción de tutela
es un trámite especial, preferente y sumario que busca la protección inmediata de los
derechos fundamentales; (iii) el incidente de desacato procede a solicitud de parte y se
deriva del incumplimiento de una orden proferida por el juez de tutela en los términos
en los cuales ha sido establecido por la sentencia que ha hecho tránsito a cosa
juzgada y emana de los poderes disciplinarios del juez constitucional; … el trámite
de incidente de desacato debe respetar las garantías del debido proceso y el derecho de
defensa de aquél de quien se afirma ha incurrido en desacato, quien no puede aducir
hechos nuevos para sustraerse de su cumplimiento; (vii) el objetivo de la sanción de
arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el
juez de amparo para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados
por los tutelantes, por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser
impuestas; (viii) el ámbito de acción del juez, definido por la parte resolutiva del fallo
correspondiente, le obliga a verificar en el incidente de desacato: “(1) a quién estaba
dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de
la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de
forma oportuna y completa (conducta esperada)”. De existir el incumplimiento “debe
identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas
necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad
subjetiva de la persona obligada”
45
.

Así pues, las diferencias entre los instrumentos de trámite de cumplimiento
e incidente de desacato han sido abordadas de manera reiterada en distintas
providencias de esta Corte. Por ejemplo, en el auto 508 de 2018, la Sala
Segunda de Revisión señaló:
“Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte ha sintetizado las diferencias entre ambos
instrumentos de la siguiente manera: (i) el cumplimiento es obligatorio en tanto hace
parte de la garantía constitucional, mientras que el desacato es incidental porque se
trata de un instrumento disciplinario de creación legal; (ii) la responsabilidad exigida
para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva; (iii) el
cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el
Ministerio Público, mientras que el desacato es a petición de la parte interesada; y (iv)
el trámite del cumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite del
desacato es la vía para el cumplimiento, puesto que son dos mecanismos procesales
distintos, ya que puede ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el
cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tenga como
alternativa este incidente”46
.
En múltiples pronunciamientos, la Corte ha señalado las diferencias que
existen entre los instrumentos de trámite de cumplimiento e incidente de
desacato47. Estas pueden resumirse de la siguiente forma:

Cumplimiento Incidente de desacato

Fundamento
normativo

Arts. 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991 Arts. 52 y 57 del Decreto 2591 de 1991

Naturaleza

Obligatoria, en tanto hace parte de la
garantía fundamental a la tutela judicial
efectiva

Incidental, porque es un instrumento
disciplinario de creación legal

Tipo de
responsabilidad

Objetiva Subjetiva

Carácter

Oficioso, aunque también puede ser
impulsado por el interesado o por el
Ministerio Público

A petición de la parte interesada

¿Constituye
prerrequisito para
acceder a otro
mecanismo?

No es un prerrequisito para acudir al
incidente de desacato

No es la vía para obtener el cumplimento
del fallo. No obstante, en casos
excepcionales, con ocasión del trámite del
incidente, puede darse el cumplimiento del
fallo

45 Corte Constitucional, sentencia C-367 de 2014.
46 Corte Constitucional, auto 508 de 2018, sección 1.4.
47 Corte Constitucional, autos 508 de 2018, 288 de 2020.

Expediente T-3.758.508

Pese a que, como se anotó, se trata de instituciones diferentes – lo que no
impide que puedan operar de forma simultánea o sucesiva – esa distinción no
excluye el hecho común de que dichas figuras converjan en dos aspectos
concretos: (i) ambos trámites tienen origen en el incumplimiento de la orden
emitida por el juez constitucional; y (ii) su finalidad es, entre otras, la de
conminar a la autoridad al cumplimiento del mandato establecido en la
sentencia de tutela48
.
Además de las mencionadas diferencias y similitudes, no cabe duda de que
tanto en el trámite de incumplimiento como en el incidente de desacato el juez
deberá verificar las tres condiciones antes precitadas, esto es: (i) a quién estaba
dirigida la orden49; (ii) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; y (iii) el
alcance de la misma. Asimismo, deberá también verificar50: (iv) si
efectivamente existe un incumplimiento – parcial o total – de la orden dictada
en sentencia; y (v) las razones por las que la incumplió la orden entidad
accionada cuya responsabilidad era el cumplimiento de esta. En consecuencia,
al margen de las diferencias e independencia de cada uno de los trámites
(cumplimiento y desacato), el elemento central para su prosperidad es que se
constate el incumplimiento de la(s) órden(es) alegadamente incumplida(s)51
.
Por consiguiente, para dar trámite al cumplimiento de la providencia, el
juez constitucional debe corroborar si efectivamente la orden proferida en su
sentencia fue incumplida por parte de quien estaba obligado a ejecutar actos
positivos o negativos pues, de lo contrario, no existiría fundamento para

48 Respecto del trámite del incidente de desacato, dijo la Corte en sentencia C-367 de 2014 que: “4.3.4.9. De no
cumplirse el fallo, entre otras consecuencias, la persona puede ser objeto del poder jurisdiccional disciplinario,
que se concreta en el incidente de desacato. Este incidente sigue un procedimiento de cuatro etapas, a saber:
(i) comunicar a la persona incumplida la apertura del incidente del desacato, para que pueda dar cuenta de la
razón por la cual no ha cumplido y presente sus argumentos de defensa; (ii) practicar las pruebas solicitadas
que sean conducentes y pertinentes para la decisión; (iii) notificar la providencia que resuelva el incidente; y
(iv) en caso de haber lugar a ello, remitir el expediente en consulta al superior. Para imponer la sanción se
debe demostrar la responsabilidad subjetiva del sancionado en el incumplimiento del fallo, valga decir, que
éste es atribuible, en virtud de un vínculo de causalidad, a su culpa o dolo”.
49 Corte Constitucional, sentencia T-1113 de 20015: “3. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución
Política la acción de tutela debe garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de las
personas. Por ello, una vez el juez ha encontrado vulnerado o amenazado un derecho, la orden que profiere
para protegerlo debe ser cumplida pronta y cabalmente. En este sentido, la Corte ha reiterado que el derecho
a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica obligan a la persona
a quien está dirigida la orden de tutela a cumplirla de manera pronta y oportuna en los términos en los cuales
ha sido establecido por la sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada”.
50 Corte Constitucional, auto 004 de 2020: “Precisamente, la reciente sentencia SU-034 de 2018 consideró que
a la autoridad que estudia el incidente de desacato o que verifica el cumplimiento de las órdenes de tutela,
debe centrarse en verificar lo siguiente: “(i) a quién se dirigió la orden, (ii) en qué término debía ejecutarse,
(iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada
en la sentencia, y de ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo ordenado
dentro del proceso”.
51 Corte Constitucional, auto 004 de 2020: “es importante resaltar que, como bien se mencionó en párrafos
anteriores, tanto el incidente de desacato, como el cumplimiento comparten una similitud en cuanto a su objeto,
cual es el de conminar al accionado a la observancia de las órdenes emitidas por el juez constitucional; es
decir que, para efectos de determinar si hay lugar o no a imponer las sanciones previstas en el ordenamiento
jurídico, es necesario verificar la renuencia de los demandados y obligados en virtud de la sentencia de tutela
frente al cumplimiento. En otras palabras, es imperativo demostrar el incumplimiento flagrante y voluntario
de las órdenes”.

Expediente T-3.758.508

20
reprochar y conminar al cumplimiento de órdenes ajenas a la responsabilidad
de determinada persona o entidad.
B. ANÁLISIS DE LA NATURALEZA DE LAS SOLICITUDES
ELEVADA POR LA CORPORACIÓN TAURINA DE
BOGOTÁ

Conforme a lo señalado en el numeral 19 supra, derivado del presunto
incumplimiento de la sentencia T-296 de 2013, en la Primera Solicitud la CTB
realizó tres peticiones a la Corte Constitucional, relacionadas con: (i) abrir
incidente de desacato contra el entonces presidente del Concejo de Bogotá y la
alcaldesa de Bogotá; (ii) ordenarles abstenerse de “adelantar cualquier tipo de
actuación administrativa que obstruya, limite, modifique o reforme la
estructura de la actividad taurina, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra consagrada en normas de rango legal y fue objeto de análisis de
constitucionalidad por parte de la Honorable Corte Constitucional”; y (iii)
sancionarlos por desacato en el evento de persistir el incumplimiento de la
Orden Cuarta(iii) de dicha sentencia.
En ese sentido y teniendo en cuenta las consideraciones sobre la diferencia
entre el trámite de cumplimiento de una sentencia de tutela y el incidente de
desacato por un incumplimiento a una providencia de tutela, la Sala encuentra
que en la Primera Solicitud la CTB no pidió exclusivamente que se garantizara
el cumplimiento de las Orden Cuarta(iii), sino que, de no ser subsanado el
incumplimiento, se sancionara a los representantes legales de las entidades
distritales por el incumplimiento de los mandatos judiciales.
Así las cosas, esta Sala observa que los fundamentos de la Primera
Solicitud están orientados en demostrar un incumplimiento flagrante y
voluntario de los teóricos responsables de cumplir con la Orden Cuarta(iii). Por
consiguiente, se estudiará: (i) si se configura el teórico incumplimiento alegado

por el accionante, en relación con el trámite de cumplimiento de la sentencia T-
296 de 2013 (análisis objetivo), conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del

Decreto 2591 de 1991; y, adicionalmente; (ii) si se debe dar apertura a un
incidente de desacato para que, al interior de dicho trámite incidental se
determine si hay lugar o no a imponer las sanciones previstas en el
ordenamiento jurídico, siendo en ese caso necesario verificar la renuencia de
los demandados y obligados en virtud de la sentencia de tutela frente al
cumplimiento (análisis subjetivo).

Por otra parte, de acuerdo con lo precisado en el numeral 30 supra, en la
Segunda Solicitud la CTB no presentó pretensión alguna relacionada con la
apertura de un incidente de desacato, sino exclusivamente deprecó que se
iniciara el trámite de cumplimiento contemplado en el artículo 23 del Decreto
2591 de 1991.
Finalmente, es del caso precisar que, a pesar de que el trámite de
cumplimiento del fallo puede ser adelantado de oficio por el juez encargado de
verificar el mismo, en la presente oportunidad esta providencia se profiere como
consecuencia de las Solicitudes – de parte – allegadas por la CTB a esta
Corporación y que consecuencialmente le da el derecho a obtener un
pronunciamiento por parte del órgano judicial competente. Por ende, en

Expediente T-3.758.508

21
momento alguno implica que (en el caso concreto) la Sala de Revisión actúe
conforme a la competencia que tienen los jueces de tutela de hacer seguimiento
al cumplimiento de las órdenes proferidas.
C. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS SENTENCIAS Y
TRAMITAR INCIDENTES DE DESACATO. REITERACIÓN
DE JURISPRUDENCIA

El artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece que las sentencias
proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela “sólo
surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente
al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la
sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para
adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta”.
En un ejercicio de interpretación sistemática de la norma citada, esta
corporación ha considerado que, por regla general, corresponde al juez de
primera instancia adoptar las medidas necesarias para que el fallo de tutela se
cumpla (artículo 27 del Decreto 2591 de 1991), así como conocer de los
incidentes de desacato que se interpongan frente al desconocimiento de las
órdenes emitidas para garantizar la protección de los derechos fundamentales
(artículo 52 del Decreto 2591 de 1991), tanto en el caso de que la decisión sea
tomada por el juez de instancia, como cuando es la Corte Constitucional la que
resuelve en sede de revisión52
.
En materia de trámite de cumplimiento de las sentencias de revisión de
la Corte Constitucional, esta corporación ha sido clara en reiterar que “es el juez
de primera instancia el encargado de la ejecución del fallo y, por ende, el
competente para adoptar las medidas necesarias que permitan asegurar el
restablecimiento de los derechos comprometidos”
Sin embargo, la Corte ha
explicado que, en casos excepcionales, puede asumir la competencia para
conocer del trámite de cumplimiento, de encontrar una justificación objetiva,
razonable y suficiente para hacerlo. Esto ocurre cuando se presentan las
siguientes circunstancias:
“(i) Cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Corte, no adopta medidas conducentes; (ii) Cuando se ha
presentado un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela, sin que el juez de
primera instancia haya podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de
protección, o cuando dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces; (iii) Cuando el
juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste; (iv)
Cuando la autoridad desobediente es una Alta Corte, pues las mismas no tienen superior
funcional que pueda conocer de la consulta sobre la sanción por desacato; (v) Cuando
resulte imperioso salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento
constitucional; (vi) Cuando la intervención de la Corte sea indispensable para la
protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; (vii)
Cuando en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto
52 Corte Constitucional, autos 270 de 2012, 143 de 2013, 060 de 2014 y 046 de 2017.
53 Corte Constitucional, auto 458 de 2018. Sobre esto ha dicho esta corporación que “la competencia principal
del juez de primera instancia para asegurar el cumplimiento de las distintas sentencias de tutela (i) obedece a
una interpretación sistemática del Decreto 2591 de 1991; (ii) genera claridad en términos de seguridad
jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales; (iii) está en armonía con el
principio de inmediación del trámite de tutela; y (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste
el grado jurisdiccional de consulta” (auto 357 de 2019).

Expediente T-3.758.508

22
amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es
necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de
acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo”54
.

Es importante recordar que, tal como se señaló en el auto 060 de 2015:
“la verificación del cumplimiento de las sentencias proferidas por las salas de revisión
de la Corte Constitucional, debe comprobarse el cumplimiento de los siguientes tres
requisitos: “1. Se debe tratar de un incumplimiento de una sentencia dictada por la
propia Corte Constitucional, en donde se concede la pretensión solicitada. 2. Debe
resultar necesaria la intervención de esta Corporación para proteger el orden
constitucional. [y] 3. La actuación de la Corte debe ser indispensable para hacer efectiva
la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados”.
Asimismo la Corte también ha establecido que
“es autónoma para determinar la oportunidad en que interviene para hacer cumplir sus
órdenes de tutela, es decir, si lo hace antes o después de una decisión el juez de primera
instancia, y para definir qué tipo de medidas serán desplegadas para hacer cumplir el
fallo”55
.
En este sentido y según fue antes expuesto56, en el caso que nos ocupa la
Sala Segunda de Revisión dispuso asumir competencia para conocer del
cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013 mediante el Auto 060. Por
consiguiente, esta corporación (puntualmente la Sala Tercera de Revisión) es
competente para conocer de los trámites relacionados con la verificación del
cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013, como en su momento ya lo hiciera
en el Auto 459, frente a lo cual se reitera que el presente trámite se da
exclusivamente con ocasión y respecto a las Solicitudes formuladas por la CTB
ante este tribunal.
Por su parte, en materia de incidentes de desacato, tampoco corresponde
prima facie a la Corte Constitucional conocerlos o adelantarlos, en la medida
que, por regla general, son competencia del juez de tutela de primera o única
instancia. Dicha regla:
“(i) [o]bedece a una interpretación sistemática del decreto 2591 de 1991, (ii) genera
claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los
procedimientos judiciales, (iii) está en armonía con el principio de inmediación del
trámite de tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el
grado jurisdiccional de consulta”57
.
Esta corporación ha indicado que las razones para tramitar de manera
directa el incidente de desacato resultan análogas a aquellas que motivarían la
asunción del trámite de cumplimiento (ver numeral 48 supra), y ha reafirmado
que, en atención a la prevalencia del juez de primera instancia en materia de
competencia para su adelantamiento, la solicitud para su trámite debe
presentarse primero ante dicho juez, y solo cuando se presenten dificultades en

54 Corte Constitucional, auto 033 de 2016 reiterada mediante auto 394 de 2018. (Énfasis añadido).
55 Corte Constitucional, autos 192 de 2016 y 104 de 2011. Esta corporación ha decidido asumir directamente el
conocimiento del cumplimiento de ciertas providencias por ella dictadas. Por ejemplo, a través del auto 136 de
2017, la Sala Séptima de Revisión asumió competencia del cumplimiento de la sentencia T-1049 de 2010,
llegando incluso a declarar un desacato en dicho caso a través del auto 300 de 2019.
56 Ver, numeral 5 supra.
57 Corte Constitucional, autos 018 de 2013 y 136A de 2002.

Expediente T-3.758.508

23
materia de eficacia del mecanismo, podría solicitarse el procedimiento ante la
Corte Constitucional58
.

D. CASO CONCRETO

Habida cuenta de lo anterior y considerando la similitud entre las
Solicitudes presentadas por la CTB, pues tanto la Primera como la Segunda
Solicitud se fundamentan en supuestos incumplimientos de las órdenes de la
sentencia T-296 de 2013 por parte de diferentes entidades distritales por la
expedición y/o aplicación del Acuerdo Distrital 767 de 2020, la Sala procederá
a resolver en conjunto ambas Solicitudes a través la presente providencia,
fundamentándose además en el principio de economía procesal59
.
En esa línea de ideas, la presente decisión se estructurará de la siguiente
manera: (i) se analizará si la Corte es competente para adelantar el trámite
incidental de desacato solicitado por la CTB en la Primera Solicitud; y (ii) se
estudiará la procedencia de las solicitudes de cumplimiento presentadas por la
CTB. De concluir la Sala que se superan los requisitos de procedencia, pasará
a estudiar: (iii) si se configura el incumplimiento alegado por el solicitante.
Competencia de la Corte Constitucional para adelantar el trámite incidental de
desacato
Conforme a lo señalado en los numerales 5 y 51 supra, la Corte
Constitucional ordenó asumir competencia para verificar el cumplimiento de la
sentencia T-296 de 2013, mediante el auto 060 de 2015. Esto mismo, fue
reafirmado en el auto 459 de 2015, a través de la cual la Corte despejó cualquier
duda sobre su competencia para conocer de la verificación del cumplimiento de
la precitada sentencia, determinando:
“Si bien en principio le corresponde al juez de primera instancia la verificación del
cumplimiento de los fallos de tutela, incluso los proferidos en ejercicio de la función de
revisión en cabeza de la Corte Constitucional, se ha admitido en virtud de lo dispuesto
en los artículos 3, 23 y 27 del Decreto2591/1991, interpretados por la jurisprudencia de
esta Corporación, “[e]llo no quiere decir que la Corte no puede hacer cumplir
directamente sus órdenes, cuando éstas se han incumplido. En efecto, la Corte conserva
una competencia preferente, similar a la de la Procuraduría General de la Nación en el
campo disciplinario (art. 277 C.P.), en punto a la obtención del cumplimiento de sus
órdenes. La Corte es entonces competente, ora porque el juez a quien le compete
pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por ella no adopta medidas
conducentes al mismo, ya porque el juez de primera instancia ha ejercido su competencia
y la desobediencia persiste”.
En desarrollo de lo anterior, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional
decidió mediante Auto A-060/2015 “ASUMIR la competencia para verificar
cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013”, por lo que es esta Sala la que debe
verificar el adecuado restablecimiento de los derechos al debido proceso administrativo
y a la libre expresión artística amparados mediante dicha providencia.
Establecida la competencia para evaluar el cumplimiento del fallo, es facultad de esta
Sala la evaluación y verificación de la información presentada por las partes frente al
trámite de cumplimiento -como las que se analizan en el presente caso-, con la finalidad

58 Corte Constitucional, auto 018 de 2013.
59 Decreto 2591 de 1991, artículo 3.

Expediente T-3.758.508

24
de garantizar el correcto y oportuno restablecimiento de los derechos vulnerados a la
CTB”60
.

Teniendo en cuenta lo señalado en la sección II.A supra, el trámite para
dar cumplimiento a una sentencia de tutela (artículo 27 del Decreto 2591 de
1991) es distinto al trámite incidental de desacato (artículo 52 del Decreto 2591
de 1991). Entre otras diferencias, mientras el primero se circunscribe a un
análisis de naturaleza objetiva sobre el cumplimiento de las órdenes de la
sentencia, el segundo tiene como presupuesto un análisis subjetivo de
responsabilidad vis-à-vis el incumplimiento achacado.
Por consiguiente, esta Sala considera que no cuenta con la competencia
para adelantar el trámite incidental de desacato propuesto por el solicitante61
,
toda vez que, al igual que frente al trámite de cumplimiento62, un requisito para
que sea este tribunal competente en un incidente de desacato es, entre otros,
haber adelantado dicho trámite ante el juez de primera instancia – con la
salvedad de que en el presente asunto la Corte sí asumió directamente lo
relacionado con el trámite de cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013 –.
En consecuencia, se ordenará remitir el presente expediente al juez de
primera instancia (Juzgado 57 Civil Municipal de Bogotá) con la finalidad de
que dicho despacho judicial asuma la competencia únicamente para conocer del
incidente de desacato cuya apertura solicita la CTB.
Procedencia de las Solicitudes presentadas por la CTB
Teniendo en cuenta que los supuestos incumplimientos se endilgan a tres
autoridades diferentes (v.gr. Concejo de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá e
IDRD), se analizará su procedencia frente a cada una de estas por separado,
respecto a cada una de las Solicitudes allegadas por la CTB.
Procedencia de la Primera Solicitud de cumplimiento de la sentencia T-296 de
2013 frente al Concejo de Bogotá
Un elemento central para que pueda determinarse el incumplimiento o no
de una sentencia, es que la persona o entidad que ha causado el supuesto
incumplimiento fuera un destinatario de la orden teóricamente incumplida63
.
Esto no es algo diferente a una materialización y garantía del derecho al debido
proceso, máxime en tanto en sede de tutela las órdenes son inter partes, por

60 Corte Constitucional, auto 459 de 2015.
61 Corte Constitucional, sentencia SU-1158 de 2003: “No siempre coinciden el juez que tramita el desacato y
quien hace efectivo el cumplimiento. Un ejemplo es el trámite de desacato ante la Comisión de Acusaciones de
la Cámara de Representantes cuando el remiso goce del beneficio de fuero constitucional (magistrados de las
Altas Cortes) mientras que el trámite del cumplimiento se mantiene en el juez de tutela de primera instancia”.
62 Corte Constitucional auto 640 de 2017: “De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por regla general,
es el juez de tutela de primera instancia el encargado de la ejecución del fallo y, por ende, el competente para
adoptar las medidas necesarias que den lugar a asegurar el restablecimiento de los derechos comprometidos”.
63 Ver numerales 35 y 39 supra.

Expediente T-3.758.508

25
regla general y, en consecuencia, solo pueden vincular a quienes hicieron parte
del trámite.

En relación con lo anterior, la Sala Plena de este tribunal ha determinado
que:
“Esta Corporación ha señalado que “el juez constitucional, como director del proceso,
está obligado a -entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando
al trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en
la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo,
para que en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan
intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y
solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo
que ofrece el ordenamiento jurídico”. […]
Así, en función del principio del debido proceso es deber del juez constitucional vincular
y notificar a todas las partes y personas siempre que puedan estar o resultar
comprometidas en la acción de tutela, ya como afectados o como obligados a responder
por su acción u omisión, es decir, como partes o terceros interesados.”
64
.
Por lo tanto, el primer análisis que debe realizar la Sala es determinar
cuáles eran los sujetos hacia los cuáles estaba dirigida la Orden Cuarta(iii) de la
sentencia T-296 de 2013, con la finalidad de concluir si sería posible exigirle el
cumplimiento de dicha orden al Concejo de Bogotá.
De conformidad con lo señalado en dicha sentencia, las partes accionadas
en el proceso eran: (i) el Instituto Distrital de Recreación y Deporte; y (ii) la
Alcaldía Mayor de Bogotá:
“La demanda de tutela ha sido dirigida contra autoridades públicas distritales: el IDRD,
como realizador de los actos administrativos supuestamente violatorios de los derechos
fundamentales invocados -D 2591/91, art 1-; y la Alcaldía de Bogotá, en cuanto
instancia superior de la anterior que intervino públicamente en las instrucciones de
actuación del IDRD […]”
65
.
En particular, la Orden Cuarta(iii) cuyo incumplimiento se alega, a través
de la cual se dispuso “ORDENAR a las autoridades distritales competentes
disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza
de Toros de Santa María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos
contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad de la
expresión artística de la tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta: […]
(iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas
tradicionales, con las características habituales de la calidad y contenido de
tal expresión artística”66, no puede entenderse como una orden indeterminada
que vincule a todas las entidades del distrito, sino directa y exclusivamente
encaminada a las entidades que hicieron parte del proceso que dio lugar a la
sentencia T-296 de 2013.
Conforme con lo anterior, y de determinar la prosperidad de la Solicitud
de la CTB, esta Sala se vería en la necesidad de dejar sin efectos (vía trámite de
cumplimiento) un acto administrativo expedido por una entidad pública que no
64 Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018. (Énfasis añadido) Al respecto, ver, entre otras, Corte
Constitucional, sentencias T-1001 de 2006, T-519 de 2001, T-416 de 1997.
65 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013, numeral 2.3.
66 (Énfasis añadido).

Expediente T-3.758.508

26
hizo parte del proceso que dio como resultado la providencia cuyo
cumplimiento se reclama, lo cual excedería el alcance y finalidad de la Orden
Cuarta(iii), cuyo incumplimiento se alega. A este respecto, es importante aclarar
que las órdenes contenidas en la sentencia T-296 de 2013 no son de naturaleza
estructural ni atendían a la declaratoria de un estado de cosas
inconstitucional67
.

En consecuencia, no observa la Sala que el Concejo de Bogotá sea una
entidad que haya hecho parte del proceso bajo radicado T-3.758.508. Por lo
tanto, carece de legitimación por pasiva en este trámite y no resulta posible que
el juez (en este caso la Corte Constitucional), le solicite cumplir una orden que
en momento alguno estuvo dirigida hacia este ni era de su responsabilidad. Así
las cosas, la solicitud de cumplimiento elevada por la CTB frente al Concejo de
Bogotá no reúne los requisitos de procedibilidad para que sea posible continuar
con el estudio de fondo de las pretensiones contra la mencionada autoridad

pública – lo anterior sin perjuicio de la fuerza de precedente de la sentencia T-
296 de 2013, relevante para el ejercicio de sus competencias normativas –.

Procedencia de la Primera Solicitud de cumplimiento de la sentencia T-296 de
2013 frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá

Respecto a la Primera Solicitud de cumplimiento frente a la Alcaldía
Mayor de Bogotá, la Sala concluye que la Alcaldía de Bogotá sí es una entidad
que hizo parte del proceso bajo radicado T-3.758.508 y adicionalmente la Orden
Cuarta(iii) estaba dirigida a ella. Por lo tanto, sí resulta procedente exigirle su
cumplimiento – como de las demás órdenes de la sentencia T-296 de 2013–,
cuya verificación le compete a esta Sala de Revisión.
Ahora bien, la CTB centra la razón del alegado incumplimiento en un acto
concreto y específico, a saber, lo dispuesto en el acuerdo 767 del 23 de julio del
Este acto corresponde al desarrollo de una competencia normativa de la
corporación político-administrativa elegida popularmente: el Concejo de
Bogotá, que a pesar de que debe ser sancionado por el Alcalde Mayor,
permanece bajo dominio y competencia del Concejo Distrital en su
configuración. Así, estima esta Sala que el acto que censura el solicitante y que
identifica como el origen del incumplimiento de la Orden Cuarta(iii) no estaría
en cabeza de la Alcaldía de Bogotá. La independencia en las competencias y
actuaciones de ambas entidades resulta clara a partir de la lectura de los
artículos 322 y 323 de la Constitución, de los que deriva que el Concejo de
Bogotá y la Alcaldía son dos entidades públicas independientes, siendo esto
puntualizado en los artículos 8 y 35 del Decreto Ley 1421 de 1993.
Para la CTB, el incumplimiento de la Alcaldía de Bogotá de la sentencia
T-296 de 2013 se deriva de la sanción del Acuerdo 767. No considera esta Sala
que debido a ello pueda atribuirse una responsabilidad en materia de
incumplimiento de las órdenes de tutela. En efecto, la sanción de los acuerdos

67 En dichos escenarios, la Corte dicta una providencia encaminada a la subsanación del estado de cosas
inconstitucional en la cual se requiere – generalmente – la interacción entre diversas autoridades públicas
competentes para la superación de las deficiencias identificadas, lo que implica que las órdenes estarán
orientadas, entre otros, a dinamizar la actuación de estas para superar eventuales bloqueos institucionales que
contribuyen al mantenimiento de estado de inconstitucionalidad (al respecto, ver, entre otras, Corte
Constitucional, Auto 548 de 2017).

Expediente T-3.758.508

27
es una facultad que deberá cumplir dicha entidad, salvo que encuentre que
median razones de inconveniencia, inconstitucionalidad o ilegalidad (conocidas
estas dos últimas como objeciones jurídicas), caso en el cual podrá objetarlos.
Esta norma encuentra coincidencia con lo consagrado, además, en el artículo
315.6 de la Constitución Política que determina dentro de las atribuciones de
los alcaldes municipales “[s]ancionar y promulgar los acuerdos que hubiere
aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios
al ordenamiento jurídico”
68
.

En ese orden de ideas, la Alcaldía de Bogotá exclusivamente cuenta con
la facultad de objetarlos en el momento que, considere, pueden ser contrarios a
la ley o la Constitución, sin que la sanción u objeción traslade la titularidad del
acto a su favor, despojando al Concejo de Bogotá (sujeto activo del acto
administrativo) de la responsabilidad y dominio sobre el mismo. Muestra de lo
anterior se encuentra en el hecho de que la sanción del alcalde no es un requisito
imperativo para la eficacia del acuerdo o para que el acto se incorpore en el
ordenamiento jurídico, pues, por ejemplo, de no ser sancionado el proyecto de
acuerdo por el Alcalde en el término legal previsto, el presidente del Concejo
procederá a su sanción y publicación69
.
La expedición del Acuerdo 767 del 23 de julio del 2020 no fue de iniciativa
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de allí que no existe duda acerca de un posible

actuar contrario por parte de la Alcaldía al sentido integral de la sentencia T-
296 de 2013. Por consiguiente, al ser claro que el Acuerdo 767 de 2020, además

de no ser competencia de la Alcaldía, no tuvo iniciativa por parte de dicha
entidad, con lo cual su única injerencia en dicha norma se limitaba a la sanción
de la misma, esta actuación, como se concluyó en los párrafos precedentes,
carece de la entidad para incumplir las órdenes de la sentencia T-296 de 2013.

Adicionalmente, considerando lo señalado en el numeral 65 supra, al ser
el titular del acto el Concejo de Bogotá, dicha entidad sería el sujeto pasivo
demandado en el trámite de un eventual medio de control de nulidad, y no la
Alcaldía, razón que soporta la ausencia de titularidad del presunto
incumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-296 de 2013. En efecto, al no
ser responsable de la configuración del Acuerdo 767 de 2020 cuestionado,
deriva la ausencia de responsabilidad respecto de sus efectos relativos al
cumplimiento de la orden de tutela. Por esto, en el presente caso no se considera
procedente la Primera Solicitud de cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013,
propuesta por la CTB en contra de la Alcaldía de Bogotá, toda vez que no resulta
posible fundamentar el desconocimiento de la Sentencia T-296 por parte de la

68 (Énfasis añadido). Al respecto, ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de
febrero de 1995 (Rad. 2651).
69 Ley 136 de 1994, artículo 79. Aplicable para el Distrito Capital de Bogotá de conformidad con el artículo 2
del Decreto Ley 1421 de 1993: “Régimen aplicable. El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al
régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente
estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas
anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios”. (Énfasis
añadido). Frente a esto último, véase Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 16 de
febrero de 2016 (Rad. 2283): “en cualquier caso el régimen general de los municipios cumple una función
integradora, en la medida que evita o reduce los vacíos normativos que puedan presentarse cuando un
determinado asunto no ha tenido regulación completa o particular en las leyes especiales expedidas para
Bogotá”.

Expediente T-3.758.508

28
Alcaldía por el ejercicio de una competencia del Concejo de Bogotá que, se
reitera, actuó de manera independiente.

Teniendo en cuenta la naturaleza del trámite que ocupa a la Sala en este
caso particular y atendiendo el alcance de los reproches planteados contra el
Acuerdo 767 bajo la Primera Solicitud, no es posible – en esta sede – adelantar
un análisis de fondo de la legalidad, considerando además que este se encuentra
revestido de la presunción de legalidad que cobija todos los actos
administrativos. Dicha tarea correspondería al juez natural investido
constitucional y legalmente para conocer de la legalidad del acto (jurisdicción
de lo contencioso administrativo).
En consecuencia, frente a la Primera Solicitud, la Sala Tercera de Revisión
(i) rechazará por improcedente la solicitud del incidente de desacato y remitirá
la Solicitud y demás documentos obrantes en el expediente de la misma al juez
de primera instancia para que de trámite a dicho incidente de desacato, en el
marco de sus competencias; y (ii) se abstendrá de declarar el incumplimiento
de la sentencia T-296 de 2013 por parte del Concejo de Bogotá y la Alcaldía de
Bogotá con la expedición del Acuerdo 767 de 2020.
Procedencia de la Segunda Solicitud de cumplimiento de la sentencia T-296 de
2013 frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá
Retomando lo señalado en los numerales 69 a 75 supra, la Alcaldía es una
entidad que hizo parte del proceso bajo radicado T-3.758.508 y se encuentra
obligada a cumplir las órdenes de la Sentencia T-296 cuyo cumplimiento se
solicita. La Sala encuentra que el supuesto incumplimiento acusado por la CTB
se centra en un acto concreto: el Proceso de Selección abreviada de menor
cuantía No. IDRD-STP-CAMEP-092- 2021 del IDRD.
Así, se considera que no es correcto atribuir a la Alcaldía responsabilidad
alguna en esta oportunidad por el incumplimiento de las órdenes de la Sentencia
T-296, puesto que lo que se censura deriva de una actividad contractual
adelantada exclusivamente por un tercero, esto es, el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, entidad del orden distrital de la ciudad de Bogotá con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente70
. En
ese mismo sentido, no encuentra esta Sala que se haya acreditado por parte de
la entidad solicitante que la Alcaldía hubiere incidido irregularmente en el
procedimiento contractual o injerido en la configuración de los términos del
contrato o los documentos antecedentes, de modo que se pueda endilgar a ella
algún tipo de actividad que implicara responsabilidad en materia de
incumplimiento de las órdenes de tutela.
Sobre esto, es importante recordar que en el caso analizado en la Sentencia
T-296 donde, a pesar de que las conductas que motivaron la interposición de la
acción de tutela tenían relación con la actividad contractual del IDRD, también
se verificó la intervención de la Alcaldía Mayor, que ejerció influencia decisiva
sobre dicho procedimiento, especialmente al intervenir “públicamente en las
70 Véase, Acuerdo Distrital 4 de 1978 “Por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y el
Deporte.”, artículo 1: “Definición y Naturaleza. Créase el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte,
como un establecimiento público, con Personería Jurídica, autonomía administrativa y Patrimonio
independiente”.

Expediente T-3.758.508

instrucciones de actuación del IDRD”

71 y al exigir directamente a la CTB “solo
realizar corridas si se suprimía del espectáculo el tercer tercio de la corrida”72
,
so pena de retaliaciones a nivel contractual. En este sentido, no es razón
suficiente para excluir la posible responsabilidad de una autoridad pública en
que es otra entidad la responsable del proceso contractual. Sin embargo,
siempre resulta necesario acreditar una influencia o injerencia de cualquier
autoridad en la situación que afecta las medidas de restablecimiento de los
derechos amparados. En este caso concreto, la CTB no acredito cómo la
Alcaldía Mayor participó o intervino, en esta oportunidad, en el alegado
incumplimiento de las órdenes de tutela, de modo que no podría considerársele
responsable del alegado incumplimiento.

Aún más, la simple lectura de la Segunda Solicitud permite evidenciar que
esta fue estructurada en su integridad contra actuaciones adelantadas y que
serían responsabilidad exclusiva del IDRD, sin que se acredite reproche
particular contra la Alcaldía por dicho Proceso de Selección.
Por lo tanto, la Corte no encuentra procedente la Segunda Solicitud de
cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013 propuesta por la CTB en contra de
la Alcaldía de Bogotá, toda vez que no resulta posible fundamentar el
desconocimiento de dicha providencia a esta Entidad por las actuaciones del
IDRD que, se reitera, actuó de manera independiente. Así las cosas, frente a la
Segunda Solicitud la Sala Tercera de Revisión también se abstendrá de
declarar el incumplimiento de la sentencia T-296 de 2013 por parte de la
Alcaldía de Bogotá en relación con el Proceso de Selección abreviada de menor
cuantía No. IDRD-STP-CAMEP-092- 2021.
Procedencia de la Segunda Solicitud de cumplimiento de la sentencia T-296 de
2013 frente al Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Conforme fue señalado, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte fue
una de las partes accionadas en el proceso bajo radicado T-3.758.508. En
consecuencia, se encuentra verificada la legitimación por pasiva de esta entidad
respecto a un posible incumplimiento de las órdenes proferidas bajo la
Sentencia T-296.
Adicionalmente, contrario a lo evidenciado frente a la Alcaldía sobre la
participación de dicha entidad en los actos en que se fundamentan las
Solicitudes, el origen del incumplimiento endilgado por la CTB en la Segunda
Solicitud se encuentra radicado directa y exclusivamente en las competencias
contractuales del IDRD, que mediante la Resolución No. 1211 de 2021 ordenó:
“la apertura de la Convocatoria pública que se adelanta mediante el trámite de un
proceso de selección abreviada de menor cuantía No. IDRD-STP-CAMEP-092-2021,
cuyo objeto es Conceder el uso, goce y disfrute, de La Plaza de Toros de Santa María,
ubicada en la Carrera 6 # 26B – 50 de Bogotá D.C., la cual es susceptible de ser
entregada temporalmente en aprovechamiento económico para desarrollar por su
cuenta y riesgo la operación, organización, producción, administración y ejecución de

71 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013.
72 Ibid.

Expediente T-3.758.508

30
la temporada taurina 2022 de Bogotá D.C. conforme a lo autorizado por la Secretaría
de Cultura, Recreación y Deporte”.”73
.

En consecuencia, la Sala concluye que la Segunda Solicitud de
cumplimiento presentada por la CTB frente al IDRD cumple con los requisitos
de procedibilidad y, por tanto, pasará a resolver si la entidad ha incumplido las
órdenes de la Sentencia T-296, respecto a los cargos formulados por la CTB en
la Segunda Solicitud. Esto, teniendo en consideración que en el caso concreto
la Sala es competente para verificar el cumplimiento de la sentencia T-296 de
2013 porque: (i) la Sala asumió la verificación del cumplimiento74; y (ii) en este
asunto puntual existe una conexión directa y estrecha entre la providencia cuyo
cumplimiento se verifica y las actuaciones que teóricamente la incumplen, toda
vez que el IDRD invocó expresamente la sentencia T-296 de 2013 en los pliegos
del Proceso de Selección75
.

Análisis del incumplimiento alegado en la Segunda Solicitud respecto a las
actuaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Establecida la competencia para evaluar el cumplimiento del fallo, es
facultad de esta Sala la evaluación y verificación de la información presentada
por las partes frente al trámite de cumplimiento, con la finalidad de garantizar
el correcto y oportuno restablecimiento de los derechos vulnerados a la CTB.
Ahora bien, es pertinente aclarar que a pesar de que tanto la CTB como el IDRD
se refieren al cumplimiento de la sentencia y el trámite contemplado en el
artículo 23 del Decreto 2591 de 1991, el trámite de cumplimiento del fallo se
encuentra consagrado en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, según fue
explicado en el numeral 33 supra y será bajo dicha norma que se adelantará el
análisis particular.
Visto lo anterior, para la Corte Constitucional la Segunda Solicitud de
cumplimiento presentada por la CTB se delimita a que, con la apertura del
Proceso de Selección y los términos en que se estructuró el mismo, el IDRD
incumplió la Sentencia T-296, específicamente, las órdenes tercera (ii-iii) y
cuarta de dicha providencia, según las cuales:
“En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE: […]
Tercero.- ORDENAR a la entidades accionadas: (i) restituir de manera inmediata la
Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de
espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras
destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su destinación
principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de primera
categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004; … abstenerse de adelantar
cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su
restablecimiento como recinto del espectáculo taurino en Bogotá D.C.
Cuarto.- ORDENAR a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario para
la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá,
mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que
garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión,
73 Instituto de Recreación y Deporte, Resolución No. 1211 de 2021 de 30 de diciembre de 2021.
74 Mediante el auto 060 de 2015. Ver numerales 5 y 6 supra.
75 Ver numerales 104 y 105 infra.

Expediente T-3.758.508

31
teniendo en cuenta: (i) la reapertura de la Plaza como escenario taurino en condiciones
de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la
realización de los fines de transparencia en la administración pública aplicables al
proceso; (ii) el restablecimiento de los espectáculos taurinos en las fechas u ocasiones
usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la temporada regular en los primeros
meses del año como el Festival de Verano en el mes de agosto; (iii) la sucesiva, periódica
y regular realización de las actividades taurinas tradicionales, con las características
habituales de la calidad y contenido de tal expresión artística”.

Para la CTB, dicho incumplimiento se debe al Proceso de Selección el
IDRD, ya que: (i) estableció unos plazos de imposible cumplimiento para
cualquier interesado en el proceso licitatorio; (ii) estableció condiciones
económicas que imposibilitarían el cumplimiento del objeto contractual que se
licitaba; y (iii) a pesar de su inconstitucionalidad e ilegalidad aplicó el Acuerdo
Distrital 767 de 2020, al definir las características del espectáculo taurino que
se realizaría como resultado del Proceso de Selección.
Alcance de las órdenes de la sentencia T-296 de 2013
Considera esta Sala que no es posible circunscribir el análisis del
cumplimiento de la Sentencia T-296 a una o algunas órdenes particulares de
dicha providencia, pues, atendiendo además su naturaleza compleja, existe una
interdependencia entre todas las órdenes como instrumento para materializar la
protección de los derechos fundamentales de la CTB. Por consiguiente, las
diferentes órdenes se imponen con la finalidad de restablecer –ante la
vulneración– el quebranto sufrido en los derechos fundamentales de la CTB,
con lo cual no resulta posible valorarlas como órdenes aisladas o
independientes, sino como interdependientes, y todas ellas orientadas al logro
de una finalidad constitucional específica, de tal forma que pueda lograrse el
sentido del fallo y se garantice el restablecimiento de los derechos
fundamentales.
Como se mencionó, las órdenes que la CTB alega como incumplidas por
el IDRD son órdenes de naturaleza compleja, es decir, aquellas que no implican
un cumplimiento de un solo acto, sino que “suponen “un marco metodológico
compuesto de múltiples fases y actuaciones” dirigidas a su ejecución”76. Así,
el cumplimiento de la Sentencia T-296 no se limitaba a una única actuación por
parte de las entidades accionadas, sino el despliegue de diferentes actuaciones
de dichas entidades en ejercicio de la función administrativa.
Así las cosas, pasa la Corte a estudiar las diferentes ordenes contenidas en
la Sentencia T-296 con la finalidad de establecer el marco de actuaciones
necesario para su adecuado cumplimiento.
El ordinal tercero del resolutivo de la Sentencia T-296 ordenó, en su
numeral (i), que las autoridades distritales accionadas (Alcaldía e IDRD) debían
restituir en forma inmediata la Plaza de Toros de Santa María “como escenario
para la realización de espectáculos taurinos, en tanto escenario de primera
categoría, conforme a la Ley 916 de 2004”. Este numeral fue objeto de
aclaración por parte de este tribunal mediante el Auto 060, en el cual estableció
que el término “restitución” de este resolutivo tiene una connotación

76 Corte Constitucional, auto 004 de 2020.

Expediente T-3.758.508

32
exclusivamente jurídica cuya finalidad no es otra que ratificar la destinación
legal de la Plaza de Toros de Santa María y que retornara a su uso legal como
plaza de toros permanente de primera categoría – conforme a lo establecido en
la Ley 916 de 2004 –. En consecuencia, explicó la Corte que:
“La “restitución” no debe confundirse ni con la rehabilitación física de la Plaza ni con
su reapertura al público. Por esto, la orden de la “restitución” así entendida obra de
manera inmediata, y se entiende cumplida con la notificación a la autoridad distrital de
la sentencia T-296/13.
No sobra recordar que la “restitución” de la Plaza como escenario para la realización
de espectáculos taurinos no impide que el escenario pueda ser utilizado en otras
actividades culturales o artísticas, deportivas o recreativas, siempre y cuando con ello
no se altere ni obstruya su destinación principal y tradicional”
77
.

Por consiguiente, para la Corte es claro que el cumplimiento de dicha
orden: el IDRD y la Alcaldía se encontraban obligados a permitir que la Plaza
de Toros de Santa María de Bogotá cumpliera con su destinación legal
principal: plaza de toros permanente de primera categoría.
Ahora bien, se reitera, esta orden no puede entenderse en forma aislada sin
acudir al numeral (iii) del mismo resolutivo tercero de la Sentencia T-296, a
través del cual la Sala ordenó al IDRD y la Alcaldía que se abstuvieran de
“adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o
dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo taurino en Bogotá
D.C.”. Esta orden fue igualmente precisada a través del Auto 060, en el cual se
señaló que:
“La orden consistente en “abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación
administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del
espectáculo taurino en Bogotá D.C.”, es parámetro de verificación judicial del
cumplimiento de las órdenes dispuestas para este caso por la Corte Constitucional, con
arreglo a criterios de finalidad, razonabilidad y conducencia”
78
.
Por su parte, en el resolutivo cuarto de la providencia cuyo cumplimiento
se solicita este tribunal ordenó a la Alcaldía y el IDRD “disponer lo necesario
para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa
María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros
administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la
tauromaquia y su difusión”

79, para lo cual deberían tener en cuenta que:
(i) La reapertura de la plaza como escenario taurino se diera en condiciones
de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los

77 Corte Constitucional, auto 060 de 2015, núm. 4.1. (Énfasis añadido) En consecuencia, a través de este auto
resolvió: “Primero.- ACLARAR que la orden de restitución contenida en el resolutivo tercero de la Sentencia
T-296 de 2013 (i. “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros
permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio
de otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su destinación principal y
tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de primera categoría de conformidad con la Ley
916 de 2004”), alude a la ratificación de la destinación jurídica de la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá,
como plaza de toros permanente de primera categoría, de acuerdo con lo establecido en la Ley 916 de 2004”.
78 Corte Constitucional, auto 060 de 2015.
79 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013. (Énfasis añadido).

Expediente T-3.758.508

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proponentes y la realización de los fines de transparencia en la
administración pública aplicables al proceso;
(ii) Los espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Santa María se deben
realizar en las fechas tradicionales para la ciudad de Bogotá, “incluyendo
tanto la temporada regular en los primeros meses del año como el Festival
de Verano en el mes de agosto”80; y
(iii) Que las actividades o espectáculos taurinos tradicionales se realicen: a) en
forma sucesiva, periódica y regular; y b) de acuerdo con las características
habituales de calidad y contenido de la expresión artística.

La Corte dispuso en el ordinal quinto de la providencia que el IDRD
contaba con un plazo de 6 meses “para el cumplimiento de lo ordenado en el
resolutivo anterior -cuarto-, a través de los procedimientos contractuales u
otros administrativos del caso conducentes a la reanudación de los
espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916
de 2004”
81
. Esta orden fue igualmente objeto de aclaración en el Auto 060, en

el cual precisó que:
“el término de seis (6) meses consagrado en el ordinal quinto de la parte resolutiva de
la Sentencia T-296 de 2013 para la realización del proceso administrativo/contractual
de operación de la Plaza de Toros, comenzará a correr a partir del 17 de marzo de 2016,
correspondiendo a la autoridad distrital competente adelantarlo de conformidad con el
resolutivo cuarto de la sentencia, “en condiciones de neutralidad e igualdad,
garantizando la selección objetiva de los proponentes y la realización de los fines de
transparencia en la administración pública”, conducente a la reanudación de los
espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004”.

El cronograma fijado en el Auto 060 para el cumplimiento de la Sentencia
T-296 se relaciona con la rehabilitación estructural de la plaza, actividad que
era necesaria para el cumplimiento general de dicha providencia: la continua
realización de espectáculos taurinos en Bogotá mientras las condiciones
legales así lo permitan. En consecuencia, las órdenes de la sentencia T-296 de
2013 no se agotaron en la restitución de la plaza como escenario físico para la
realización del espectáculo taurino, para una sola temporada taurina.
Por una parte, la redacción en plural de los numerales (ii) y (iii) de la orden
cuarta, obligan a entender que se refieren a diferentes temporadas taurinas y no
solo a la subsiguiente82. Por otra parte, una lectura sistemática de las órdenes
lleva a concluir que la orden de “[adoptar] mecanismos contractuales u otros
administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la
tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta: […] la sucesiva, periódica y
regular realización de las actividades taurinas tradicionales”, necesariamente
exige a las autoridades distritales – particularmente el IDRD – a desplegar

80 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013.
81 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013. (Énfasis añadido).
82 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013: “… el restablecimiento de los espectáculos taurinos en
las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la temporada regular en los primeros
meses del año como el Festival de Verano en el mes de agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización
de las actividades taurinas tradicionales, con las características habituales de la calidad y contenido de tal
expresión artística”.

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actuaciones contractuales leales, que permitan la realización de las verdaderas
temporadas taurinas.

Esto implica que las temporadas se puedan adelantar de forma continua,
habitual y usual. Así, el mandato de la Sentencia T-296 no debe ser entendido
como exclusivamente referido a un solo momento, por una sola corrida o
temporada.
En consecuencia, las medidas de restablecimiento dispuestas en dicha
providencia continúan vigentes y deben atenderse por parte del IDRD como
requisitos para la adecuada protección y garantía de los derechos de la CTB.
Esto denota que los actos administrativos o contractuales que realice la entidad
en relación con la práctica taurina deben encaminarse al mantenimiento de la
tradición que la respalda y ajustarse a las características y condiciones propias
de la expresión artística reconocidas por la ley aplicable.
Finalmente, por las razones anteriormente expuestas la Sala considera que
no han desaparecido las condiciones para que esta verifique el cumplimiento de
las órdenes de la Sentencia T-296. Esto, máxime en tanto un condicionante
expreso para el cumplimiento de la orden cuarta de la providencia (cuyo fin es
garantizar la continuidad de la tauromaquia83) es “la sucesiva, periódica y
regular realización de las actividades taurinas tradicionales [en Bogotá], con
las características habituales de la calidad y contenido”.

El Proceso de Selección abreviada menor cuantía No. IDRD-STP-CAMEP-
092- 2021

Conforme a lo antes señalado84

, el IDRD adelantó el Proceso de Selección
cuya finalidad, en síntesis, era conceder bajo la modalidad de aprovechamiento
económico la Plaza de Toros de Santamaría para la realización de la temporada
taurina 2022 de Bogotá D.C.

Según se evidencia de la información aportada por la entidad, el aviso de
convocatoria pública del Proceso de Selección fue publicado en la plataforma
SECOP II el 16 de diciembre de 2021. Mediante la Resolución No. 1211 de
2021 del 30 de diciembre de 2021, el IDRD ordenó la apertura del Proceso de
Selección, contando los interesados con plazo hasta el 4 de enero de 2022 para
manifestar interés de participar en el proceso. Debido a la ausencia de ofertas
en el Proceso de Selección, el IDRD lo declaró desierto el 13 de enero de 2022
mediante Resolución No. 023 de la misma fecha. Sin embargo, se previó en el
cronograma publicado bajo la Resolución No. 1211 de 2021 que la adjudicación
se llevaría a cabo el 20 de enero de 2022 y la firma del respectivo contrato
tendría lugar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación.
Adicionalmente, de acuerdo con lo indicado en los documentos obrantes
en el Proceso de Selección85: (i) la temporada taurina constaría de 3 fechas
83 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013: “RESUELVE: […] Cuarto.- ORDENAR a las autoridades
distritales competentes disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros
de Santa María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que
garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión […]”. (Énfasis añadido).
84 Ver numerales 32, 81-83 supra.
85 Véase, entre otros, Aviso de Convocatoria IDRD-STP-CAMEP-092-2021; Capítulo 6 del COMPLEMENTO
DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES SELECCIÓN IDRD-STP-CAMEP-092-2021: “PLAZO

Expediente T-3.758.508

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(domingos) de acuerdo con las fechas que debía fijar a Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte, dando cumplimiento al Acuerdo 767 de 2020
(artículo 6); (ii) la tipología de contrato sería “un contrato de: Aprovechamiento
económico (CAE) que se regulará por las normas civiles y comerciales y por
lo establecido en el Decreto 552 de 2018 […] y demás normas concordantes de
carácter civil, comercial y administrativo, el cual se adjudicará conforme lo
estipulado en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la Sentencia T-296 de
2013”
86; y (iii) el presupuesto oficial ascendía a la suma de $ 4.403.313.644
pesos, de los cuales el IDRD percibiría mínimo el 10%87
.

Asimismo, es relevante resaltar que en el Anexo Técnico de los
documentos del Proceso de Selección se determinó en forma clara que:
“El operador deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Distrital
767 del 2 de julio de 2020 “Por el cual se desincentivan las prácticas taurinas en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”; cuyo objeto se centra en propender por
subsanar el vacío normativo referente a protección animal, tras la desincentivación de
la práctica taurina en la ciudad.
Que en concordancia con dicha normatividad, “La realización de las prácticas taurinas
permitidas exigirá la eliminación de todos los instrumentos que laceren, corten,
mutilen, hieran, quemen o lastimen en cualquier forma a los animales, o les den
muerte” […]
El contratista deberá reservar y usar mínimo el 30% del espacio de la publicidad del
evento para informar del sufrimiento animal que conllevan las corridas de toros o
novilladas. Esta obligación se deberá desplegar en vallas, paraderos de buses, anuncios
de prensa, radiales, televisivos o en cualquier otro medio masivo de comunicación. El
costo total por la publicación de los mensajes publicitarios correrá por cuenta del
organizador del evento taurino”
88
.
Lo anterior, se encuentra además reiterado en los “DOCUMENTOS Y
ESTUDIOS PREVIOS” del Proceso de Selección, donde se expone el
marco normativo relevante para la ejecución del posible contrato, y se
señala expresamente que con el proceso se busca dar cumplimiento a la
sentencia T-296 de 201389. Dentro de dicho marco normativo se identifican:
(i) la Ley 916 de 2004; (ii) el auto 060 de 2015; (iii) la sentencia C-666 de 2010;
(iv) la sentencia C-889 de 2012; (v) el comunicado No. 33 de 22 de agosto de
2018 de la Corte Constitucional que declaró la nulidad de la sentencia C- 041

DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo del contrato es a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de marzo de 2022. PARÁGRAFO:
Conforme a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 767 del 2 de julio de 2020, la temporada taurina comprenderá
hasta tres (3) domingos, conforme a las fechas que fije la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte”.

86 Capítulo 6 del COMPLEMENTO DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES SELECCIÓN IDRD-
STP-CAMEP-092-2021.

87 Capítulo 6 del COMPLEMENTO DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES SELECCIÓN IDRD-
STP-CAMEP-092-2021.

88 ANEXO TECNICO PLAZA DE TOROS DE SANTA MARIA, secciones AMBIENTAL y PUBLICIDAD.
89 DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS, página 2: “Teniendo en cuenta que la necesidad definida por la
entidad estatal es de carácter legal, toda vez que la administración distrital está obligada a surtir un proceso
de selección para escoger bajo los principios de la selección objetiva de la Contratación Estatal un operador
que asuma por su cuenta y riesgo la producción, organización, administración, operación y ejecución, entre
otras, para la realización de la temporada taurina del año 2022 en la Plaza de Toros la Santamaría en virtud
de lo dispuesto en el fallo de la Corte Constitucional en Sentencia T-296 de 2013, en el título de resuelve,
numeral quinto que establece: […]”.

Expediente T-3.758.508

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de 201790; y (vi) el Acuerdo 767 de 2020. En los documentos del Proceso de
Selección, el IDRD puntualizó que:
“[E]n la plaza de toros La Santamaría solo podrán realizarse corridas de toros y
novilladas que cumplan entre otras con las siguientes condiciones: 1. En el desarrollo
de las prácticas taurinas permitidas en Bogotá –desde la llegada de los animales a la
Plaza hasta su cargue en el transporte hacia el lugar de destino posterior a la corrida o
novillada– no podrá utilizarse ningún instrumento que lacere, corte, mutile, hiera,
queme, lastime de cualquier forma o cause la muerte a los animales involucrados. Esto
incluye (pero no se limita a): banderillas, estoques, arpones, espadas, picas, dagas y
puyas, entre otros instrumentos. 2. El organizador del evento taurino deberá destinar, a
su costo, el 30% del espacio de las piezas publicitarias del evento para informar del
sufrimiento que las actividades taurinas les causan a los animales involucrados. Esto es
aplicable (pero no se limita) a: la publicidad que se realice en vallas, paraderos de buses,
anuncios en prensa, radio, televisión, o cualquier otro medio masivo de comunicación,
tanto impreso como digital, en el que se publicite el evento taurino, sea corrida de toros
o novillada. 3. El organizador del evento taurino deberá asumir la totalidad de los gastos
de operación de las actividades taurinas a desarrollar en la Plaza”91
.

Además, dentro del alcance del contrato se especificó que:
“Las actividades de aprovechamiento económico serán desarrolladas por el
CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en la normatividad y con estricta
observancia a lo estipulado en el Manual de Aprovechamiento de los Espacios Públicos
Administrados por el IDRD, la sentencia T-296/13 y el Acuerdo Distrital 767/2020 “Por
el cual se desincentivan las prácticas taurinas en el Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones”, en consonancia con las obligaciones descritas en la Convocatoria
Pública y la oferta”92
.
En ese orden de ideas, la Sala verifica que quien resultara adjudicatario del
contrato de aprovechamiento económico para la realización de la realización de
la temporada taurina 2022 de Bogotá, entre otros: (i) podría realizar un máximo
de 3 corridas de toros; en las cuales (ii) no podría utilizarse instrumento alguno
que lastime de cualquier forma o cause la muerte del toro, incluyendo pero sin
limitarse a banderillas, estoques, arpones, espadas, picas, dagas y puyas; y (iii)
debería destinar, bajo su propio costo, un 30% del espacio de las piezas
publicitarias del evento para informar del sufrimiento que las actividades
taurinas les causan a los animales involucrados.
La excepción de inconstitucionalidad
Como ha sido expuesto reiteradamente por la jurisprudencia de esta
corporación93

, el ordenamiento superior ha establecido una doble figura para la
protección de la supremacía constitucional (consagrada en el artículo 4 de la
Constitución), compuesta por la acción pública de inconstitucionalidad
(artículo 241 de la Constitución) y por la excepción de inconstitucionalidad que
“es un mecanismo de control concreto de constitucionalidad para inaplicar
normas legales, reglamentarias o de cualquier otra índole, cuando se evidencie

90 Dicho comunicado corresponde al comunicado de prensa previo del auto 547 de 2018 de esta Corte,
disponible esta providencia en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2018/a547-18.htm.
91 DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS, página 4.
92 DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS, página 4. (Énfasis añadido).
93 Corte Constitucional, entre otras, sentencias SU-074 de 2022, T-385 de 2021, T-255 de 2021, T-424 de 2018,
SU-132 de 2013.

Expediente T-3.758.508

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“una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y
las normas constitucionales”
94
.

Por lo anterior, esta corporación ha establecido que la excepción de
inconstitucionalidad debe ser ejercida por cualquier autoridad (no
necesariamente judicial) a solicitud de parte u oficiosamente95, cuando se
demuestre que la aplicación de una norma de inferior jerarquía a la Constitución
amenaza o vulnera los derechos fundamentales de quien se vea en riesgo en el
caso concreto96. Así, esta corporación ha determinado que la excepción de
inconstitucionalidad tendrá lugar cuando:
“(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un
pronunciamiento sobre su constitucionalidad (…);
(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido
objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de
nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,
(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación
de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento
iusfundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de
una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser
utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”97
.
En conclusión, cuando una autoridad pública (no necesariamente en
ejercicio de función jurisdiccional) evidencie que la norma que debería aplicar
para el caso concreto es manifiestamente inconstitucional98 y todavía no
medie pronunciamiento sobre su constitucionalidad – por parte de este tribunal
o la jurisdicción de lo contencioso administrativo –, deberá inaplicar la norma
inferior de conformidad con el mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta.
Resolución del caso concreto
De forma preliminar y reiterando lo resuelto en la Sentencia T-296, la
Corte se abstendrá de examinar aspectos relacionados con consideraciones de
tipo patrimonial sobre el Proceso de Selección99

. En consecuencia, la Corte no
estudiará los reproches de la CTB sobre las condiciones económicas fijadas por
el IDRD en el Proceso de Selección.

Así, la Corte se concentrará en resolver si ¿en el marco del proceso de
selección abreviada de menor cuantía No. IDRD-STP-CAMEP-092-2021 el
IDRD incumplió las órdenes de la sentencia T-296 de 2013?, exclusivamente
en lo relacionado con: (i) los plazos y términos del Proceso de Selección; y (ii)
la aplicación del Acuerdo Distrital 767 de 2020 para la estructuración del
Proceso de Selección. Esto, aunado a lo mencionado sobre la naturaleza rogada
de presente asunto100, ya que no se está ante un caso en el que el juez encargado
94 Corte Constitucional, sentencia T-255 de 2021, reiterado en las sentencias SU-074 de 2022 y T-385 de 2021.
95 Corte Constitucional, sentencias T-385 de 2021, T-269 de 2015.
96 Corte Constitucional, sentencias T-385 de 2021, SU-132 de 2013.
97 Corte Constitucional, sentencia T-424 de 2018. (Énfasis añadido).
98 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2022.
99 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013: “La Corte se abstendrá de examinar aspectos contractuales
de incidencia meramente legal, como la naturaleza del contrato de utilización de la Plaza de Toros de Santa
María de Bogotá entre el IDRD y la CTB -ya de arrendamiento o de mandato-, en cuanto al fundamento para
su terminación unilateral, y cualquier otro aspecto relacionado con consideraciones de tipo patrimonial de allí
derivado.”
100 Ver numerales 45, 51 supra.

Expediente T-3.758.508

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de verificar el cumplimiento del fallo de tutela oficiosamente decida hacer
seguimiento al mismo, debiendo entonces ceñirse el análisis particular a lo
señalado por la CTB en sus Solicitudes. Lo anterior, máxime en tanto la
competencia de verificación de cumplimiento de la Sentencia T-296 por parte
de esta corporación asumida mediante el Auto 060 no puede entenderse como
un permanente seguimiento a cualesquiera controversias por actuaciones de las
autoridades locales del Distrito Capital que se den en relación con la realización
de los Toros en la ciudad.

Para ello, la Sala estima pertinente estructurar la decisión bajo los
siguientes dos interrogantes:
(i) ¿Resulta razonable el cronograma planteado por el IDRD bajo el
Proceso de Selección para dar cumplimiento a la sentencia T-296 de
2013?
(ii) ¿Las condiciones fijadas por el IDRD bajo el Proceso de Selección para
la realización del espectáculo taurino cumplen con lo dispuesto en la
sentencia T-296 de 2013?
Primero, en relación con el numeral (i) anterior, es del caso reiterar que en
la Sentencia T-296 la Corte ordenó al IDRD, como medida para restablecer la
vulneración de derechos de la CTB, adoptar los mecanismos administrativos
y/o contractuales que permitieran cumplir con las demás órdenes de dicha
providencia respecto a la realización de las temporadas taurinas en la ciudad de
Bogotá.
Por consiguiente, disponer la apertura del Proceso de Selección cuya
finalidad es que se adelante la temporada taurina 2022 en Bogotá prima facie
demostraría un cabal cumplimiento de las órdenes correspondientes de la
Sentencia T-296. No obstante, es del caso zanjar si la forma en que el IDRD
llevó a cabo el procedimiento permite cumplir en realidad con las órdenes de
dicha providencia. Esto, toda vez que conforme señaló la CTB, los plazos en
los que se programó el Proceso de Selección hacían “imposible para cualquier
empresario presentarse al proceso de selección abreviada con una oferta seria
y cumplible”
101
.
La Corte coincide con los argumentos del solicitante, en el sentido de que
los plazos establecidos dentro del cronograma del Proceso de Selección no
habrían permitido a los interesados presentar una oferta cumplible bajo la cual
fuera posible realizar la temporada taurina 2022 en Bogotá. Conforme a lo
establecido en el cronograma del Proceso de Selección, solo hasta el 20 de enero
de 2022 se tendría conocimiento del oferente que hubiera resultado
adjudicatario del contrato102, momento a partir del cual debería adelantar, entre
otras, las respectivas negociaciones con los toreros y ganaderías para la
definición de los carteles, organizar la logística del evento bajo las condiciones

101 Segunda Solicitud de la CTB.
102 Ver numeral 101 supra.

Expediente T-3.758.508

39
particulares fijadas en el Proceso de Selección, obtener los patrocinios
requeridos y vender la boletería de la temporada taurina.

Todo esto, bajo la óptica de que resulta imperativo que la temporada
taurina en la ciudad de Bogotá se realice entre los meses de enero y, a más
tardar, marzo de 2022, de conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional en las sentencias T-296 de 2013 – orden cuarta (ii) – y C-666 de
2010 – orden única (3) 103– y teniendo además en cuenta el plazo contractual
previsto en los documentos del Proceso de Selección. Es decir, conforme a los
términos del Proceso de Selección el contratista debería – en un plazo de
aproximadamente 2 meses – no solo organizar y definir la totalidad de la
temporada taurina objeto del contrato, sino efectuar la celebración de la misma.
En ese sentido, para la Sala el IDRD no adoptó mecanismos administrativos y/o
contractuales que le permitieran cumplir cabalmente con las órdenes de la
sentencia T-296 de 2013, pues el Proceso de Selección diseñado estaba
destinado a ser declarado desierto – como en efecto ocurrió –.
En consecuencia, se procederá a declarar el incumplimiento por parte del
IDRD de las órdenes de la sentencia T-296 de 2013, puesto que el IDRD, al no
contemplar un cronograma factible dentro del Proceso de Selección que permita
a un interesado resultar adjudicatario del contrato para la realización de la
temporada taurina 2022. Lo anterior tiene como resultado que no se cumpliera
con el restablecimiento de derechos ordenado mediante la Sentencia T-296 en
favor de la CTB, conforme al cual las autoridades distritales accionadas debían:
(i) Adoptar mecanismos contractuales para garantizar la continuidad de la
expresión artística de la tauromaquia y su difusión. Como se evidenció, el
mecanismo contractual planteado bajo el Proceso de Selección no permite
la continuidad de los espectáculos taurinos en la ciudad de Bogotá.
(ii) Abstenerse de “adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que
obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo
taurino en Bogotá D.C.”. No obstante, el Proceso de Selección se
configura como una actuación administrativa que impide el
restablecimiento de la Plaza de Toros Santa María conforme a su
destinación legal principal: plaza de toros permanente para la realización

103 Corte Constitucional, sentencia C-666 de 2010: “En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, || Declarar EXEQUIBLE el
artículo 7° de la Ley 84 de 1989 “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se
crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”, en el entendido: || 1)
Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir,
la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre
y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor
durante el transcurso de esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite
la continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se
eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación
entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente podrán desarrollarse en
aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e
ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3) que sólo podrán desarrollarse
en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que
estén autorizadas; 4) que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del
deber constitucional de protección a los animales; y 5) que las autoridades municipales en ningún caso podrán
destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades.

Expediente T-3.758.508

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de espectáculos taurinos en los términos de la Ley y la preservación de la
cultura taurina.
(iii) Efectuar actividades taurinas en la ciudad de Bogotá en forma sucesiva104
,

periódica105 y regular106

. Como fue descrito, el Proceso de Selección
diseñado no daría lugar a la realización de una temporada taurina en el año
2022.

En el caso concreto y frente a este primer interrogante particular, la Sala
encuentra que concurren los elementos necesarios para que sea posible predicar
un incumplimiento de las órdenes proferidas bajo una sentencia de tutela pues:
(i) las órdenes están dirigidas al IDRD; (ii) al ser una orden de naturaleza
compleja el término para su cumplimiento no concluye con adelantar los
mecanismos administrativos y/o contractuales para la realización de las
temporadas taurinas en Bogotá sino continúan vigentes y deben ser atendidas
por el IDRD, como lo reconocen los documentos mismos del Proceso de
Selección al señalar que dicho proceso se inició para dar cumplimiento a la
Sentencia T-296; (iii) las actuaciones de la entidad contrarían el alcance de las
órdenes cuyo incumplimiento se demostró.
Lo anterior sin que medie explicación o justificación razonable del IDRD
para no haber dado cumplimiento a las órdenes de la sentencia T-296 de 2013,
considerando además que conforme determinó este tribunal en el auto 060 de
2015 “[l]a orden consistente en “abstenerse de adelantar cualquier tipo de
actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento
como recinto del espectáculo taurino en Bogotá D.C.”, es parámetro de
verificación judicial del cumplimiento de las órdenes dispuestas para este caso
por la Corte Constitucional, con arreglo a criterios de finalidad, razonabilidad
y conducencia”107
.
Segundo, respecto al interrogante planteado señalado en el numeral 112(ii)
supra, esta Sala considera importante reiterar que la Sentencia T-296 de 2013
obliga en la actualidad al IDRD a, entre otros:
“[…] disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de
Toros de Santa María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u
otros administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la
tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta: … la sucesiva, periódica y regular
realización de las actividades taurinas tradicionales, con las características habituales de
la calidad y contenido de tal expresión artística”
108
.
Por consiguiente, procede la Sala a recapitular cuáles son dichas
características habituales de calidad y contenido que exige la sentencia T-296:
(i) De conformidad con la Ley 916 de 2004 “por la cual se establece el
Reglamento Nacional Taurino”: a) los espectáculos taurinos son

104 Diccionario de la Real Academia Española: “Sucesivo”: “Dicho de una cosa: Que sucede o se sigue a otra”.
105 Diccionario de la Real Academia Española: “Periódico”: “[…] 2. adj. Que se repite con frecuencia a
intervalos determinados. […]”.
106 Diccionario de la Real Academia Española: “Regular”: “[…] 3. adj. Que se hace o se produce a intervalos
regulares (‖ uniformes). Acude a revisiones médicas regulares […]”.
107 Corte Constitucional, auto 060 de 2015. (Énfasis añadido).
108 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013 (resolutivo cuarto).

Expediente T-3.758.508

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considerados como una expresión artística del ser humano (artículo 1),
categorización legal que ha sido admitida por la jurisprudencia de esta
corporación; y b) la corrida se divide en tres tercios, entendiéndose estos
como “[c]ada una de las tres etapas -vara, banderillas, muerte- en que se
divide la corrida” (artículo 12)109, etapas que se deberán adelantar de
conformidad con lo estipulado en dicha ley.
(ii) Las fechas usuales en las que se realiza la temporada taurina de Bogotá
son los meses de enero a marzo de cada año y el Festival de Verano en el
mes de agosto.
(iii) La temporada taurina de Bogotá tradicionalmente está compuesta por 5 o
6 corridas de toros y una novillada, como el IDRD mismo reconoce110, y
las novilladas realizadas en el Festival de Verano111
.

Así las cosas, es dado concluir que en el marco del Proceso de Selección
el IDRD pretendió licitar un contrato para la temporada taurina 2022 de Bogotá
que no cumple con lo ordenado por la Sentencia T-296, pues las actividades
estructuradas bajo dicho procedimiento contractual no permiten la realización
de las “actividades taurinas tradicionales con las características habituales de
la calidad y contenido de tal expresión artística”
112
. En efecto, los términos
propuestos eliminan características tradicionales y habituales de contenido de
la tauromaquia, las cuales se encuentran legalmente protegidas, al proscribir

109 Corte Constitucional, auto 025 de 2015: “El régimen legal de los espectáculos taurinos. Destacó la Corte
que el Legislador ya ha fijado las reglas del espectáculo taurino y la tauromaquia: (i) el Reglamento Nacional
Taurino tiene rango legal, al estar contenido en la Ley 916/04; (ii) el espectáculo taurino es un modo de
“expresión artística del ser humano”, según el artículo 1o de la Ley 916/04, hallado exequible por sentencia
C-1192/05; (iii) los espectáculos taurinos consisten en una secuencia de tres ‘tercios’, de “varas” y de
“banderillas”, que conducen al tercio final o de “muerte” definido como su etapa culminante y significante
-Ley 916/04, artículo 12-; (iv) la Plaza de Toros de Santa María ha sido legalmente destinada como escenario
de espectáculos taurinos y declarada plaza de 1a categoría -Ley 916/04, artículos 3, 4 y 10-. En suma, la
estructura y contenido del espectáculo taurino y su calificación como expresión artística son materia de
regulación legal”. (Énfasis añadido).
110 IDRD, memorando radicado IDRD No. 20216000059163 del 17 de febrero de 2021 (archivo: Respuesta de
la Alcaldía de Bogotá a la Primera Solicitud de la CTB, archivo “Memorando IDRD del 2021”): “Teniendo en
cuenta la Cultura Taurina en la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños, generalmente en cada temporada
taurina se han realizado 5 corridas de toros y una Novillada, en el horario de 3:30 pm a 6:30 pm
aproximadamente”, a pesar de señalar que generalmente se realizan 5 corridas de toros, en el cuadro que el
IDRD incluye en el memorando con todas las corridas realizadas en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá
se verifica que el número oscila entre 5 y 6.
111 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013: “7.5.5.5. Verificada la existencia del defecto orgánico y la
vulneración del derecho al debido proceso del accionante, la Sala debe señalar que las medidas adoptadas por
las entidades accionadas condujeron a la cancelación de la temporada taurina 2013 en la ciudad de Bogotá,
que usualmente tiene lugar en los meses de enero y febrero, al igual que de las novilladas realizadas en el
marco del Festival de Verano que se adelantan en el mes de agosto. Por tal razón, frente a la realización de
estos espectáculos taurino, la Sala declarará la existencia de un daño consumado, por la imposibilidad de
restablecer el derecho frente a la misma por las restricciones impuestas por el condicionamiento de la sentencia
C-666/10”.
112 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013: “El segundo conjunto de órdenes, prevé un término de seis
meses para su cumplimiento, y consiste en lo siguiente: (i) la reapertura de la Plaza como escenario taurino
en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la
realización de los fines de transparencia en la administración pública aplicables al proceso; (ii) el
restablecimiento de los espectáculos taurinos en las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá,
incluyendo tanto la temporada regular en los primeros meses del año, como el Festival de Verano en el mes de
agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas tradicionales, con las
características habituales de calidad y contenido de tal expresión artística: (iv) la reanudación del espectáculo
taurino atendiendo mínimos de calidad y contenido propios de una plaza de primera categoría, respetando
tanto los mandatos legales plasmados en la Ley 916/04 relacionados con las formas y requerimientos propios
de la práctica de la tauromaquia. La administración distrital habrá de abstenerse de adelantar cualquier tipo
de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate la celebración de espectáculos taurinos en la Plaza
de Toros de Santa María”.

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elementos esenciales como lo son la vara o pica, las banderillas y la muerte del
toro, desconociendo así las órdenes de la Sentencia T-296 y desnaturalizando
la actividad taurina.

Es importante resaltar que las condiciones a las cuales pretendió someterse
al contratista en la realización de actividades taurinas, implican que el
procedimiento contractual a cargo del IDRD no está encaminado a la
“realización de las actividades taurinas tradicionales”113. Esto, pues el Anexo
Técnico de los documentos y los “DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS”
del Proceso de Selección presuponen la eliminación de elementos esenciales,
que marcan la identidad sustancial del espectáculo taurino.
Así, tal como indica el artículo 12 de la Ley 916 de 2004, la actividad
taurina tradicional se compone de tres tercios -vara, banderillas y muerte-, cada
uno de los cuales supone la utilización de elementos que maltratarán al toro y,
finalmente, causarán su muerte. En ese sentido, al prohibirse la utilización de
“banderillas, estoques, arpones, espadas, picas, dagas y puyas, entre otros
instrumentos” y, al disponerse que “[l]a realización de las prácticas taurinas
permitidas exigirá la eliminación de todos los instrumentos que laceren,
corten, mutilen, hieran, quemen o lastimen en cualquier forma a los
animales, o les den muerte”, el IDRD está concediendo el espacio que debería
estar reservado para la práctica del espectáculo taurino -desarrollado con base
en las disposiciones de la Ley 916 de 2004 y la tradición que positiviza-, para
la realización otra actividad sustancialmente distinta.
Ahora bien, que la plaza pueda ser utilizada para otro tipo de actividades
no implica, de suyo, un desconocimiento de la jurisprudencia constitucional o
de la ley, pero sí lo constituye destinar el escenario para otras actividades en los
momentos en los que tradicionalmente se han desarrollado los espectáculos
taurinos, realizados de acuerdo con las disposiciones de la Ley 916 de 2004.
De lo anterior resulta que el Proceso de Selección implementado por el
IDRD no es mecanismo para el cumplimiento de las órdenes señaladas de la
Sentencia T-296 de 2013, en tanto se encamina a realizar una actividad
sustancialmente distinta y, además, su implementación supone un bloqueo
insalvable que termina por impedir la realización de los espectáculos taurinos
cuyo restablecimiento se ordenó en la mencionada providencia. Esta situación
evidencia que, en la práctica, lejos de desarrollar los mandatos de esta Corte
Constitucional, el procedimiento contractual se organizó para impedir su
cumplimiento y frustrar el restablecimiento de los derechos fundamentales
tutelados. Es del caso resaltar que en los diversos documentos precontractuales
el IDRD señaló en forma reiterada que el Proceso de Selección tenía como
finalidad cumplir con la sentencia T-296 de 2013114
.
Cuando la sentencia T-296 de 2013 amparó los derechos fundamentales al
debido proceso administrativo y a la libre expresión artística, dicha providencia
previó como medida de restablecimiento la reanudación del espectáculo taurino
en la Plaza de Toros de Santa María en sus condiciones tradicionales. Estas
condiciones se refieren tanto a: (i) la reapertura de la plaza como escenario

113 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013.
114 Ver numerales 102, 104-105 supra.

Expediente T-3.758.508

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taurino; como a (ii) el respeto de las fechas y ocasiones usuales para la
realización del espectáculo taurino tradicional; y también (iii) al mantenimiento
de las condiciones tradicionales de la expresión artística, es decir la que se
desarrolla “con las características habituales de la calidad y contenido”115 de
la misma. Así, cuando las características de la actividad son modificadas en tal
forma como se aprecia en esta oportunidad, desnaturalizando la actividad e
impidiendo la realización de todos y cada uno de los tres tercios de la corrida
en las condiciones habituales, lo que está ocurriendo es que el Proceso de
Selección no apunta a la realización del espectáculo taurino a que se refirió la
Corte al proferir la Sentencia T-296 de 2013, sino esta es sustituida por otra
actividad, de naturaleza y esencia diferente, cuya realización no pude
entenderse como un desarrollo de las medidas de restablecimiento dispuestas
en la providencia, según pretende el IDRD.

En suma, las acciones del IDRD no conducen a “disponer lo necesario
para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa
María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros
administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la
tauromaquia y su difusión”116

, sino que han terminado por producir un efecto
completamente contrario. Esto, pues no solo consiguen la suplantación del
espectáculo taurino por otra actividad radicalmente diferente, sino porque
además con ello invaden los momentos en los que tradicionalmente se practica
la tauromaquia y que son los únicos en que la Plaza puede destinarse para dicha
actividad, de acuerdo con los condicionamientos de la sentencia C-666 de 2010,
que refirió a condiciones de temporalidad para su realización117
.

Así, las condiciones del Proceso de Selección tampoco dan lugar a que se
produzca “el restablecimiento de los espectáculos taurinos en las fechas u
ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la temporada
regular en los primeros meses del año como el Festival de Verano en el mes de
agosto” -orden cuarta (ii)-, tanto porque reduce el número de corridas de toros
a no más de tres, a pesar de que la temporada taurina regular y tradicional de
los primeros meses del año consta de 5 o 6 corridas y una novillada, como
porque se encamina a la realización de actividades que no pueden considerarse
“espectáculos taurinos”118 de aquellos ordenados en la Sentencia T-296 de 2013
como medida de restablecimiento por la violación de los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y a la libre expresión artística
vulnerada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD .
La limitación por parte del Concejo de Bogotá a un máximo de 3 corridas
de toros y/o novilladas en las temporadas taurinas en la ciudad es un
condicionamiento que contraría la Constitución y la jurisprudencia de esta
corporación. Según fue expresado por la Corte en la sentencia C-666 de 2010,

115 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013.
116 Ibid.
117 Corte Constitucional, sentencia C-666 de 2010. En la parte resolutiva se estableció la exequibilidad de la
excepción a las sanciones establecidas por la comisión de hechos dañinos y de crueldad para con los animales,
incluidos herirlos o lesionarlos por cortada o punzada o darles muerte, para el caso de las corridas de toros (en
lo relevante). Dicha exequibilidad se condicionó, entre otras, a que los espectáculos taurinos a los que se refiere
la excepción debían “desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los
respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas”.
118 Ley 916 de 2004, art. 1.

Expediente T-3.758.508

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la armonización de los postulados constitucionales que hace posible continuar
con espectáculos taurinos en el país exige que estas actividades:
“únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las
mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que
por tanto su realización responda a cierta periodicidad […y] sólo podrán desarrollarse
en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos
municipios o distritos en que estén autorizadas”
119
.

Por esto mismo, en la Sentencia T-296 de 2013 la Corte señaló que el
IDRD debía disponer lo necesario para “mecanismos contractuales u otros
administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la
tauromaquia y su difusión teniendo en cuenta: […] el restablecimiento de los
espectáculos taurinos en las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de
Bogotá”
120
.
Visto lo anterior, la Sala Tercera de Revisión concluye que las actuaciones
del IDRD bajo el Proceso de Selección no conducen a “disponer lo necesario
para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa
María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros
administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la
tauromaquia y su difusión”, de lo cual se sigue que el IDRD no está cumpliendo
con lo ordenado en la sentencia T-296 de 2013. Por lo anterior, las actuaciones
del IDRD: (i) desconocen la finalidad perseguida con las órdenes de la
providencia cuyo incumplimiento se alega; y (ii) reflejan un ‘aparente’
cumplimiento, pues las exigencias del pliego de condiciones del Proceso de
Selección vuelven materialmente imposibles que las órdenes de la decisión de
tutela se pudieran cumplir.
Por consiguiente, para esta Sala concurren los requisitos exigidos para la
declaratoria de un incumplimiento, pues: (i) la orden está dirigida al IDRD; (ii)
al ser una orden de naturaleza compleja el término para su cumplimiento no
concluye con adelantar los mecanismos administrativos y/o contractuales para
la realización de las temporadas taurinas en Bogotá, sino que fue atendido el
cumplimiento por el IDRD, como lo reconocen los documentos mismos del
Proceso de Selección al señalar que dicho proceso se inició para dar
cumplimiento a la Sentencia T-296; y (iii) las actuaciones de la entidad
contrarían el alcance de las órdenes de la Sentencia T-296, en los términos
anteriormente mencionados.
Finalmente, debe resaltarse que la competencia de la Sala de Revisión
frente al cumplimiento de la Sentencia T-296 se encuentra estrictamente
limitada a verificar el acatamiento de las órdenes de dicho fallo. Por lo tanto,
las controversias que surjan en la realización del espectáculo taurino en Bogotá
sólo estarán cobijadas por esta competencia de la Sala de Revisión si existe una

119 Corte Constitucional, sentencia C-666 de 2010. (Énfasis añadido) Al respecto, véase también, Corte
Constitucional, Auto 547 de 2018: “Así mismo se explicó que como complemento del condicionamiento
anterior, la idea de ser práctica cultural de tradición no hace referencia únicamente al lugar en el cual se
realizan, sino que de la misma hace parte la oportunidad o el momento en que dichas actividades son llevadas
a cabo, y que una interpretación diferente conllevaría a una limitación desproporcionada al deber de
protección animal, por cuanto posibilitaría la realización de las actividades excepcionadas teniendo en cuenta
no solo en los lugares en donde exista esta tradición, sino exclusivamente en aquellas ocasiones en que
usualmente se hayan realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas”.
120 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2013.

Expediente T-3.758.508

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relación directa y estrecha entre las actuaciones señaladas y alguna orden de la
sentencia T-296 de 2013, tal como se verificó en el presente caso al evidenciar
un vínculo específico con el Proceso de Selección.
Remedio judicial por adoptar

El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “el juez establecerá
los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia
hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas
de la amenaza”, con lo cual podrá adoptar las medidas necesarias para que se
garantice el íntegro cumplimiento de las decisiones de tutela.
En consecuencia, verificado el incumplimiento de la Sentencia T-296 de
2013 por parte del IDRD, es deber de esta Sala adoptar los mecanismos
necesarios para evitar la perpetuación de dicha situación, decretando los
remedios judiciales que permitan superar el incumplimiento, velando así por la
salvaguarda de los derechos fundamentales del solicitante. En consecuencia, la
Corte:
(i) Declarará el incumplimiento por parte del IDRD de la sentencia T-296
de 2013; y
(ii) Ordenará al IDRD que, para garantizar el pleno cumplimiento de la
sentencia T-296 de 2013 deberá, a partir de la siguiente temporada
taurina, en el marco de sus competencias y utilizando los instrumentos
jurídicos a su alcance (ej. excepción de inconstitucionalidad), desplegar
las actuaciones administrativas y contractuales requeridas para
garantizar la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia en
la ciudad de Bogotá (Plaza de Toros de Santa María), bajo: a) las claras
y precisas condiciones para el desarrollo del espectáculo taurino
tradicional, conforme a lo consagrado en la Ley 916 de 2004; y b) el
estricto cumplimiento a los principios de la función pública y la
contratación estatal, lo cual incluye la estructuración y apertura de
procesos de selección contractual bajo plazos y en términos razonables
que permitan a los interesados evaluar y preparar sus propuestas, así
como disponer del tiempo necesario para organizar adecuadamente el
evento. Las anteriores condiciones a) y b) deben entenderse conforme a
la limitada competencia de esta Sala de Revisión en la verificación del
cumplimiento121, sin que puedan extenderse a que la Sala verifique o se
pronuncie sobre cualquier controversia que, en un futuro, se presente en
relación con la realización del espectáculo taurino en la ciudad de
Bogotá, o que implique la asunción de una competencia de seguimiento.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional,

RESUELVE

Primero.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de apertura de
incidente de desacato de la sentencia T-296 de 2013, presentada por la
121 Ver numeral 111 supra.

Expediente T-3.758.508

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Corporación Taurina de Bogotá y, en su lugar, REMITIR a través de la
Secretaría General de esta corporación dicha Solicitud al Juzgado Cincuenta y
Siete Civil Municipal de Bogotá D.C., para que para que proceda según sus
competencias en la materia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991.
Segundo.- RECHAZAR por improcedente la solicitud de cumplimiento
formulada por la Corporación Taurina de Bogotá en contra del Concejo de
Bogotá, por la expedición del Acuerdo 767 de 2020, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- ABSTENERSE de declarar el incumplimiento por parte de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, frente a la sentencia T-296 de 2013, por la
expedición del Acuerdo 767 de 2020, conforme a las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Cuarto.- CONTINUAR el trámite de verificación del cumplimiento de la
sentencia T-296 de 2013, en los términos de la presente providencia.
Quinto.- DECLARAR que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte
INCUMPLIÓ la sentencia T-296 de 2013, con el proceso de selección
abreviada de menor cuantía No. IDRD-STP-CAMEP-092- 2021, conforme a
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Sexto.-. ORDENAR al Instituto Distrital de Recreación y Deporte que, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia: (i)
GARANTICE el pleno cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013; (ii)
ADOPTE las actuaciones correspondientes para cumplir con el remedio
constitucional requerido (ver numeral 136(ii) supra); y (iii) se ABSTENGA de
realizar actuaciones que impidan el adecuado y cabal cumplimiento de la
sentencia T-296 de 2013
Séptimo.-. Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional,
NOTIFICAR por Estado la presente decisión, y COMUNICAR lo aquí
decidido a las partes que integran el proceso de tutela de la referencia.
Octavo.- Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase,

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

La Corte y los toros

!!!!Atención!!! La Corte Constitucional ordena abrir licitación de La Santamaría con un cronograma lógico de tiempos. Le dice al IDRD que se abstenga de aplicar el esperpéntico Acuerdo del Concejo de Bogotá que mutiló la corrida y debe respetar el contenido de la Ley 916

By Guillermo Rodríguez enero 10, 2023

La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado restablecer la actividad taurina en la plaza de toros de Bogotá y reabrir el proceso licitatorio con un cronograma lógico de tiempos respetando la esencia de la tauromaquia de forma íntegra y la esencia de la Ley taurina, 916.

En un acto inconstitucional, saltándose a la torera la Ley, y en plena pandemia y de manera virtual , los concejales violaron la ley 916 , deformaron la corrida y la alcaldesa que se debió inhibir, firmó el Acuerdo.

La Corte, máxima garante de nuestro ordenamiento jurídico, nos da la razón y advierte a los concejos y asambleas que no pueden violar la ley. Tendrán que responder.

La Corte en su pronunciamiento es clara y contundente : el I:nstituto de Recreación y Deportes debe abstenerse de aplicar el Acuerdo del Concejo.

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Inalterable. La Feria taurina en Manizales sigue siendo patrimonio cultural de la nación. Trascendental sentencia de la Corte Constitucional.

Texto del pronunciamiento de la Corte que declara improcedente el pedido de explicación de la alcaldesa de Bogotá a una providencia. implica que se debe abrir el proceso de licitación de La Santamaría. Sin más dilaciones

Pretenden «borrar» la declaratoria de patrimonio cultural de la nación a las corridas en Manizales

La Corte Constitucional, en cualquier momento , responde al IDRD las aclaraciones que solicitó sobre la providencia que reabre La Santamaría

Tendido7 revela la sentencia de la Corte Constitucional que ordena al IDRD no aplicar Acuerdo del Concejo de Bogotá que mutiló la corrida

!!!!Atención!!! La Corte Constitucional ordena abrir licitación de La Santamaría con un cronograma lógico de tiempos. Le dice al IDRD que se abstenga de aplicar el esperpéntico Acuerdo del Concejo de Bogotá que mutiló la corrida y debe respetar el contenido de la Ley 916